El juez Jerónimo Alonso ha dictado el auto de apertura de juicio oral a la sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Lanzarote, Gloria Moreno, a la que le ha concedido un plazo de apenas 24 horas para que deposite una fianza de 14.120 euros “para asegurar las responsabilidades” de naturaleza económica que pudieran derivarse del juicio. Se da la circunstancia de que la Fiscalía, en su escrito de acusación, solicita una multa de unos 3.600 euros, a razón de 10 euros al día durante un año.

En el auto, notificado el 2 de octubre a las partes, el juez Alonso le otorga a la defensa de la sargento del Seprona de la Guardia Civil un plazo de 10 días para que presente su escrito de defensa. El procedimiento se inició a raíz de la denuncia de un agente, Miguel Ángel Padial, contra la sargento después de que ésta advirtiera por escrito a sus superiores de que había recibido una información que afirmaba que ese compañero había avisado a una persona que participaba en un asadero de pardelas de Alegranza de que la Guardia Civil iba a llevar a cabo una inspección.

La Guardia Civil investigó el presunto chivatazo y la investigación pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, cuyo titular en aquel momento era el juez Rafael Lis Estévez, que se encuentra en estos momentos cumpliendo una suspensión de seis meses impuesta por el Consejo General del Poder Judicial, por no apartarse de una causa judicial de la que había sido recusado.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife archivó la investigación, y el compañero de Moreno la denunció en el Juzgado. Esa persona que supuestamente había recibido el chivatazo participó en septiembre de 2015 en el conocido asadero de pardelas en Alegranza y está acusada, junto a otras diez personas, de un delito contra la flora y la fauna.

El escrito de acusación contra la sargento, firmado por la fiscal Ramona Muñoz señala que "a sabiendas de que sus manifestaciones no se correspondían con la realidad, (Moreno) elaboró un oficio con fecha de 20 de noviembre de 2015 dirigido al capitán jefe de la Compañía de Costa Teguise, conteniendo en el mismo unas afirmaciones mendaces y en las que atribuía la comisión de unas irregularidades en el ejercicio de sus funciones al guardia civil destinado en el mismo destacamento del Seprona en Lanzarote y, por lo tanto, subordinado de la acusada".

La fiscal Muñoz pide para la sargento una pena de cuatro años de prisión por un presunto delito de falsedad en documento oficial e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres años. El agente Padial, como acusación particular, le acusa de un presunto delito de falsedad por imprudencia grave y de supuestas calumnias, y pide hasta seis años de prisión para su compañera. La abogada de la sargento, María Jesús Díaz Veiga, dice que la denuncia contra Moreno se presentó “a sabiendas de que ni la Guardia Civil ni el Juzgado practicaron”, en su opinión, “las necesarias diligencias de investigación, que hubieran permitido averiguar la realidad de las hechos” y si hubo 'chivatazo'.

La letrada de la sargento añade que el agente “lleva aproximadamente dos años de baja” y que “no ha tenido contacto alguno” con Moreno, pese a lo cual “pretende” atribuirle “la causa de su prolongada ausencia del servicio activo por causas psicológicas, a través de dos informes psiquiátricos aportados”. “Hace unos meses”, añade, el agente envió a sus jefes “una acusación de acoso moral que finalmente fue archivada”.

“Auténtica persecución”

La abogada de la sargento, María Jesús Díaz, considera que "se está desarrollando contra ella, una auténtica persecución, que va más allá de los términos habituales para describir un acoso laboral”. “La cantidad y reiteración de los expedientes abiertos, cinco hasta el momento en menos de un año, y la falta de garantías para permitirle ejercer su derecho de defensa recuerdan prácticas abusivas más propias de otras épocas preconstitucionales de nuestro país”, añade. Una iniciativa ciudadana de apoyo a la sargento en change.org ya acumula más de 140.000 firmas de apoyo. Por el caso se han interesado diversas asociaciones ecologistas, como Greenpeace o Ecologistas en Acción y su caso también ha llegado al Senado y a la prensa nacional.