El empresario Juan Francisco Rosa, propietario de la Bodega Stratvs, insiste en que puede abrir la tienda que hay dentro de esa bodega y que fue cerrada por orden municipal a finales de marzo. El Ayuntamiento de Yaiza ordenó el cierre en base a varios informes municipales que aseguran que entre la documentación presentada por el empresario no se encuentra el informe de compatibilidad urbanística que debe ser “previo y preceptivo” y que no se han hecho “las comprobaciones de toda índole precisas en cuanto a la instalación y actividad”.

En 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la licencia de actividad de la bodega destacando que su concesión era “imposible” a la vista del planeamiento territorial y urbanístico. El TSJC subrayaba que lo “adecuado” habría sido que el Ayuntamiento hubiese rechazado incluso el inicio de los trámites de la licencia de apertura y, en todo caso, “la denegación expresa” de la autorización por incumplir tanto el Plan General de Yaiza como el Plan Insular de Ordenación.

En marzo de este año, Rosa decidió abrir la tienda sin contar con licencia y considerando que toda la documentación ya se encuentra en su declaración responsable presentada en 2013 y que era “consecuencia directa de lo establecido en el artículo 33 del entonces vigente Plan Especial de Ordenación del Paisaje Protegido de La Geria, que reconoció, legitimándola en lo necesario, que la Bodega Stratus y sus instalaciones complementarias eran uno de los doce equipamientos estructurantes de dicho Paisaje Protegido”.

El 15 de marzo, el Seprona giró una vista de inspección, comprobando que la tienda estaba abierta, y unos días después se ordenaba de nuevo el cierre. Rosa ha presentado alegaciones al cierre en las que dice que el informe de compatibilidad urbanística que le reclama el Ayuntamiento es competencia del propio Ayuntamiento, al menos en julio de 2013, que fue cuando se formalizó la comunicación previa con declaración responsable de todas la instalaciones existentes en Stratus.

El empresario alega que tras la entrada en vigor, el pasado 9 de febrero, del nuevo Reglamento de intervención y protección de la legalidad urbanística de Canarias, la competencia para emitir ese informe urbanístico es del órgano de gestión de dicho Paisaje Protegido, es decir, del Cabildo.

Rosa señala en sus alegaciones que aunque sea innecesario el informe, el 9 de abril pasado lo solicitaron al Cabildo pero que si no lo hubiera emitido en un plazo de diez días, “deberá proseguirse con la tramitación del procedimiento municipal para no causar nuevos perjuicios a esta parte” e insiste en que exigirle el informe ahora por parte del Cabildo no tiene fundamento porque ya lo hicieron en su momento, en el año 2013.

Respecto a la bodega sostiene que el Plan de La Geria, declarado ilegal por los tribunales, “reconoció, validó y legalizó, en lo necesario, doce equipamientos estructurantes dentro del ámbito territorial”, uno de ellos el Monumento al Campesino, y habla de que se había desencadenado un “ciclón persecutorio contra la Bodega Stratus y sus actividades complementarias” y que por eso presentó en 2013 una comunicación previa y declaración responsable con casi cuarenta documentos “acreditativos de que reunía todas los requisitos y exigencias técnicas exigibles” y de que era “un elemento esencial para la pervivencia de dicho espacio natural”.

Uno de sus argumentos es que, en ese momento, el Plan de La Geria estaba en vigor y que todas las instalaciones quedaron reconocidas y legalizadas con la configuración que tenían al momento de la entrada en vigor de la normativa del citado Plan Especial, lo que sucedió unos meses antes de la comunicación previa.

En otras alegaciones considera que es una actividad inocua, en cualquier caso, independientemente de su superficie porque no se dan las condiciones para que sea una actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa.

El Ayuntamiento considera que al exceder de una superficie de más de cien metros no es una actividad inocua, sino clasificada, y por tanto necesita de una comunicación previa.

Vía penal

En dos ocasiones nombra la vía penal. Dice en sus alegaciones que el reglamento que utiliza Yaiza es nulo y también su aplicación, y que usarlo, “a sabiendas de su nulidad, traslada la cuestión a otro ámbito jurídico distinto del derecho administrativo para quedar incardinado en el del derecho penal”.

En otra ocasión habla de trato discriminatorio reiterado por parte del Ayuntamiento porque es “muy distinto y muy agravado respecto del que ha dispensado a las otras tres bodegas situadas en el municipio de Yaiza, también reconocidas y declaradas, al igual que la Bodega Stratus, como Equipamientos Estructurantes del Paisaje Protegido de La Geria, que no han tenido problema alguno, no han sido clausuradas ni han sufrido perjuicio alguno a pesar de que su situación no era, según conoce esta parte, más favorable que la de la Bodega Stratus, lo que, además de constituir una segunda infracción de la Ley de Bases de Régimen Local, nos sitúa, de nuevo, en la antesala del derecho penal”.

Según la propiedad de la bodega, aunque el Plan de La Geria esté anulado, sus instalaciones siguen siendo “compatibles urbanísticamente con dicho Paisaje Protegido” porque el Plan, según sostiene, se anuló por un motivo formal. Finalmente, recurre a la nueva Ley del Suelo, que permite bodegas en cualquier categoría de suelo rústico. “Si esto es posible, tanto más lo será la viabilidad de aquellas instalaciones ya existentes en esos suelos”.

En suma, según Rosa, la Bodega Stratvs cumple las exigencias establecidas por la Ley del Suelo para la admisión de esa clase de instalaciones en cualquier categoría de suelo rústico y la legislación permite su localización en ese espacio.

En consecuencia, según las alegaciones, tanto la tienda como el restaurante de Stratvs, ambos cerrados, “en tanto que actividades complementarias de la bodega y de la explotación a la que sirve, tienen encaje preciso en el nuevo marco legal” y se trata de “usos autorizables”.

El complejo fue cerrado de forma cautelar por orden judicial en diciembre de 2013 porque “supera de manera exagerada y grosera lo inicialmente autorizado, ante los ojos de las instituciones públicas que pese a su conocimiento omitieron control alguno”.

La exigencia del propietario de Stratvs de abrir la tienda se produce a pesar de que el Tribunal Supremo ha ratificado las condenas por un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por la licencia de actividad de la bodega, que acabó con la carrera política de la exalcaldesa Gladys Acuña, inhabilitada durante 14 años para cargo público.