El Consejo Consultivo de Canarias ha avalado la resolución del contrato de concesión de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización de Lanzarote y La Graciosa adjudicado a Canal Gestión Lanzarote, al considerar acreditados incumplimientos “graves”, “estructurales” y “sistemáticos” en la prestación del servicio público.

El pronunciamiento figura en el Dictamen 205/2026, emitido el 27 de mayo, en el que el órgano consultivo concluye que la propuesta aprobada por el Consorcio del Agua de Lanzarote de resolver el contrato con Canal “se considera conforme a Derecho”.

El expediente de resolución contractual fue iniciado por la Asamblea General del Consorcio el 10 de abril de 2025 y afecta al contrato adjudicado el 26 de abril de 2013 a Canal de Isabel II, ejecutado posteriormente a través de la sociedad Canal Gestión Lanzarote.

El Consejo Consultivo analiza varias causas de resolución planteadas por el Consorcio, entre ellas la falta de ejecución de inversiones comprometidas, el incumplimiento del plan de explotación del servicio, el impago de cánones y la subcontratación de prestaciones principales.

Sin embargo, determina que la causa principal y prioritaria es el incumplimiento del plan de explotación y de la obligación esencial de garantizar un servicio regular y continuo de abastecimiento de agua.

El dictamen recoge que uno de los objetivos esenciales del contrato era reducir el volumen de agua producida y no facturada hasta situarlo por debajo del 30 por ciento, mientras que en la actualidad las pérdidas superan el 50 por ciento y, según algunos informes incorporados al expediente, alcanzan niveles superiores al 55 por ciento.

El mantenimiento de pérdidas de agua superiores al 50 por ciento, frente al objetivo contractual del 30 por ciento, evidencia “un incumplimiento estructural y sistemático” 

Según el órgano consultivo, los informes técnicos y jurídicos acreditan “de forma concluyente” un incumplimiento “estructural y sistemático” del plan de explotación ofertado por la concesionaria.

Entre las deficiencias detectadas menciona la falta de medidas eficaces de mantenimiento, la ausencia de sistemas adecuados de control y seguimiento de la red, la no ejecución de actuaciones de sectorización, la inexistencia de un plan efectivo de detección de fugas y la insuficiente implantación de herramientas de innovación y gestión.

El Consejo Consultivo considera que esas deficiencias han provocado una “grave perturbación” del servicio público, reflejada en “cortes de suministro continuos y diarios” en distintos municipios de Lanzarote y en la imposibilidad de garantizar el abastecimiento de manera regular.

El dictamen subraya que la regularidad y continuidad del suministro constituyen “la obligación principal del contrato” y que la afectación estructural del servicio “desnaturaliza la finalidad misma” de la concesión.

Asimismo, el órgano consultivo sostiene que existe una relación directa entre la falta de ejecución del plan de explotación y el deterioro del servicio, al entender que la ausencia de control sobre la red, la falta de detección y reparación de fugas y la insuficiente renovación de infraestructuras han derivado en pérdidas masivas de recursos hídricos y problemas recurrentes de suministro.

Incumplimientos de Canal

En relación con las inversiones comprometidas por la empresa concesionaria, el expediente recoge que el contrato contemplaba actuaciones valoradas inicialmente en más de 54 millones de euros para mejorar las redes de abastecimiento, saneamiento y reutilización de agua.

El Consejo Consultivo también analiza el incumplimiento relativo al pago del denominado Canon C, vinculado a ayudas y beneficios fiscales obtenidos por la concesionaria, así como la falta de suministro de información necesaria para calcular su liquidación exacta.

El dictamen considera ajustada a derecho la propuesta del Consorcio del Agua de Lanzarote para extinguir la concesión adjudicada en 2013 a Canal Gestión Lanzarote

Otro de los aspectos abordados en el expediente es la subcontratación de prestaciones principales relacionadas con la explotación y mantenimiento del saneamiento, cuestión que el Consorcio considera constitutiva de una infracción muy grave.

El dictamen señala además que la resolución del contrato no tiene carácter sancionador, sino que responde a la necesidad de afrontar una “situación de crisis contractual” para garantizar la correcta prestación de un servicio público esencial.

El Consejo Consultivo recuerda en su resolución que la potestad de extinguir contratos administrativos debe aplicarse con “cautela y prudencia”, aunque concluye que en este caso los incumplimientos apreciados tienen carácter persistente y no meramente ocasional, sin que conste su efectiva subsanación pese a los requerimientos formulados por la Administración.

El Consejo Consultivo aprecia una “perturbación grave” del servicio público y respalda también la incautación de la garantía definitiva a la empresa concesionaria

El órgano consultivo avala igualmente la incautación de la garantía definitiva constituida por la concesionaria, fijada en ocho millones de euros entre garantía definitiva y complementaria, y deja abierta la posibilidad de que el Consorcio tramite posteriormente un procedimiento específico para reclamar daños y perjuicios adicionales derivados del incumplimiento contractual.

La propuesta remitida al Consejo Consultivo también contemplaba imponer a la concesionaria la obligación de continuar prestando el servicio hasta que exista un nuevo adjudicatario.