Samuel C. Figueras

Hablemos claro de patrimonio

Vengo observando en los diversos comentarios que se vierten en los medios digitales por sus lectores, hasta qué punto cada opinión se convierte en una sentencia que no da juego a concluir en que nadie sea capaz de entenderse, sino a imponer su visión de lo que sucede con el patrimonio arquitectónico de Arrecife. Opiniones que no se producen en el resto de municipios por un sustancial matiz: la edificabilidad en los suelos fuera de Arrecife es mínima y en la capital puede alcanzar hasta las siete plantas de altura. He ahí la clave del asunto, los aprovechamientos urbanísticos y lo que supone de beneficios económicos que se ponen en el extremo de una balanza, y en el otro la conservación de los inmuebles.

No obstante, si algo queda claro cuando hablamos de patrimonio es que existe una apreciación general sobre lo que alcanza ese concepto, e incluso qué edificios de la ciudad pueden ser calificados de esa forma.

Sobre determinados comentarios referidos a la rentabilidad económica derivada del hecho de poner en uso esos bienes, se menciona al grupo Spínola como ejemplo de buen hacer. El grupo empresarial ha adquirido, durante décadas, relevantes inmuebles que hoy habríamos denominado como patrimonio, pero que entonces carecían de protección alguna por lo que fueron legítimamente demolidos. Es cierto que el ayuntamiento nunca tuvo ningún gesto para proteger lo que había, siendo, por ello, el único responsable de esas pérdidas. El grupo empresarial ha venido mostrando algunos gestos con la incorporación de las nuevas generaciones a la empresa y es a estas a quien se debe la restauración de la fachada de la antigua fábrica de tabacos de la calle Real, la restauración de un segundo inmueble en Arrecife, o la adquisición de otro del que saben que carece de aprovechamientos urbanísticos en forma de más plantas de altura, para proceder a su restauración, aún no culminada, de la que pronto sabremos si lo hará con éxito o no.

Esta adquisición es el ejemplo de que es posible restaurar con la vista puesta en el mantenimiento de los valores, frente a la posición que mantienen el Cabildo y el colegio de arquitectos de que sólo es posible conservar si se concede a la propiedad determinados beneficios urbanísticos en forma de mayor edificabilidad sobre el patrimonio catalogado. La idea del Cabildo es meramente electoralista y populista y la del colegio de arquitectos sencillamente especuladora, pero están aliados públicamente en la causa.

Sobre el trabajo de Patrimonio en el Cabildo, antes y ahora, algunos de aquellos comentarios censuran la labor en el periodo de Nona Perera, de lo que hay que señalar que, en esos años, la solvencia del trabajo realizado estaba garantizada por la aplicación de criterios, por el amparo de la norma, y por un extraordinario soporte jurídico que permitía que aquellos procedimientos que llegaban a los tribunales siempre eran ganados por el Cabildo. Otra cosa es que la ciudadanía y los representantes públicos esperaran que Patrimonio se plegara a los intereses urbanísticos en contra del espíritu de su existencia, que es el de la preservación de los bienes culturales comunitarios. De ahí, las airadas críticas a aquel periodo que se sumaban a la inexistencia de incentivos económicos a los poseedores de inmuebles con alguna medida de protección, por desinterés político. Hoy, Perera, es censurada por su falta de acción en Arrecife desde sus responsabilidades en la Dirección General de Patrimonio, lo cual muestra el desconocimiento de muchos sobre sus competencias, que se limitan casi exclusivamente a las autorizaciones en materia de arqueología, pues el resto de competencias relacionadas con el patrimonio han sido plenamente transferidas a los Cabildos. Es, por tanto, el Cabildo de la Lanzarote el órgano soberano sobre la gestión de  nuestro patrimonio, con independencia de las atribuciones de los ayuntamientos para encargar la redacción  de sus catálogos municipales de protección en el marco de sus planes generales, y el de los cabildos para los catálogos insulares. Creo que el Cabildo y su actual departamento de patrimonio saben dónde quieren llegar sorteando las normas y la ley, y para ello tiene al presidente del colegio de arquitectos como su valedor. No olvidemos que en ese afán de eludir voces críticas dentro del Cabildo, no sólo se ha establecido una comisión de patrimonio a medida, sino que Nona Perera, cuyo partido obtuvo representación en el Cabildo, fue consejera por poco tiempo hasta que la mandaron a Gran Canaria de directora general para quitársela de encima, sabedores de que aquí estaría vigilante en los temas de la que es especialista, lo cual habría sido una voz disonante ante cualquier intención alejada de los principios que rigen sobre el patrimonio. Sin ella, y con la oportuna reestructuración del departamento de Patrimonio, el camino parecía quedar libre y expedito. No hay más que recordar que CC empezó la purga y el PSOE la ha culminado en un ejercicio vergonzante donde concurren intereses urbanísticos de terceros mezclados con el ejercicio del gobierno, y una nula visión de la dimensión social del patrimonio. No hay que olvidar que nuestros representantes suelen ignorar que deben dejar de ser el pueblo que siguen siendo para dedicarse al interés general, por lo que están obligados a elevarse de sus mezquindades y trapicheos.

Con la llegada a los tribunales de la casa de León y Castillo, que alojó el antiguo Hotel Oriental, por denuncia de la propiedad, el Cabildo y el Ayuntamiento muestran unos injustificables niveles de arbitrariedad metiéndose en un berenjenal, pues desde el momento en que el Cabildo informa de la existencia de valores que impedirían el vaciado de la casa, correspondía al ayuntamiento iniciar el proceso de catalogación. De negarse, quedaba la herramienta del catálogo insular, esto es,  que fuera la primera institución insular la que lo incorporara a su catálogo. Ni una ni otra cosa han hecho, quedando la propiedad maniatada ante la falta de respuesta a sus intenciones y personándose en los juzgados por ello. No entro en lecturas políticas, pues, de hacerlas, pondrían en evidencia el mal uso de las instituciones y lo que ello supone de un mayor descenso, si cabe, del crédito de las mismas ante la ciudadanía.

El Cabildo y el Ayuntamiento vienen actuando de forma arbitraria ante las solicitudes de licencias de obra en inmuebles sin protección, pues lo que es una prerrogativa municipal se comparte con Patrimonio de manera que este emita un informe en el que llega a condicionar las obras a realizar, tal y como ha sucedido en la antigua librería Lasso. Finalmente, la propiedad de esta casa hizo lo que quiso, desoyendo aquellas condiciones, pues carecía el Cabildo de legitimidad para ello. Demolió las cubiertas de madera y se abstuvo de conservar nada de lo que le indicaron, porque al no estar catalogado no estaba obligado a ello. Aún así, desde ambas administraciones se ha vendido como un inmueble protegido sin que ni uno ni otro haya iniciado un expediente para tal fin.

El Cabildo ni insta la catalogación ni cataloga, pero se arroga el coparticipar con el ayuntamiento en la concesión de la licencia, y estos le dejan hacer. Este procedimiento que no puede calificarse más que como irregular deja a las dos administraciones en tela de juicio y a la propiedad del Hotel Oriental en situación de meter en un lío a aquellos. También, la propiedad de la antigua librería Lasso, si Patrimonio pretende tocar las narices por no haber cumplido con aquellas condiciones, podría poner al Ayuntamiento y al Cabildo en una situación incómoda. Es cierto que puestos a revolver, la propiedad perdería el privilegio de mantener el color rojo en su inmueble, otorgado irregularmente por el ayuntamiento, el cual nuca existió en su fachada, y las ordenanzas no lo permiten. Sólo habría sido posible si se justificaba su existencia previa, cosa imposible de demostrar, ni antes ni ahora. El ayuntamiento ha abierto la veda y, de no actuar, ningún ciudadano podrá ser requerido cuando todo esté pintado de rojo en el municipio. No sabemos dónde está el papel fiscalizador del ayuntamiento en este asunto, con unos técnicos concentrados en sus cosas y una policía municipal que no ejerce sus competencias sobre la vigilancia. Sobre dónde se encuentran los servicios jurídicos de ambas administraciones, lo ignoramos, pero si sabemos en qué están nuestros representantes públicos. Tal es el despropósito.

Comentarios

Y talan árboles protegidos y aquí nadie dice nada. Les importa nada nuestro patrimonio, nuestra, isla, nuestros intereses. Son un fraude que se mantiene gracias a la propaganda institucional.
Esclarecedor, gracias.
Cabría debatir sobre el valor social del patrimonio, para profundizar. Yo pienso, expresado brevemente, que el patrimonio, los archivos, la historia local, etc accesibles son órganos (digamos) necesarios para un correcto ejercicio y criterio democratico, que de otra manera no se basa que sobre la prensa, la actualidad, impulsos inmediatos y a menudo irreflexivos. Pasiones y marcas. Consumismo y propaganda, al fin y al cabo. No sé si me explico.

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