El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha asegurado durante el pleno extraordinario que se ha celebrado esta mañana para debatir el alcance de la sentencia que obliga a hacer una revisión de oficio del contrato con Canal Gestión que no se hará esa revisión y que la sentencia ya no tiene efecto porque Club Lanzarote, la empresa que presentó el pleito, renunció al mismo tras llegar a un acuerdo con el Cabildo. "No va a haber revisión de oficio porque lo impide otra sentencia", aseguró.

San Ginés hizo dos intervenciones en tono hosco y con una alteración creciente para explicar los efectos de la sentencia y los pasos que se dieron para cerrar el contrato con Canal de Isabel II. Su primera intervención se basó en intentar demostrar que la secretaria del PSOE, Dolores Corujo, participó también en todo momento en ese procedimiento. A la sesión asistieron los cinco alcaldes de la Isla y estuvieron ausentes las dos alcaldesas, la propia Corujo y Eva de Anta, ambas del PSOE.

El presidente calificó el pleno como una "absurda polémica" y un "circo" y aseguró que no ocultó la sentencia "porque las sentencias son públicas", aunque no informó de ella ni a sus compañeros del gobierno. También afirmó que si alteró algo entre el concurso y el negociado para el contrato con Canal Gestión fue una decisión "colegiada". También dijo que fue el PSOE quien buscó un abogado externo para levantar los reparos de la Intervención del Consorcio al traspaso de la deuda entre Inalsa y el Consorcio. Tan sólo dio cinco minutos a cada portavoz, después contestó él y no aceptó turno de réplica.

Benjamín Perdomo, de Ciudadanos, dijo que Canal de Isabel II es una de las empresas públicas más corruptas de España, que pagó un 360 por ciento más en inversiones de lo que le pedían inicialmente y que se la investiga porque compra empresas por encima de su valor y cobra comisiones por las obras que adjudica. También señaló que hubo alteraciones en los cánones, en el pago fraccionado y en el número años de la concesión, y lamentó que no acudiera al pleno el abogado Ignacio Calatayud, "el perejil de todas las salsas".

Manuel Cabrera, del PIL, afirmó que la sentencia sí tiene "un calado de profundidad" y reprochó que no se le informara de ella. Tomás López, de Somos, dijo que el agua es estratégica y se preguntó que había pasado para que San Ginés cambiara de actitud entre 2012 y 2013, cuando decía que Inalsa, con una pequeña inversión, iba a dar beneficios, y el comienzo, sin embargo, de su privatización. Ángel Vázquez, del PP, dijo que ya advirtieron de las modificaciones entre el concurso y el negociado y que ellos no tienen nada que ver con el contrato.

Por su parte, Carlos Meca, de Podemos, aseguró que todo "huele muy mal", por la operación Lezo y por la detención tanto del director general, que firmó el contrato con San Ginés, como por la detención del gerente al que el presidente apoyó en público. Recordó al compra de la empresa Emissao en 2013, el mismos año que Canal Gestión, con un precio inflado y "obras fantasma" y dijo que San Ginés "perpetró un pucherazo con una empresa marcada por la corrupción".

Finalmente, José Juan Cruz, del PSOE, aseguró que la mayor parte de la deuda de Inalsa es culpa de CC y que San Ginés quiere eludir sus responsabilidades. Afirmó que apoyaron el contrato con Canal para que los ayuntamientos no quebraran.

“Pelotazo”

En su réplica, San Ginés no contestó a muchas de las cuestiones planteadas, volvió a decir que no se saltó ningún procedimiento, atacó a Podemos por el chalé de Pablo Iglesias y Venezuela, dijo que la operación sobre Canal de Isabel no tenía relación con este asunto y admitió que se cambiaron otros aspectos del concurso, pero que se podían negociar y no eran sustanciales. Afirmó que los que tienen razón "son los de Podemos en Madrid" porque si hay un pelotazo es un "pelotazo para Lanzarote" y que la sentencia no entra a valorar si hay motivos de nulidad en el contrato.

Sobre por qué recurrió la sentencia si ya era un tema cerrado dijo que "para reforzar la búsqueda de la verdad", pero que "es una vía muerta y cerrada". "En definitiva -señaló- lo único que hemos hecho es no mirar para otro lado", y que "donde había ruina y sombras, ya no hay 50 millones de deuda y hay 50 millones invertidos".

Afirmó que ni la Cueva de los Verdes ni Montaña Roja han supuesto nada negativo para la población, y que este caso tampoco porque beneficia a los intereses generales de la Isla, "beneficios contables y palpables".