“Lo único que quiero es que antes de ese día me den algo para poder marcharme de aquí”. Andrea Martínez tiene fijado el lanzamiento de la casa en la que vive en el barrio de Altavista desde hace 25 años para el próximo 21 de enero.

La propietaria quiere recuperar la vivienda, al finalizar el contrato. Andrea paga 220 euros mensuales de alquiler y la casa no está en buenas condiciones. La fachada está bien -“la arregló mi hijo”, dice-, pero el interior es otra cosa. “En el salón hay una arqueta que selló mi marido porque entraban ratas”.

La pintura de las paredes se ha ido desluciendo. Hay más grises que blancos. En los techos aparece el hormigón y el encofrado por todas partes. En una de las habitaciones se desprendió el techo.

En una estancia hay una trampa para ratones y los cables están por todas partes. En la habitación de la entrada “no hay masa tierra y, si llueve, se prende fuego”, dice. Hay muchas humedades y muy poca ventilación.

Cuenta Andrea que la ha arreglado en varias ocasiones, “pero ahora que me quieren echar, ¿para qué la voy a arreglar?”, se pregunta.

Los propios Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife, en un informe realizado en enero, reconocen que la vivienda “se encuentra en mal estado y necesita restauración”.

Sin embargo, en ese mismo informe, elaborado ante un procedimiento de desahucio, el Ayuntamiento determina que no existe vulnerabilidad, ya que en la casa viven ella, de 71 años, y su hijo de 36, con un grado de discapacidad del 66 por ciento. Ambos cobran una pensión, una de 740 y otra de 395. Con esa cantidad para dos personas, los Servicios Sociales estiman que no existe esa vulnerabilidad.

Andrea cree que tienen que sumar a la nieta, de 10 años, porque está allí en la casa muchos días, ya que su hijo tiene un convenio regulador con la madre. Dice que no se la tuvo en cuenta para contabilizar la unidad familiar.

“A una viuda no le alquilan una casa, te piden una nómina de 1.200 euros”

A pesar de que el Ayuntamiento considera que su situación no es de vulnerabilidad, no es la primera vez que recibe ayuda de los Servicios Sociales. En 2009 recibió una de emergencia para el alquiler y bonos para el banco de alimentos.

También recibió una ayuda en 2019 para encontrar vivienda, que no se ha gastado porque no ha podido encontrar casa. “A una viuda no le alquilan una casa, te piden una nómina de 1.200 euros como mínimo”, asegura.

Dice que ha buscado casa, tanto ella, como sus otros hijos desde Gran Canaria, y que ha sido imposible. Señala que la operaron de un cáncer hace cuatro años y que tampoco se puede ir a Las Palmas de Gran Canaria porque su hijo solo tiene una habitación.

Desahucio fijado

El problema se agrava porque, en el procedimiento de desahucio, Andrea firmó un acuerdo por el que se comprometió a dejar la casa el 31 de octubre. Si el informe de vulnerabilidad hubiese sido favorable, el desahucio se podía haber retrasado, como mínimo. Ha pasado esa fecha y no ha dejado la casa porque no ha encontrado otra.

Andrea dice que firmó porque los Servicios Sociales le prometieron que le iban a conceder una casa de Visocan, la sociedad del Gobierno de Canarias para la promoción de viviendas protegidas, pero de nuevo aparece el informe, y, como no está considerada vulnerable, no le conceden la casa. También habló con la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, y, según su versión, le dijo que era una decisión de los técnicos.

Ahora el procedimiento ya está en fase de ejecución y su abogada va a intentar que le redacten un nuevo informe de vulnerabilidad, pero el Ayuntamiento solo lo redacta si se lo pide el Juzgado. Pedirá que en el nuevo informe se tenga en cuenta a la nieta dentro de la unidad familiar y las circunstancias en las que se encuentra, que entiende que son más graves de las reflejadas por el Ayuntamiento.