La Inspección de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote solicitó el pasado martes al Ayuntamiento de Arrecife que confirmara a ese departamento, en un plazo de 24 horas, si iba a llevar a la Junta de Gobierno un proyecto de licencia para obra mayor en el antiguo Hotel Oriental, en la Calle Real, y que avanzara el sentido de la propuesta de acuerdo de dicha Junta.

El Ayuntamiento de Arrecife había convocado la Junta de Gobierno donde se iba a decidir sobre esta y otras licencias este miércoles pero con posterioridad la pospuso para este viernes 20 de noviembre.

Patrimonio envió este escrito “teniendo en cuenta la fragilidad de los valores patrimoniales y el eventual riesgo a los que se podrían ver sometidos ante posibles actuaciones poco respetuosas e incompatibles con su correcta conservación”, e insiste en que comunique cualquier tipo de acción sobre dicho inmueble que pueda suponer un riesgo de destrucción o deterioro de sus valores.

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En esa solicitud se recuerda que la Ley de patrimonio cultural de Canarias establece como competencia municipal que los ayuntamientos deben vigilar el patrimonio cultural existente en su término municipal “notificando al Cabildo insular la existencia de cualquier acción u omisión que suponga riesgo de destrucción o deterioro de sus valores”.

El departamento de Patrimonio recuerda que en marzo de 2019 emitió un informe en el que concluía que el proyecto que se pretende aprobar atentaría negativamente contra el inmueble e implicaría la desaparición de los valores patrimoniales, y además pedía que se incluyera el inmueble en el catálogo arquitectónico de protección.

Sentencia

La propietaria del inmueble, Inmobiliaria Chimida, puso un contencioso al Ayuntamiento contra la desestimación presunta de la licencia que habían pedido en octubre de 2017, ya que no se había resuelto.

El Juzgado contencioso administrativo 2 de Las Palmas le da la razón parcialmente y obliga al Ayuntamiento a continuar la tramitación del expediente relativo a la concesión de la licencia  “recabando sin demora los informes jurídicos y técnicos procedentes sobre la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística aplicable.

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La sentencia, de diciembre de 2019, señala que el Ayuntamiento, ante la falta de emisión de informe, debió continuar adelante con la tramitación del expediente conforme a lo previsto en la Ley del Suelo resolviendo respecto de la autorización que se pedía “y no guardando silencio por más de dos años, como ha hecho”.

Lo que exige la sentencia no es la concesión de la licencia sobre ese proyecto sino que se conteste a los peticionarios y se hagan los informes oportunos. Fuentes municipales señalan a Diario de Lanzarote que en el expediente sobre el proyecto que se lleva a Junta de Gobierno no se incluyen esos informes.