Dos de los peritos que declararon en la segunda jornada del juicio a Felipe Fernández Camero, acusado del “expolio” de casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza, aseguraron que el Consistorio contrató a este abogado sin expediente y de forma irregular.

Los peritos realizaron sendos informes a petición de la Fiscalía: uno elaborado por un funcionario de la Intervención General del Estado y otro por el responsable de control externo de los ayuntamientos canarios en la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Los dos peritos concluyeron que no existía expediente de contratación para Camero en el Ayuntamiento. El primero de ellos señaló que el trámite consistía en aprobar los gastos en base a las facturas presentadas por el abogado, “sin más”, pero que no encontró en la documentación analizada el objeto del contrato, el precio o la licitación. Dijo que se intenta aplicar en este caso la técnica del contrato menor sin serlo y que es un claro caso de fraccionamiento de contratos, que está prohibido.

El límite de contrato menor oscila entre 12.000 y 18.000 euros, en función de la época analizada, pero Camero presentó varias facturas que multiplicaban por diez esas cantidades. El perito interventor destacó que Camero no podía ejercer como abogado en Yaiza porque era incompatible, ya que era secretario en el Ayuntamiento de Arrecife, y que por tanto los contratos son nulos de pleno derecho.

El perito también resaltó que para que un ayuntamiento inicie una contratación externa hace falta un informe de insuficiencia del servicio contratado, que tampoco existe, y una licitación posterior. Al ser un contrato de servicios, el plazo máximo es de seis años, mientras que en este juicio se analizan los cobros de este abogado entre 1996 y 2012.

“Los mecanismos de control del Ayuntamiento han fallado”, dijo el perito, y por eso no se puede saber si el precio cobrado es o no ajustado al servicio realizado. Dijo el interventor que parece que es el abogado (Camero) quien ha impuesto sus condiciones al Ayuntamiento.

“Contratos verbales” prohibidos

Enrique Salvador Villar, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, aseguró que “más que contratos menores son contratos verbales”, que están estrictamente prohibidos. Insistió en que tiene que haber un presupuesto previo  y que en algunas facturas no aparece ni la firma, y en ninguna la conformidad del Ayuntamiento con el servicio prestado. No había expediente ni aprobación del gasto, ni retención del crédito “ni nada”.

Según el perito, el alcalde y el interventor podían y debían haber evitado los pagos parando el procedimiento. Dijo que en 40 años trabajando en este sector, nunca había visto este tipo de contratación. “No se puede contratar de forma indefinida, de viva voz, con pagos mensuales y sin presupuesto”, dijo.

Vicente Bartolomé Fuentes, exsecretario de Yaiza.

Defensa

La defensa de Camero y del resto de acusados sostiene que la de Camero y Yaiza se puede tratar de una relación laboral. Así lo dijo el perito llamado por la defensa de Antonio Fernández, interventor y secretario accidental. El catedrático de Derecho Financiero Juan Zornoza declaró que podría ser una relación laboral por el tipo de servicios que presta, los pagos periódicos y su extensión en el tiempo, y que, por tanto, estaría exenta de fiscalización previa por parte de Fernández. Y que, en caso de no ser una relación laboral, sería un contrato de servicios. También sostuvo que el interventor no necesitaba acreditar la idoneidad del contratista.

Los otros dos peritos consideran que no se puede contratar a nadie sin procedimiento selectivo  y que en la documentación analizada sobre Camero no hay nada que se parezca a una relación laboral, además de que no se puede contratar a nadie sin un procedimiento selectivo.

También sostienen las defensas que el trabajo de Camero era de asesor jurídico, que es lo que generó este procedimiento. En el caso Yate, Camero negó que fuera asesor jurídico de Yaiza y por tanto el cerebro jurídico de la trama de licencias ilegales a hoteles, anuladas por la Justicia en vía contencioso administrativa y también por la vía penal. Camero sostuvo que solo llevaba los pleitos al Ayuntamiento, pero cobraba todos los meses. Ahora las defensas lo califican como asesor jurídico.

Testigos

Los primeros testigos en declarar en esta jornada fueron dos abogados, citados por la defensa de Camero. Juan Calero y Rafael Domínguez Schwartz, junto a Manuel Fajardo, fueron asesores jurídicos del Ayuntamiento en materia civil y penal entre 1991 y 2003, aunque Fajardo lo dejó en 1994.  Declararon que actuaban de manera independiente, cada uno cobraba 166.000 pesetas al mes y la cantidad nunca subió. Asistían a policías locales, inmatriculaciones o permutas de terrenos. Los pleitos se cobraban aparte, pero uno no facturó ninguno y el otro solo dos o tres en casi diez años. 

Las defensas intentan equiparar estos casos al de Camero, pero la Fiscalía destacó que ellos no se subieron unilateralmente la mensualidad y no tenían la incompatibilidad, ya que no eran secretarios de otro ayuntamiento, entre otras cosas.

El servicio prestado estaba justificado, según Domínguez, porque había un boom urbanístico, conflictos con Club Lanzarote y 15 o 16 casos en instrucción, “un maremágnum impresionante”. Su contacto en el Ayuntamiento siempre era el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes: “El secretario sabía con creces el trabajo que hacíamos nosotros”, declaró.