“Durante años no se llegaba a la vía ejecutiva”

Yaiza dejó de cobrar más de 30 millones de derechos reconocidos entre 1990 y 2012

Foto: Felipe de la Cruz.
Saúl García 3 COMENTARIOS 10/08/2015 - 10:46

En la época de mayor crecimiento del municipio, cuando el Ayuntamiento de Yaiza tenía que haber llenado sus arcas a base de licencias e impuestos, entre los años 1990 y 2012, la Administración local dejó de cobrar más de 30 millones de euros de derechos que tenía reconocidos pero que no logró, y no supo exigir, que le pagaran.

Así lo reconoce el actual concejal de hacienda del Ayuntamiento, Óscar Noda, que apunta que “durante muchos años no se llegaba a la vía ejecutiva” para cobrar esas deudas a pesar de que el servicio de recaudación, durante varios de esos años, se encargaban de llevarlo empresas privadas.

Lo que está haciendo ahora el Ayuntamiento, cuyo presupuesto anual es de unos 24 millones, es depurar esa cantidad que se ha ido dando de baja de forma paulatina en recaudación como incobrable pero que no se ha eliminado de la contabilidad y eso hace que influya en la liquidación y que no se refleje la realidad.

“Parece que antes no se pagaba y no pasaba nada”, señala Noda, que destaca que ahora si se llega a la vía ejecutiva y pone de ejemplo el hecho de que en marzo del año pasado se llegara a pedir el embargo del Hotel Corbeta por las deudas que mantiene con el Ayuntamiento, “aunque hay que ponerse a la cola, porque también tiene deudas con Hacienda y la Seguridad Social”, apunta.

Desde el año 2010 se han depurado de esta forma más de 12 millones y medio de euros que ya se dan por perdidos. En un informe de Intervención del mes de mayo, el interventor municipal Miguel Ángel Guerra, señalaba que se viene trabajando desde ese año con la nueva empresa que colabora en la recaudación para depurar todas las cantidades y que, aunque se está haciendo ese trabajo, no se ha completado aún el expediente necesario para esa depuración. De hecho, quedan otros 17 millones de euros por cobrar de ejercicios ya cerrados que, evidentemente, no se van a cobrar.

“Parece que antes no se pagaba y no pasaba nada”, señala el concejal de hacienda Óscar Noda

Según el concejal de hacienda, esas cantidades no cobradas serían por distintos conceptos a particulares y empresas y otra parte puede responder a recibos que siguen a nombre de personas que fallecen y que no se cambia la titularidad en el catastro, por lo que se siguen generando recibos de difícil cobro.

En el informe, el interventor señala que “la tesorería aún no está saneada pero cada vez goza, poco a poco, de mejor salud”. “Esta Intervención entiende que se avanza en el camino correcto en tanto que la Corporación no para de hacer frente a agujeros y deudas muy cuantiosas que provienen del pasado, de actuaciones y quehaceres del pasado que están dando lugar a cuantiosas reclamaciones, si bien debido a lo penoso de dicho legado se debe hacer un esfuerzo aún mayor para que los resultados de los ejercicios comiencen a ser positivos”.

223.000 euros para servicios jurídicos

El pleno del Ayuntamiento de Yaiza aprobó recientemente una transferencia de créditos de distintas partidas con destino a la de servicios jurídicos para aportar 223.000 euros más a ese apartado. La mayor parte de ese dinero estaba destinado a tres obras de inversión en pavimento y reasfaltado de calles que no se van a llevar a cabo, así como para la adquisición de maquinaria.

Yaiza ya había destinado a esa partida jurídica este año unos 200.000 euros pero, según el concejal de hacienda, Óscar Noda, se están viendo obligados a aumentarla para afrontar sentencias judiciales contrarias al Ayuntamiento. En concreto, el Ayuntamiento tendrá que pagar 300.000 euros a una empresa que realizó proyectos arquitectónicos y que reclamaba los intereses impagados.

El otro motivo del aumento de esa partida es el de cubrir los gastos de abogados para que se personen al menos en siete de los pleitos que se han interpuesto contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Señala Noda que hay que hacer ahora “este sacrificio” porque si se tumba el Plan General, “la situación sería mucho peor” y que las obras se retomarán después. En el año 2012, el Ayuntamiento ya tuvo que reconocer extrajudicialmente dos millones de euros, que se siguieron produciendo en el año 2013.

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