El desahucio masivo de casi un centenar de personas que ocupaban una promoción de viviendas sin acabar en Playa Blanca se ha llevado a cabo este martes por la mañana bajo una importante presencia policial pero sin ningún tipo de incidentes.

Pasadas las diez de la mañana, agentes de la Guardia Civil y operarios de la empresa Explotaciones e Inversiones Adara, con su administrador Ignacio Díaz de Aguilar presente, han ido entrando en las viviendas ocupadas para retirar puertas y ventanas colocadas por quienes las han venido ocupando desde hace varios años.

La promoción, en el antiguo plan parcial Playa Blanca, consta de 68 viviendas, de las que 34 están construidas y la mayor parte ocupadas. El Ayuntamiento de Yaiza constató la existencia de al menos 99 personas residiendo en la zona, entre ellas unos 24 menores de edad.

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Arrecife ordenó el desahucio, como medida cautelar, solicitada por el promotor. Todavía no se ha fijado la vista del procedimiento judicial, por un delito leve, de usurpación pacífica de inmueble.

Antes del desahucio, los ocupantes había desplegado pancartas, en las que se podían leer mensajes como: “Todos tenemos derecho a tener una vivienda digna”, “Derecho a ser escuchados”, “Dejarnos sin vivienda también es vulnerar la familia” o “Más empatía, más humanidad, vivienda para alquilar”.

Una mujer desahuciada explica que vivía en el centro de Playa Blanca en un apartamento, del que le pidieron que se marchara “porque lo vendieron”. “No encontraba dónde vivir y me metí aquí”, señala. Su hija tuvo un aborto que le ha dado complicaciones y ha tenido que volver a someterse a una operación quirúrgica. “Hace tiempo que buscamos a dónde irnos, pero no encontramos”.

Una joven, “con nueve meses de embarazo” y un bebé que “puede salir en cualquier momento”, dice que no tienen “a dónde ir”. Lleva “fatal” la “incertidumbre”. “No sabemos dónde pasar la noche”. Residía desde hace “un año y cinco meses” en esta promoción de viviendas cuyas obras se paralizaron en 2006.

“Tenemos para pagar, pero no hay”

El dinero, en unas condiciones normales del mercado inmobiliario, no debería ser un problema, al menos en el caso de esta joven. “Tenemos para pagar una vivienda, pero no hay alquileres, solo habitaciones donde me aceptan a mí, pero dónde va a ir mi pareja y qué hago cuando nazca mi hija”, se pregunta.

En el corrillo que se ha formado este martes a primera hora de la mañana para atender a las televisiones, tercia un señor con marcado acento portugués. Insiste en que conoce a gente que se ha visto obligada a ocupar y que algunos incluso trabajan con él. Entre sus quejas, lamenta que se esté desahuciando, sin dar una alternativa, “a un señor que está con quimioterapia”.

Otra mujer, con una hija de dos años, lleva en sus manos varios documentos oficiales. “Tenemos un informe de vulnerabilidad pero no nos escuchan, no tenemos dónde pasar la noche”. Sus cosas, al igual que la de sus hasta ahora vecinos, están apiladas en la puerta. Los colchones se mezclan con algún electrodoméstico, maletas o sacos negros de basura para llevarse la ropa.

Una joven con un bebé de cuatro meses, “que nació prematuro”, envuelto en una pequeña manta, repite el lamento de que no tienen “dónde quedarse”. También introduce un matiz semántico en cómo se les denomina: “No somos ocupas, no somos personas malas”. Y apostilla: “Ocupamos porque en esta Isla no hay casas para alquilar, es imposible”.

Ignacio Díaz de Aguilar, comprador de las casas.

Pendiente del Supremo

Diez minutos después, comienza el desalojo, casa a casa, con el promotor Ignacio Díaz de Aguilar dando las indicaciones a la cuadrilla sobre el solar en el que apilar los restos que serán retirados de las viviendas, que adquirió en diciembre de 2022 por 4,3 millones de euros de precio fijo y hasta 1,7 millones de precio variable, dependiendo de las ventas.

Conocido abogado de los promotores del plan parcial Playa Blanca, también fue presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Un informe suyo sirvió de base para que el Ayuntamiento de Yaiza, hace dos décadas, en la etapa de José Francisco Reyes en la alcaldía, diese vía libre a una urbanización que nació bajo la polémica y terminó anulada por los tribunales.

Al plan parcial se le dio encaje en el Plan General de Yaiza de 2014, anulado por completo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y pendiente de que resuelva el Tribunal Supremo para determinar si esa nulidad es firme.

El desalojo, en imágenes