La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, ha confirmado que su formación política ha formalizado su postura a favor de las desaladoras privadas para autoconsumo en las alegaciones presentadas al Plan Hidrológico Insular y su documento ambiental estratégico.

"En las alegaciones se plasman los argumentos que siempre hemos mantenido al defender que la existencia de estas desaladoras es perfectamente compatible con el actual sistema de gestión y que no tiene porqué influir en el precio que todos pagamos por el agua de consumo doméstico", señala Pérez, quien reitera que "el Partido Popular defenderá este planteamiento allí donde sea necesario".

"La desalación para autoconsumo nunca ha interferido ni perjudicado la gestión del ciclo del agua, más bien al contrario porque ha permitido saldar con éxito el abastecimiento de la planta alojativa en momentos de muchos cortes y cuando la empresa pública era incapaz de garantizar el suministro, algo que además no ha cambiado a día de hoy", afirma.

Los populares plantean un modelo de Plan Hidrológico “capaz de ofrecer un servicio a toda la ciudadanía y al tejido industrial en base a principios de eficacia y eficiencia, rechazando cualquier agravio comparativo que suponga una merma o pérdida de competitividad de los sectores industriales”. “Todo ello”, añade, “con el cumplimiento de los requisitos medioambientales que marca la normativa”.

Otro aspecto recogido en las alegaciones es que el Plan “cumpla escrupulosamente con la Ley de Aguas de Canarias que prohíbe el monopolio de la producción del agua en las Islas”. En este sentido, asegura que “los artículos 66 y 67 del Plan Hidrológico mantiene una regulación “contraria a la ley” que ya ha sido advertida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sus recientes sentencias de mayo de este año.

Al tiempo que se propone la regulación en base a "criterios objetivos sin diferencias entre las desaladoras de titularidad pública y privada" el PP también plantea “un aspecto muy importante”, sobre la repercusión a estos particulares de las "externalidades negativas" o gastos que pueda suponer para la Administración su actividad.

Desde el Partido Popular abogan porque la fiscalización del funcionamiento de las plantas así como el resto de gastos en los que pudiera incurrir la Administración sean objeto de la correspondiente compensación al erario público.

"Es evidente que durante todos estos años el Cabildo ha mantenido una actitud pasiva con respecto a ciertas situaciones en las que se desarrolla la desalación para autoconsumo, algo que reconoció el propio presidente cuando impulsó los expedientes sancionadores por carecer del título habilitante", afirma la dirigente del PP.