Lo que más ha repetido durante su declaración el que fuera fundador y y líder histórico del PIL, Dimas Martín, este lunes en el juicio del caso Unión, es que él no controlaba ni daba órdenes a los concejales de su partido, sino que solo les asesoraba y hacía recomendaciones.

Ante las pruebas esgrimidas por el fiscal, Javier Ródenas, tanto documentales como las conversaciones grabadas de su propio teléfono, Martín ha llegado a reconocer que si parece que está dando órdenes es porque es "un problema de deformación del lenguaje" por los cargos de responsabilidad que ha ocupado. "Es un defecto del lenguaje pero lo importante es el fondo", dijo.

El fiscal Javier Ródenas intenta demostrar con una gran cantidad de pruebas que Dimas Martín era el jefe de una asociación ilícita, formada por él y algunos cargos públicos del PIL, entre otros, y que daba órdenes sobre contratos y ordenaba retener pagos, en el Ayuntamiento de Arrecife, a ciertos empresarios hasta que no pagaran las comisiones. "No creo que las decisiones internas del Ayuntamiento estén condicionadas por lo que yo pueda recomendar", aseguró.

El interrogatorio se alargó durante más de dos horas, principalmente por preguntas del fiscal, quien ordenaba escuchar una conversación grabada o hacía comprobar a Martín un documento para hacer las preguntas correspondientes. Así ha transcurrido la declaración.

En una ocasión, Dimas habla con el director de la cárcel donde él mismo cumplía condena. Le ofrece el puesto de Jefe de la Policía Local de Arrecife, el funcionario dice que no se ve en ese puesto y le replica que le diga otro y enumera las áreas que ellos manejaban y que les faltan "puestos intermedios". Dimas Martín respondió que "cualquier partido puede nombrar asesores", en referencia a la contratación, que no se produjo, del director de la cárcel.

Muchas de esas conversaciones se producen con el entonces concejal José Miguel Rodríguez, ya fallecido, que era coordinador de los ediles del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife. En una pide los pliegos del contrato de la basura y le dice que "hay que darle un meneo" a Arrocha, que era el jefe de la Oficina Técnica: "Esto no puede ser, quiero hablar seriamente con él", dice Dimas.

Sobre las obras adjudicadas del Plan E, Dimas le dice: "Teníamos interés en que se presentaran algunas empresas". La explicación de Dimas es que él no tenía capacidad para dar órdenes: "Yo puedo recomendar", y añadió que miraba los borradores de proyectos o anteproyectos para proponer mejoras.

En otra conversación con Rodríguez le dice que "al de la radio, a partir de hoy ni un duro; no vamos a seguir alimentándolo y él dando leña continuamente; a partir de hoy, cero". Sobre la empresa FCC le dice que "no va a cobrar un duro más como no arreglen lo del laudo". Explicó que se refería al laudo de la planta de Janubio, por el que Inalsa debía pagar a FCC. Dijo que era en beneficio del Ayuntamiento, no en beneficio propio.

Dimas Martín también habla sobre el pabellón de Argana y amenaza con denunciar esa obra. Declaró que no andaba "muy desencaminado" porque esa obra también va a ir a juicio, en la pieza de la operación Jable.

Dimas le dijo a Rodríguez que no pagara la deuda con la empresa de limpieza de José Antonio Castellano, padre del actual consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, que fue uno de los denunciantes de Unión.

Declaró que había dos deudas con Castellano, una de casi un millón, por la que se pidió una comisión, y otra de 260.000 euros. De la primera dijo que no sabía nada y de la segunda, que hizo esa petición porque le parecía "un escándalo" el contrato, ya que cobraba 4.000 euros al mes por limpiar una nave.

“Instrucciones claras” en el Plan de Barrios

Cuando salen las adjudicaciones del Plan de Barrios, a Dimas le llama Martín Paredes para decirle quién se ha llevado las obras y se sorprende porque "José Miguel salió con instrucciones claras esta mañana". Preguntado por ello contestó: "Con instrucciones claras de que todo fuera transparente".

Respecto a la posibilidad de la compra de la concesión de la basura en Yaiza por parte de Clusa, Matías Curbelo le propone que se reúna con el propietario. Dimas dijo que "ahí las únicas perras que se sacaron las sacó Matías Curbelo para irse a Cuba".

Para defenderse, intentó descargar la responsabilidad en Antón Hernández, que fuera presidente del PIL y teniente de alcalde de Arrecife hasta marzo de 2008, cuando dimitió. Al fiscal le dijo que "extrañamente usted no lo ha traído aquí, me ha sustituido a mí por él", porque asegura que no tiene nada que ver con las comisiones que cobraban Ubaldo Becerra y Rodríguez.

Según Dimas, la responsabilidad de la confección de la lista electoral al Ayuntamiento era responsabilidad de Hernández y a él le nombraron asesor cuando este dimite. Para corroborar esa versión declaró como testigo la expresidenta del Cabildo, María José Docal, que corroboró lo primero, lo de la lista, pero dijo que Dimas ya asesoraba al partido antes de esa fecha.

Sobre por qué asesoraba desde la cárcel, Dimas dijo que en la sentencia por la que cumplía condena "no hay ni una línea que me impida desarrollar mi pensamiento", y que nadie se escandaliza por que los presupuestos generales del Estado se hayan negociado en la cárcel.

Lo que sí reconoció es que "recomendó" solo una empresa, la de Samuel Lemes. Reconoció una gran amistad con su padre, que tiene una empresa de fontanería que fue subcontratada durante años por Inalsa. También reconoció que cobró un dinero de esa empresa por la venta de un terreno que era suyo.

“Puedo asesorar y cobrar” del PIL

Durante el interrogatorio, en ocasiones contestó de forma desafiante al fiscal. "Me gustaría que me dijera si me beneficié yo de algo", dijo en una ocasión. Finalmente reconoció que cobró unos 3.000 euros del PIL de las cuentas de los grupos municipales. "Puedo asesorar y cobrar del partido", dijo, y aseguró que no eran fondos municipales, sino dinero del partido: "Hasta ahí podíamos llegar", apuntó.

También aseguró que él no puede "comprometer pagos en nombre del ayuntamiento". Uno de los tres miembros del tribunal que le juzga en esta ocasión, Carlos Vielba, fue el ponente de la sentencia condenatoria por el caso Batllori en la que se condenó a Dimas, precisamente, por ordenar que el Ayuntamiento contratara y pagara a Batllori por trabajos que no eran del Ayuntamiento, sino en beneficio del propio Dimas Martín.