La Mesa Ciudadana del Agua de Lanzarote ha reiterado este lunes su rechazo a una eventual subida de tarifas del ciclo integral del agua en la isla y ha defendido la recuperación del servicio mediante una gestión pública directa.

El colectivo responde así a las declaraciones realizadas por el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, quien afirmó en una entrevista en Cadena SER Lanzarote que “si no hay subida de tarifas no habrá cesión del Ciclo Integral del Agua”.

Según señala la plataforma ciudadana, esta posición política responde a las condiciones planteadas por la unión temporal de empresas integrada por Aqualia y Sacyr, que, según afirma la Mesa, habrían exigido una “irrenunciable subida de tarifas” como requisito para asumir la gestión del servicio.

El colectivo considera “inadmisible” esta posibilidad y recuerda que la Comisión de Precios de Canarias ya dictaminó en su momento que no procede trasladar el coste del servicio a la ciudadanía mientras se mantenga el actual nivel de ineficiencia.

En ese sentido, la Mesa Ciudadana del Agua destaca que la red de distribución en Lanzarote registra actualmente pérdidas superiores al 56 por ciento del agua producida.

Por ello, sostiene que no puede premiarse con una subida de tarifas a una gestión que permite que se desperdicie más de la mitad del recurso.

A su juicio, reducir el volumen de agua no registrada, las pérdidas técnicas y los posibles fraudes permitiría, incluso, una rebaja de las tarifas sin necesidad de aumentar la presión sobre los consumidores.

El colectivo insiste en que cualquier debate sobre la revisión de precios solo sería admisible si se asume un cambio de modelo que pase por la remunicipalización del servicio.

En ese escenario, indican que el coste de producción y distribución podría analizarse de manera razonable y asequible, siempre bajo el principio de que el agua debe gestionarse como un derecho esencial y no como un bien sujeto a intereses empresariales.

En cuanto a la situación contractual, la plataforma considera que se dan las condiciones necesarias para iniciar la resolución del contrato con la actual concesionaria, Canal Gestión, ante lo que califican de “incumplimiento grave”.

La Mesa recuerda que el propio presidente del Cabildo declaró en junio de 2025 que la empresa no ha cumplido con inversiones previstas ni con la obligación de reducir las pérdidas al 30 por ciento, según lo estipulado en el contrato firmado en 2013.

Por ello, piden completar la instrucción del expediente de resolución abierto, recabar el informe correspondiente del Consejo Consultivo de Canarias y continuar con una fase de negociación que permita evitar largos litigios judiciales.

También reclaman la liquidación del contrato actual, asumiendo la indemnización que corresponda y atribuyendo la responsabilidad de los costes a lo que consideran “el capricho de los gestores públicos por privatizar”.

Como parte del nuevo modelo que proponen, la Mesa Ciudadana plantea la creación de órganos ciudadanos que fiscalicen y supervisen la eficacia de la gestión directa del agua en la isla, garantizando la transparencia y la participación pública en la toma de decisiones.

El colectivo ha subrayado, además, que no se ha producido ningún cambio sustancial en el funcionamiento del servicio que justifique una revisión al alza de las tarifas, por lo que confían en que la Comisión de Precios vuelva a rechazar cualquier intento en ese sentido.