Los alumnos de Educación Secundaria fueron el pasado 14 de noviembre a una huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas. La huelga reivindicaba expulsar el machismo y sexismo de las aulas y reclamar una asignatura sobre educación sexual que sea “inclusiva, evaluable y obligatoria”. En la actualidad, si esa materia entra en las aulas, lo hace por parte de un agente externo a la comunidad educativa, a pesar de que Canarias contó con un programa pionero, el Programa Institucional de Educación Afectivo Sexual Harimaguada, que se suprimió en 2003.

“El resto de recursos y servicios puestos en marcha por el Plan Canario de Educación y Atención a la Sexualidad Juvenil se han ido desmantelando en la última década (consultas jóvenes, teléfono de información sexual, planes municipales, formación, campañas de sensibilización, etc.). A partir de ahí, las políticas en materia de educación y atención a la sexualidad han sido prácticamente inexistentes o simplemente erráticas”. Así lo afirma el informe, presentado este año, Políticas sanitarias y educativas en materia de salud sexual y reproductiva en Canarias: abandono y desmantelamiento, del propio colectivo Harimaguada. Lanzarote no es una excepción.

En la Isla había, y ya no hay, recursos en materia de educación sexual y de información o planificación familiar. El Hospital Insular tenía un Centro de planificación familiar desde 1984 que, por ejemplo en 2010, atendió 2.349 consultas y que ofrecía asesoramiento y servicios en anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual o aborto, entre otras. El Centro se ha cerrado aunque el Cabildo aún lo anuncia en su página web.

Tampoco se ha seguido con el taller de educación afectivo sexual en el aula, que estaba dirigido a alumnos de 2º de la ESO. El consejero de Sanidad del Cabildo, Juan Manuel Sosa, señala que es el departamento de Juventud del Cabildo el que se ha hecho cargo de las labores de información sexual para los jóvenes. Pero no es así. Desde Juventud apuntan que no tienen ningún servicio de educación ni información en ese ámbito y que derivan a los usuarios a Atención Primaria, al Servicio Canario de Salud.

Ana Pino, miembro del Colectivo Harimaguada, señala que “Canarias ha pasado de ser pionera a abandonar por completo este tema; está todo desmantelado, en todas las islas, es un panorama desolador”. Y añade: “En los últimos seis o siete años no se ha hecho ni una campaña de prevención de embarazos no deseados, ni acceso a anticonceptivos básicos”.

Pino recuerda que la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de 2010 recoge la obligación de incorporar la educación afectivo sexual, “y no solo no se ha desarrollado sino que se ha desmantelado lo que ya existía”. “La educación -apunta- debe transmitir un mensaje positivo e igualitario y abandonamos a los jóvenes a que encuentren información en Internet sesgada y ligada a la violencia y la discriminación”.

¿Y cuáles son las consecuencias? En primer lugar, cuando existía ese programa, en el periodo 2000-2004, mientras en España aumentaba la tasa de abortos, en Canarias se redujo. Por contra, en 2016, Canarias ocupó el quinto lugar de mayor número de abortos, con una tasa de 11,41 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por encima de la tasa media estatal. Cuatro de cada diez mujeres que realizaron una interrupción voluntaria del embarazo ese año tenían entre 20 y 29 años. La tasa de abortos en adolescentes, menores de 20, es ligeramente superior a la tasa española.

De hecho, desde 2011 ha descendido el número de abortos, principalmente, según el informe “a movimientos migratorios, al envejecimiento de la población, al descenso del número de mujeres en edad reproductiva y al uso de la anticoncepción de emergencia”, pero sin embargo ese descenso no se produce en menores de 20 años.

El Centro de planificación familiar que había en el Hospital Insular desde 1984 ha cerrado

“La preocupación por esta tendencia al alza de los embarazos de adolescentes se recoge también en el Informe de la situación del menor y la familia en Canarias (2018), en el que se cita un estudio del Instituto Canario de la Juventud (hoy Dirección General de la Juventud) que concluye que Canarias concentra el 10 por ciento de embarazos de menores de toda España”.

En Lanzarote, en los últimos cuatro años se han practicado 1.601 abortos, todos ellos en clínicas privadas concertadas, con un coste de 640.000 euros. Las mujeres que quieren abortar en Lanzarote se ven obligadas a hacerlo en clínicas concertadas y fuera de la Isla, en Gran Canaria o en Tenerife. “Uno de los mayores incumplimientos es que la sanidad pública está derivando a recursos concertados”, señala Pino, que apunta que solo un 2,5 por ciento de los abortos en Canarias se producen en centros públicos.

Derivación a Atención Primaria

La información sobre sexualidad se concentra ahora en Atención Primaria y se ha derivado a las matronas, pero no se ha reforzado la plantilla para que se puedan ocupar de este aumento de trabajo. En Canarias hay 230 matronas y matrones en el Servicio Canario de Salud. Esto significa que hay 11 especialistas por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media española, que es de 35 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de los países de la OCDE es de 70.

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud fijan que se debería contar con una matrona por cada 400 mujeres en edad fértil. Ante la precariedad del servicio, según el Informe del Colectivo Harimaguada, en estos momentos, desde los centros de Atención Primaria solo se están dispensando anticonceptivos hormonales, mientras que el acceso a la implantación de un DIU, a una ligadura de trompas o a una vasectomía está suponiendo en la práctica, y dependiendo de las zonas de salud, un tiempo medio de espera que llega a ser de hasta uno o dos años.

Otros métodos anticonceptivos, como los preservativos, siguen quedando excluidos de financiación por parte del sistema sanitario público. También ha quedado excluida de la financiación pública la anticoncepción de emergencia o “píldora del día después”, anteriormente disponible en los centros de Atención Primaria y en los centros de urgencias.