La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife ha decidido este viernes dejar sobe al mesa la decisión sobre la licencia para el antiguo Hotel Oriental en la Calle Real. Los socios de gobierno (PP, PSOE, Nueva Canarias, Somos) no se han puesto de acuerdo para tener una misma postura sobre este asunto. El resto de puntos del orden del día se han aprobado.

La Junta de Gobierno está formada por tres representantes del PP, dos del PSOE, uno de Nueva Canarias y uno de Somos. Estos cuatro últimos representantes han manifestado que hacía falta un informe municipal que aclarase el último requerimiento, de este martes, de la Inspección de Patrimonio del Cabildo, en el que advertía de que el proyecto que se iba a aprobar atentaría negativamente contra el inmueble e implicaría la desaparición de los valores patrimoniales.

Patrimonio emitió un informe el año pasado informando negativamente de este proyecto, aunque el informe no es vinculante. Los socios de gobierno han solicitado que se emitiera un informe jurídico municipal que conteste a ese requerimiento y que aclare si la concesión de esa licencia para ese proyecto no acarrea ninguna consecuencia jurídica por la posible destrucción de esos valores patrimoniales.

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El antiguo Hotel Oriental es uno de los ejemplos “más relevantes del patrimonio arquitectónico de la capital de la Isla”, “uno de los mejores exponentes de la arquitectura burguesa urbana” y un edificio con un “alto valor histórico”, según dicho informe del servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, que censura el intento de los propietarios de demoler su interior por completo y vaciarlo.

La Ley de Patrimonio de Canarias obliga a los ayuntamientos a “vigilar el patrimonio cultural existente en su término municipal, notificando al Cabildo insular la existencia de cualquier acción u omisión que suponga riesgo de destrucción o deterioro de sus valores, sin perjuicio de la inmediata adopción de las medidas cautelares que sean precisas para la preservación de los mismos, notificándolas de inmediato al cabildo insular”.

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Patrimonio había pedido que se le informara de la concesión de esa licencia pero el Ayuntamiento no lo había hecho.

Además, el artículo 323 del Código Penal prevé pena de prisión de seis meses a tres años “al que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos”.

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Por su parte, el grupo de gobierno alega, para conceder la licencia, que hay una sentencia de diciembre de 2019 que les obliga a recabar los informes necesarios sobre la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística y resolver el expediente.

La sentencia fue el resultado de un recurso de la propietaria del inmueble, la inmobiliaria Chimida, que pidió la licencia hace tres años y no obtuvo respuesta. Lo que exige la sentencia no es la concesión de la licencia sobre ese proyecto sino que se conteste a los peticionarios y se hagan los informes oportunos.