Canal Gestión Lanzarote, la filial de la empresa madrileña Canal de Isabel II, subraya en sus alegaciones al expediente para resolver el contrato de la concesión del agua en la Isla que “no considera que proceda indemnizar al Consorcio”, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos.

En las alegaciones de Canal, a las que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, la empresa señala que en el presente caso, sucede lo contrario y lo que procede es “la indemnización de daños y perjuicios por parte del Consorcio” a Canal Gestión Lanzarote (CGL), “al ser el que ha incumplido sus obligaciones”.

Canal recalca que “no existe grave perturbación del servicio invocado por el Consorcio, teniendo en cuenta que el mismo se sigue prestando y que no se ha ocasionado ninguna infracción grave y menos no reparable”.

“Sucede, además, que este Consorcio ni siquiera puede probar si el incumplimiento o infracción tiene la condición de ser irreparable puesto que nunca ha dado traslado a esta parte sobre las deficiencias apreciadas concediendo un plazo para corregirlas, de modo que no puede argumentar su imposible reparación”, señala Canal.

La empresa entiende que el Consorcio del Agua “debería notificar” antes de iniciar el expediente de resolución del contrato “cuáles son tales infracciones e incumplimientos”. “En este caso, si ofreciese un plazo prudencial para corregir las deficiencias y estas no fuese corregidas por Canal, podría argumentarse la gravedad de la infracción”, añade.

La filial de Canal de Isabel II sostiene que ha sido el Consorcio el que “ha incumplido sus obligaciones” en el contrato del agua

En sus conclusiones, Canal se opone a la resolución del contrato iniciada por el Consorcio, no reconoce los “incumplimientos invocados” por el organismo público, reclama la nulidad de la citada resolución, así como el inicio de un nuevo procedimiento de licitación de la concesión del agua en Lanzarote, y pide el archivo del procedimiento para romper el contrato firmado en mayo de 2013.

También rechaza la posibilidad de que el Consorcio del Agua, controlado en la práctica por el Cabildo, decida la “intervención” del servicio de abastecimiento y depuración mientras se resuelve el contrato con Canal Gestión. “La adopción de una medida provisional como la intervención, no resultaría proporcional, efectiva y menos onerosa”, afirma Canal.

“Desviación de poder”

Para Canal Gestión, “el Consorcio se ha separado del procedimiento legalmente establecido para el inicio de la resolución del contrato, puesto que previamente debería haber dado traslado a CGL para subsanar las deficiencias que se aprecian; para la incautación de la garantía, puesto que no se cumplen los requisitos legales para proceder a su ejecución”, y “para el inicio de un nuevo procedimiento de licitación”.

La empresa madrileña califica la actuación del Consorcio presidido por Oswaldo Betancort de “vía de hecho” y acusa al organismo público de estar llevando a cabo “una desviación de poder”. En su defensa, alega que existen “incumplimientos propios del Consorcio” en la ejecución del contrato del agua.

Resalta que la expulsión de Canal “lo que enmascara es la no asunción de responsabilidades por la falta de cumplimiento de sus obligaciones, lo que genera una molestia al Consorcio”

Para la filial de Canal de Isabel II, los pasos dados muestran “un claro interés por parte del Consorcio en resolver este contrato no tanto porque se estén produciendo o no incumplimientos, sino por querer apartar a Canal Gestión Lanzarote”.

Así, lamenta que el Consorcio, “retorciendo los hechos y el Derecho, pretende expulsar a CGL del contrato, sin seguir el procedimiento y de forma súbita, proponiendo incluso el inicio de una nueva licitación del todo improcedente”.

“Es clara la voluntad y deseo de este Consorcio de expulsar a CGL de la prestación de este servicio a toda costa, lo más rápido posible, sea por la vía que sea, intentando amparar esa voluntad bajo la apariencia del interés general; cuando lo que enmascara es la no asunción de responsabilidades por la falta de cumplimiento de sus obligaciones, lo que genera una molestia al Consorcio que quiere erradicar de esta manera”, destacan las alegaciones.

Incumplimientos del Consorcio

En sus alegaciones, Canal insiste en que “resulta paradójico e incluso sorpresivo que el Consorcio atribuya incumplimientos a CGL teniendo en cuenta que ha sido la propia Administración contratante, desde el inicio de la concesión, la que ha incumplido de forma sistemática y continuada sus obligaciones contractuales”.

En este punto, cita la ausencia de revisión de tarifas desde el inicio de la concesión, conforme a la fórmula pactada de un aumento anual del IPC (Índice de Precios al Consumo) más el uno por ciento. Desde mediados de 2017 se tendrían que haber actualizado las tarifas, pero no ha sucedido así y Canal ha recurrido a los tribunales.

Canal critica que el Consorcio no nombrara un técnico supervisor de las obras y dice ahora que lo correcto hubiera sido hacer la auditoría de las inversiones que pidió Podemos en 2018

El desequilibrio genera un “perjuicio” que “se incrementa año a año”, destaca Canal Gestión, que cuantifica en 30 millones de euros lo que debería haber percibido desde el año 2017 hasta el pasado 2024 por la actualización de las tarifas, unas cantidades que, asegura, “no puede continuar soportando”.

“El Consorcio del Agua de Lanzarote no puede declarar la resolución del contrato de concesión por presuntos incumplimientos del concesionario, cuando viene incumpliendo de forma sistemática, consciente y voluntaria el contrato desde su inicio al no haber invertido ni puesto en funcionamiento casi ninguna instalación hidráulica, ni actualizado las tarifas desde el año 2017. Es de todo punto desproporcionado, injustificado e inadmisible”, recalca Canal.

El consejero de la empresa Canal de Isabel II, Mariano González Sáez, y el gerente en Lanzarote, David González Gil.

Sin seguimiento de obras

Por otro lado, Canal considera que no se le puede imputar el incumplimiento de “obligaciones esenciales” y sostiene que ha cumplido con los compromisos recogidos en la oferta presentada y en el contrato. Al contrario de lo manifestado por el Consorcio, que solo le reconoce 32 millones de euros en obras, Canal afirma que ha llevado a cabo inversiones que superan los 61,3 millones de euros.

Eso sí, culpa al Consorcio del Agua de no haber certificado ni revisado las inversiones ejecutadas. “Ningún técnico nombrado por el Consorcio del Agua, ni el secretario del Consorcio del Agua acudieron a la recepción de las obras, no pudiendo participar en la suscripción del acta, impidiendo dar curso formal a las entregas de las inversiones e incumpliendo” el contrato de concesión, señala Canal.

Frente a los 32 millones de euros en obras que le reconoce el Consorcio, Canal afirma que ha llevado a cabo inversiones que superan los 61,3 millones

“Es incomprensible”, agrega, que el Consorcio “pretenda ahora responsabilizar a Canal Gestión Lanzarote de la falta de ejecución del Plan Inversor, llegando incluso a incoar la apertura de un expediente de resolución de contrato por una causa producida por su irresponsabilidad y falta de diligencia”.

La “incapacidad de verificación” de las ejecuciones realizadas “jamás hubiera ocurrido si el Consorcio del Agua” hubiera nombrado a un técnico supervisor de las obras y hubiera acudido a la recepción de las mismas, además de haber “seguido el consejo de Canal” de nombrar “una asistencia técnica durante la ejecución” de cada obra, “en lugar de años después de finalizarla”.

De hecho, Canal llega a decir ahora que lo conveniente hubiera sido llevar a cabo una auditoría de las obras realizadas, como pidió en 2018 el grupo político de Podemos en el pleno del Cabildo de Lanzarote, iniciativa política que cita de forma expresa.