La vista oral del juicio por los pagos del Ayuntamiento de Yaiza al abogado y exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, ha comenzado este martes después de un intento previo de las defensas por admitir el delito de prevaricación si se descartaban el resto de delitos, como la falsedad en documento público o la malversación de caudales públicos.

Las acusaciones no han aceptado y la defensa de José Francisco Reyes, exalcalde de Yaiza, ejercida por Pablo Luna, ha comenzado señalando como cuestión previa que la prevaricación, en caso de existir, habría prescrito porque se remonta al año 1980, que es cuando el pleno de Yaiza, según dijo, acordó contratar a Camero con carácter indefinido como asesor jurídico. Otras defensas han alegado que se trataría, en todo caso, de una prevaricación por omisión, es decir por no regularizar esa contratación.

En este caso, Luna, que fue abogado en el caso Malaya y de Reyes en la fase de instrucción de Yate, ha vuelto a defender al exalcalde de Yaiza, después de que en varios juicios, éste tuviera que recurrir a un abogado de oficio. José Francisco Reyes ha solicitado ausentarse porque tiene una “grave enfermedad vascular” y necesita acudir al Hospital a recibir un tratamiento dos veces al día.

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El abogado de Fernández Camero, José Antonio Choclán, ha presentado una prueba pericial con un listado de pleitos en los que habría intervenido su cliente en representación del Ayuntamiento y que demuestran, según él, que los trabajos se realizaron. La Fiscalía se opuso alegando que lo que pretende la defensa es crear indefensión o suspender el procedimiento.

El tribunal, presidido por el magistrado Miguel Ángel Parramón, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, no admitió la prueba pericial que consistía en una valoración de los servicios profesionales prestados en base a las tarifas recomendadas por el Colegio de abogados. El magistrado señaló que había tenido mucho tiempo para presentarlo antes del día de la vista oral.

La Fiscalía señaló, respecto a la prescripción, que no se enjuicia al abogado por hechos de 1980, sino por los pagos percibidos entre 1996 y 2012. “Es inviable la prescripción”, señaló la fiscal: “La intervención de Fernández Camero a lo largo de su trayectoria profesional es irrelevante”. El tribunal resolverá este asunto y el resto de cuestiones previas en la sentencia.

Irma Ferrer, abogada de Transparencia Urbanística, Pablo Luna, abogado de José Frnacisco Reyes, y el exalcalde de Yaiza.

Choclán dijo que la acusación popular, ejercida por Transparencia Urbanística, no está legitimada para ejercer esa acusación ya que el perjudicado, que sería el Ayuntamiento de Yaiza, no ejerce la acusación particular pidiendo la devolución de las cantidades cobradas indebidamente.

La abogada Irma Ferrer respondió que el Ayuntamiento de Yaiza no defiende el interés general ni la legalidad ni en esta causa ni en otras y que “de eso se trata esta causa”.

En esta vista, aunque no suele ser habitual, el tribunal decidió que declararan en primer lugar los testigos y después los acusados, que declararán este miércoles.

Por otra parte, tras pedir Fernández Camero, como abogado en ejercicio, no sentarse en el banquillo y hacerlo junto a su abogado y junto a su hija, Juan Fernández, como representante de la sociedad Adelfas 24 (posible responsable civil), el tribunal decidió que todos los acusados se sentaran junto a sus letrados.

Testigos

En cualquier caso, todas las partes renunciaron a una gran cantidad de testigos. Declararon dos a petición de la Fiscalía, Luisa Esther Figuera, técnico de Recursos Humanos, y Miguel Ángel Guerra, que fue interventor de Yaiza, y uno a petición de del exsecretario municipal Vicente Bartolomé Fuentes, el exalcalde Honorio García Bravo.

Una de las tesis de las defensas, en base a las preguntas que realizaron a los testigos, es que también se contrató en ese periodo de la misma forma a otros tres abogados: Rafael Domínguez, Juan Calero y Manuel Fajardo. 

La responsable del departamento de personal, Luisa Figuera, señaló que no había departamento jurídico en el Ayuntamiento. Ella había certificado en la causa que el otro acusado, Antonio Fernández, ejerció como secretario e interventor accidental en algunos momentos entre 2001 y 2008. También certificó en su momento que entre 1980 y 2008, en el Ayuntamiento no había ningún trabajador que fuera licenciado en Derecho.

El actual interventor, Miguel Ángel Guerra, que comenzó a ejercer en 2014, declaró respecto a la inclusión de facturas a nombre de Fernández Camero o Adelfas 24 (la sociedad de la que es administrador) dentro del plan de pagos extraordinario de 2012 decretado por el Gobierno central. Dijo que se incluyeron las facturas que cumplían los requisitos y eran de ejercicios anteriores, y cuyos servicios se hubieran prestado, pero independientemente de que fueran o no correctas, que podía haber “facturas con defecto”.

El exalcalde Honorio García Bravo declaró como testigo.

El último en declarar fue el ex alcalde de Yaiza, Honorio García Bravo, que ejerció ese cargo entre 1976 y 1994. No recordaba el pleno en que se nombró a Camero, pero dijo que antes de eso se había nombrado como secretario acumulado al secretario del Cabildo y que, en temas puntuales, había también otros abogados, pero que no sabe cómo se les contrataba.