“Esto es una locura”, dice Antonio mientras camina por las zonas comunes del complejo de apartamentos Las Terrazas del Puerto, en la calle El Toscón de Puerto del Carmen. Va sorteando cables, agujeros y montones de tierra para llegar hasta la puerta de su vivienda, en la parte de atrás del complejo. Parece una zona de guerra más que un lugar habitable. Hay escombros, cables sueltos, el cuadro de luz está completamente negro y Antonio ha tenido que improvisar un tendido eléctrico con unas bombillas para acceder de noche.

Las Terrazas tiene más de cien apartamentos. En 2017 la sociedad Ortiman y otras con los mismos socios compraron la mayoría de ellos, pero en el complejo hay personas que residen allí desde hace muchos años y otras, muchas de ellas extranjeras, que usan estos estudios como segunda residencia. Hace un año comenzaron unas obras que desde el mes de junio pasado están paralizadas y precintadas por el Ayuntamiento de Tías porque carecen de licencia, así que el tiempo se ha quedado congelado en este complejo en medio del desastre. “Esto está inhabitable”, señala Antonio Sánchez, que sin embargo vive ahí con su mujer y sus cinco hijos.

“Cuando llueve, el agua cae a chorros de uno de los apartamentos y hay unas explosiones en un cable que asustan”. Cuenta que tuvo que meterse en la piscina para vaciar el agua, por los mosquitos, y que gastó veinte botellas de lejía. Muestra el voladizo apuntalado de uno de los apartamentos por el que se puede transitar, con el peligro que conlleva.

En medio de la conversación aparecen dos vecinos con bolsas de la compra sorteando los escombros, mientras una vecina barre la terraza y dice que “no es agradable vivir así”. Antonio muestra la señal de donde antes hubo una escalera de cemento para acceder a uno de los estudios que hay en la primera planta. “Cuando llegó la señora le habían quitado la escalera y ha tenido que construir otra para entrar a su casa”, asegura.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? En marzo del año pasado se produce una reunión de la Junta de propietarios, bajo la presidencia de Manuel Martos, en la que se nombra a la sociedad Insula Space and Design como explotadora turística y se propone hacer tres obras: el cambio de carpinterías en las puertas de las viviendas y las terrazas, la modificación de la entrada y el cambio de la instalación eléctrica del complejo, junto con la obra civil necesaria en fachadas, muros y pasillos.

El administrador de la empresa explotadora era el propio Martos hasta abril del año pasado y ahora son otros dos socios, Javier Láiz y el abogado Antonio López-Socas. Las obras, que debían comenzar en mayo y finalizar en agosto, se adjudican a la constructora M2 cuyo administrador también es el propio Martos.

La justificación para hacer las obras de la instalación eléctrica es que existe un requerimiento de Industria para que se adapte la instalación del complejo a la normativa. Las obras se aprueban, se contratan y comienzan, pero los vecinos empiezan a denunciar que las obras que se están haciendo no corresponden con lo que se había acordado. Denuncian que se estaba aprovechando para hacer reformas en los apartamentos.

La empresa Insula Space había presentado una comunicación previa para obras en la que figuran solamente reformas en zonas comunes y rehabilitación de muros, pero más que una obra menor el aspecto es el de una reforma integral.

El Ayuntamiento la insta a que presente un proyecto técnico firmado y la hoja de encargo de dirección de obras y el informe municipal determina que las obras que se estaban ejecutando carecen de título habilitante que avale esas actuaciones y carecen, además, de la documentación en materia de seguridad y salud. Así, el Ayuntamiento emite un decreto en junio por el que precinta las obras, y desde entonces los vecinos del complejo viven en una zona de obras.

Dice Antonio que los que tienen la mayoría en la Junta están ofreciendo dinero a los propietarios para que vendan y se marchen para quedarse con todo el complejo. Señala que a él han ofrecido 36.000 euros y que hay otros propietarios que han aceptado porque se han cansado de la situación. “Se han ido porque no pueden aguantar”, asegura.

La otra versión

La versión de la otra parte es bien distinta. El abogado Antonio López-Socas dice que hay dos vecinos que han denunciado porque querían que les comprasen su apartamento por 150.000 euros, cuando ellos han comprado algunos apartamentos por 70.000. Señala que el complejo es de uso turístico y no están contemplados otros usos y que la responsabilidad es del Ayuntamiento, que ha interpretado que hace falta licencia y no solo un acto comunicado que, según ellos, es el que exige la Ley del Suelo.

Según López-Socas, el Ayuntamiento de Tías dice que hace falta un informe sectorial del Cabildo, al tratarse de un complejo turístico. Señala que ellos, como propietario de la mayoría de los apartamentos, son los primeros interesados en reanudar la obra lo antes posible y dice que no estaban aumentando la edificabilidad en el complejo, que ya han hecho alegaciones a esa paralización, han presentado el proyecto completo y que no hace falta ese informe sectorial por el hecho de que sea turístico.

El abogado asegura que, para comercializar los apartamentos, los propietarios están obligados a llegar a un acuerdo con la empresa explotadora pero que “no hay ningún problema” si alguien quiere residir allí o alquilarlo por largas temporadas para residentes.

Explotación turística

No obstante, en el año 2017, la que era entonces la sociedad explotadora, Apartamentos Ortiman, envió cartas a los propietarios en las que advertía que Las Terrazas es un complejo turístico al que se le debe aplicar la Ley de Turismo de Canarias y por tanto está sujeto al principio de unidad de explotación turística. Es decir, que todas sus unidades alojativas deben estar explotadas por una misma empresa.

“En la práctica -decía la carta- ello supone que en el complejo turístico Terrazas del Puerto sólo la actual explotadora puede ejercer la explotación turística del complejo turístico en el que se halla su apartamento, por lo tanto se le informa de que usted no lo puede alquilar y tampoco puede residir en él de forma permanente” durante más de seis meses al año. Así, les instan a que lleguen a acuerdos con esa sociedad explotadora si quieren alquilar su casa.

Otro de los propietarios, que prefiere no ser identificado, dice que se siente “completamente acosado”, primero por la carta y después por las obras. Resalta que las sociedades mayoritarias tienen la mayoría en la comunidad en coeficiente pero no en votos y que el Tribunal Supremo ha dejado claro que hay que tener ambas mayorías. Señala que no tienen permiso del Cabildo de Lanzarote, que es preceptivo, para operar como complejo turístico y que el complejo siempre ha sido residencial y turístico.

Lo que ha hecho un grupo de vecinos afectados es llevar el asunto a los tribunales porque no sólo no están de acuerdo con las obras sino que además la Junta de propietarios les ha pasado una derrama de unos 4.000 euros a cada vecino. Los afectados han impugnado dos cosas: el acuerdo de la Junta de marzo de 2018 y el presupuesto de las obras, porque consideran que se infló el presupuesto añadiendo obras que no se correspondían con lo aprobado.