El Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife ha vuelto a suspender el juicio por las licencias en Playa Blanca a la empresa Marivista, de Pedro de Armas, que se tenía que celebrar este jueves por la mañana. El juicio se ha suspendido porque ha fallecido el suegro del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, que es uno de los tres acusados.

Es la segunda vez que se suspende la vista oral que se iba a celebrar por primera vez a mediados del pasado mes de diciembre. En esa ocasión se suspendió la vista porque lo solicitó la Fiscalía ya que no se había dado traslado a todas las partes de los escritos de defensa y de unas pruebas documentales aportadas por uno de los acusados.

Reyes se sienta en el banquillo junto al jefe de la Oficina técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo, y al ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, por un delito de prevaricación urbanística por la concesión de dos licencias para la construcción de 66 villas en el plan parcial Playa Blanca.

La primera licencia, de 56 casas, se concedió en el año 2005 a la sociedad Villas Blancas y la segunda, de diez chalés, a Pedro de Armas, que representaba a la sociedad Marivista y que, en aquella fecha, era compañero de partido de Reyes, además de socio en la empresa Comcaype.

La Fiscalía solicita dos años de prisión para los tres, así como la inhabilitación para cargo o empleo público durante diez años y que se anulen todos los permisos otorgados dentro de esos expedientes. El caso nació por una denuncia de Transparencia Urbanística en el año 2009.

En el escrito de acusación de Fiscalía se destaca que el secretario y el jefe de la Oficina Técnica emitieron sus informes "con la intención de dar apariencia de corrección" de las licencias, y que esos informes fueron la cobertura premeditada para justificar los permisos que firmó Reyes.

Reyes, Lorenzo y Bartolomé están acusados por la concesión de licencias para 66 villas en el plan parcial Playa Blanca

Según el fiscal, los tres imputados actuaron "con plena conciencia" de que las autorizaciones de construcción "eran carentes de todo amparo legal y sólo tenían por objeto satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla de Lanzarote".

En la acusación se pone de manifiesto que en 2003 los imputados ya habían actuado de forma irregular al autorizar el proyecto de urbanización del plan parcial Playa Blanca, a pesar de que estaba en vigor una suspensión de licencias dictada por el Cabildo.

El Ayuntamiento continuó tramitando ese plan, a pesar de las advertencias del Cabildo sobre su ilegalidad y autorizó entre 2004 y 2007 la construcción de unas 600 viviendas, de las que se han llegado a construir cerca de 400.