El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 años de inhabilitación para Gladys Acuña, exalcaldesa de Yaiza, por el caso Stravs. El Supremo ratifica que Acuña cometió un delito contra la ordenación del territorio y otro delito de prevaricación por la licencia de actividad de la bodega del empresario Juan Francisco Rosa y por no clausurarla a pesar de sus irregularidades.

Acuña se pretendió aferrar a que la sentencia del caso Stratvs no era firme para tratar de presentarse a las pasadas elecciones al Cabildo y al Parlamento de Canarias, pero frustró sus planes la nueva doctrina que impide a los condenados por un delito contra la Administración pública, como la prevaricación, concurrir a los comicios aunque la condena no sea firme.

En una sentencia dictada este lunes, la Sala de lo Penal del Tribunal confirma, además de los 14 años de inhabilitación para Acuña, los siete años de inhabilitación para el exalcalde José Francisco Reyes por un delito de prevaricación, y los siete años de inhabilitación para el exconcejal Leonardo Rodríguez por un delito contra la ordenación del territorio.

Los mismos siete años de inhabilitación han sido confirmado para los exconcejales Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García y José Antonio Rodríguez, por delitos contra la ordenación del territorio los dos primeros y por prevaricación por omisión el tercero.

El Tribunal Supremo ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por el exsecretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y el técnico Andrés Morales, que han sido absueltos de un delito de prevaricación pero se mantiene para ellos la condena por un delito contra la ordenación del territorio. Sus inhabilitaciones por este caso se reducen así de 14 a siete años.

Al margen de esa modificación de la sentencia inicial, el Supremo avala al completo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de octubre de 2017. Así, la Justicia ha considerado probado que aunque la licencia de actividad se concedió por la Junta de gobierno municipal el 19 de diciembre de 2008, no fue hasta después de su declaración como imputada que la entonces alcaldesa ordenó "una visita de comprobación e inspección de las instalaciones".

Sin intervenir

Acuña declaró como imputada el 12 de julio de 2013 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife. En los meses posteriores, el Ayuntamiento emitió informes en los que se concluía que "la obra ejecutada no se correspondía con la licencia concedida" en julio de 1999, que la bodega medía "sólo en planta baja" unos 1.291 metros cuadrados o que la construcción se había iniciado sin presentar el "correspondiente proyecto de ejecución".

Un informe técnico de la arquitecto municipal, de octubre de aquel año, señalaba además que "todas las edificaciones construidas sin licencia eran incompatibles con el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, al localizarse en suelo rústico sin haberse otorgado la preceptiva calificación territorial". Además, al encontrarse en un espacio natural protegido, como el paisaje de La Geria, debía constar dictamen del "órgano ambiental competente".

En octubre de 2013, el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio Rodríguez, dicta dos decretos iniciando sendos expedientes sancionadores "por desarrollo de actividad de bodega y de actividad de tienda con zona de degustación, en ambos casos por desarrollarse sin las preceptivas licencias, acordándose con carácter provisional el cese de dichas actividades, con imposición de multa en ambos casos".

Además, se había producido un decreto de precinto el 4 de septiembre. Sin embargo, tanto el TSJC como ahora el Supremo, coinciden en que "a pesar de las advertencias consignadas en los informes solicitados por la alcaldesa, y conociendo que el emplazamiento de las instalaciones del complejo Stratvs no autorizaba el uso concedido ni el desarrollo de las actividades allí desplegadas", no se intervino de forma efectiva.

Así, ni la alcaldesa ni su concejal de Urbanismo "adoptaron medida alguna tendente a que se ejecutara, al menos provisionalmente, el cese de las actividades que había sido previamente acordado" en los expedientes municipales, "incumpliéndose" la legislación territorial de Canarias. No fue hasta el 20 de diciembre de 2013 que se clausuraron las instalaciones de Stratvs porque así se "decreto judicialmente" por la magistrada Silvia Muñoz en vía penal, como cese cautelar de la actividad hasta un máximo de cinco años.