Este martes ha comenzado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial el juicio contra Felipe Fernández Camero, exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife y que asesoraba al Ayuntamiento de Yaiza, por lo que percibió 971.000 euros, según la Fiscalía “sin control fiscalizador alguno”. El Ministerio Fiscal pide para Fernández Camero, de forma provisional, seis años de prisión.

En el procedimiento también están acusados el exalcalde, José Francisco Reyes, el exsecretario, Vicente Bartolomé Fuentes, y un antiguo trabajador municipal, Antonio Fernández Martín. Como responsable civil aparece la empresa Adelfas 24, vinculada a Fernández Camero. En la causa está personada como acusación popular Transparencia Urbanística.

La Fiscalía solicita los citados seis años de prisión para Fernández Camero, al igual que para el exalcalde y el exsecretario e interventor municipal, así como cinco años y medio para Antonio Fernández, que sustituía a este último en ocasiones.

En el juicio se ha pedido que testifiquen como testigos la exalcadesa de Yaiza, Gladys Acuña, así como Miguel Ángel Guerra, que ha sido interventor del Ayuntamiento sureño y la trabajadora Luisa Esther Fuguera Llamas, además de un funcionario de la Intervención General del Estado y un representante de la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Origen del caso

El caso nace como pieza separada del caso Yate, en el que se acreditó la ilegalidad en la concesión masiva de licencias a hoteles, urbanizaciones y el puerto deportivo Marina Rubicón. Fernández Camero negó que el fuese el cerebro de una trama para la concesión de las licencias que fueron anuladas por los tribunales y que solo cobraba por su asistencia letrada en diversos procedimientos.

No obstante, Camero cobraba una cantidad mensual, para la Fiscalía sin justificar, que además detectó irregularidades en su contratación para los pleitos. Este abogado, investigado también en el caso Unión, cobró casi un millón de euros de Yaiza, de forma personal o a través de su sociedad Adelfas 24, entre los años 1996 y 2012.

“Ficticia apariencia”

Según destacó el fiscal Ignacio Stampa, que formuló el escrito de acusación antes de ser adscrito a la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional, el caso supone “una arbitraria expoliación de fondos públicos”.

“Los acusados crearon la ficticia apariencia de que se prestaban servicios de asesoramiento jurídico por parte del acusado, simulando que se adjudicaban mediante adjudicación directa o contrato menor”, señaló la Fiscalía.

Durante todos esos años no hubo en esos pagos ni expedientes de contratación ni acuerdo escrito para efectuarlos, no se concretó el objeto del contrato o servicio, ni su idoneidad, ni se determinó el beneficiario de dicho supuesto servicio de asesoramiento, ni se fijó la duración del contrato ni las necesidades que se pretendían cubrir, ni la conveniencia de que se contratara a ese abogado y no a otro, subraya el Ministerio Fiscal.

Tampoco hubo propuesta de gasto ni retención de créditos. Además, el precio lo fijaba “arbitrariamente” el propio Camero. También, asegura la Fiscalía, se fraccionaban los pagos para evitar la libre concurrencia y la cuantía de los pagos realizados excedía de los límites legales anuales para los contratos menores o por adjudicación directa.

Además, añade el Ministerio Fiscal, en ningún caso se registraban las minutas pasadas al cobro y que eran abonadas, con el fin de facilitar la opacidad de las operaciones. A todo esto hay que sumar que Camero no podía contratar con el Ayuntamiento de Yaiza, puesto que era incompatible con su cargo de secretario del Ayuntamiento de Arrecife, del que fue destituido precisamente por ejercer la abogacía sin solicitar la compatibilidad.

“Corrupto proceder”

En esta trama, según el fiscal, Camero actuaba “como pleno organizador de tal corrupto proceder en el seno del Ayuntamiento de Yaiza, dando instrucciones a los otros tres acusados sobre la forma, el momento y las cuantías que se le debían abonar, disponiendo por su mero capricho y ansia dineraria de los caudales municipales”.

Por su parte, el exalcalde José Francisco Reyes firmaba los documentos contables de aprobación del gasto y autorización del pago sin que se acreditara en modo alguno el cumplimento o prestación del ambiguo servicio consignado en las minutas, mientras que Bartolomé y Fernández “incumplían las más básicas obligaciones fiscalizadoras y de control de la legalidad del gasto público, permitiendo en todo caso el cumplimiento de las órdenes del alcalde”.

“Desmedido ánimo económico”

Además del procedimiento anterior, Camero instauró en ese Ayuntamiento “otra forma de satisfacer su desmedido ánimo económico en perjuicio de los intereses patrimoniales del Ayuntamiento de Yaiza”, mediante la adjudicación a sí mismo de la dirección letrada en múltiples pleitos. Tampoco se tramitó ningún expediente de contratación para la adjudicación o encomienda “de ni uno solo de los procedimientos judiciales” y se abonaron a Camero “dietas, gastos de asistencia y taxis sin atribución a contrato o servicio concreto facturado”, añade el fiscal.

Por asesoramiento, Fernández camero cobró unos 230.000 euros, en casi 250 pagos distintos, y por los pleitos, 741.000 euros, todos ellos “sin control fiscalizador alguno, más allá de la consignación de algunos datos a efectos contables”.

El fiscal hace una relación pormenorizada de todos los pagos y considera que los acusados cometieron los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, así como falsedad en documento oficial y mercantil. También pide que indemnicen al Ayuntamiento con 115.00 euros (Fernández), 311.000 (Camero), 726.000 (Bartolomé) y 839.000 (Reyes).