M. Fernández Casañas

Polvo, ruido y desidia. Buggies y territorio

Hay una Lanzarote que se promociona en los folletos, otra en las redes, y otra más terrenal que se pisa en los caminos. La primera es la de la Reserva de la Biosfera, el paisaje volcánico y la singularidad que, según repiten nuestras instituciones, es el mayor activo de la isla. La segunda, a veces, es dañina para nuestro paisaje más frágil por los riesgos de masificación y destrucción. Otra es la que sufren a diario quienes viven y trabajan fuera de los circuitos turísticos. Hablamos de una caravana de buggies que cruza una finca, un barranco o un camino agrícola, dejando una nube de polvo y un suelo destrozado tras  el estruendo que provoca.

No se trata de una anécdota ni de lo que hacen unos cuantos desaprensivos. Estamos mencionando una actividad comercial, organizada, anunciada en internet y repetida cada día, que utiliza como pista de recreo un suelo rústico y unos espacios protegidos que no están hechos para eso.

El daño empieza por el suelo. Un territorio de jable y de lava, con una cubierta vegetal escasa y lenta en recuperarse, no resiste el paso reiterado de vehículos a motor. Se compacta, se erosiona, se abren rodadas nuevas y se arrancan las plantas que sujetan lo poco que hay. Lo que tarda décadas en asentarse se pierde tras  una excursión.

El propio Cabildo ha reconocido que estos vehículos suponen un riesgo real para la biodiversidad y ha abierto expedientes por circular en zonas de nidificación del guirre, un ave en peligro, y en un espacio donde habita la hubara canaria. Una especie que cría en el suelo, que depende de la quietud y que es sensible a la perturbación no puede convivir con un convoy de motores. El ruido no es un simple fastidio, pues fuerza el abandono de nidos, altera el comportamiento y expulsa a los animales de su propio hábitat. Y lo mismo vale para el ganado y los animales domésticos que viven en las fincas por las que pasan.

Quien vive junto a un camino rural, o quien busca en el campo un poco de calma, no ha elegido compartirla con una caravana motorizada. Un informe técnico de Política Territorial señala que estas excursiones transitan por pistas, caminos y hasta fincas privadas, generando ruidos, polvo y afecciones al entorno. Es decir, la administración lo sabe.

En esta discusión suele faltar quien más pierde, y este es el agricultor ya que los cultivos en arena, las huertas y los pastos son un sistema productivo que sostiene el paisaje que el turista fotografía. El polvo que levantan los buggies se posa sobre las hojas, tapa los estomas, mancha el fruto y complica la sanidad del cultivo, y cuando esa producción se resiente quien paga es el agricultor, no la empresa de excursiones. Se da la paradoja de que quien conserva el paisaje con su trabajo ve cómo se lo erosionan, a su costa, para que otro lo venda como «aventura».

Que un sector agrario ya frágil tenga que soportar además esta carga es una transposición de prioridades difícil de justificar.

El Cabildo ha advertido a los ayuntamientos de que las excursiones turísticas organizadas en buggies, quads o safaris en caravana no están permitidas en suelo rústico. Ha impuesto una primera sanción de 4.500 euros por circular en caravana dentro del Monumento Natural de Los Ajaches, y ha abierto otro expediente por seis buggies en el barranco de Las Piletas, en Guatiza. En julio, el consejero de Política Territorial anunció que esperaba tener en vigor una prohibición cautelar, pero ahí aparece la contradicción que lo explica todo. Lanzarote sigue sin un mapa oficial de rutas aptas para buggies y otros vehículos, aunque la ley canaria lo exige desde 2019. Siete años en que se ha permitido que una actividad prosperase en la ambigüedad, con cinco empresas principales operando y decenas de anuncios replicándolas, mientras la administración enviaba circulares, imponía alguna multa ejemplar y prometía medidas.

Una multa de 4.500 euros, en una actividad que factura sobradamente más, no es un castigo, es un coste de explotación. Y una vigilancia que depende de que los agentes sorprendan a una caravana in fraganti no protege un territorio tan extenso y tan frágil como el insular.

Algunas medidas que deberían adoptarse podrían ser las que se señalan a continuación:

  1. Prohibición cautelar inmediata y efectiva. Si el Cabildo dice tener los informes que la justifican, que la dicte y la publique.
  2. Red oficial de rutas, o ninguna. Cumplir de una vez la obligación de 2019. Si se decide permitir algún itinerario, que sea mediante una red cerrada, cartografiada, con estudio de impacto y con exclusión expresa de espacios protegidos, zonas de cría, caminos agrícolas y entornos habitados. Y si no hay itinerarios compatibles, lo coherente es admitirlo y no autorizar ninguno.
  3. Ordenanza insular reguladora. Que fije límites de ruido y de velocidad para cualquier  vehículo a motor, número máximo de vehículos por grupo, horarios, calendarios de exclusión en época de cría y un régimen de sanciones proporcional al beneficio obtenido y no a una tarifa simbólica.
  4. Los caminos agrícolas, para la agricultura. Reconocer su uso preferente agrario y establecer un protocolo ágil para que los propietarios puedan denunciar y para que su denuncia dé lugar a actuación.
  5. Responsabilidad de toda la cadena. No solo del conductor, también de la empresa organizadora, del comercializador y de las plataformas que anuncian la actividad. Sin intermediarios que lucren con lo ilegal, el negocio se encarece.
  6. Control real. Más agentes de medio ambiente, coordinación con el Seprona y policías locales, obligación de seguimiento por GPS a cualquier empresa que opere con autorización y retirada de la licencia a los reincidentes.
  7. Reparación a cargo del infractor. Quien daña, restaura. La restauración de suelos, vegetación y caminos debe costearse con la sanción y no a costa del erario.
  8. Compromiso municipal. Los ayuntamientos conceden o toleran licencias de actividad. Que ninguno ampare esta actividad en suelo rústico y que rindan cuentas cuando lo hagan.
  9. Difusión en los circuitos de promoción turística de los valores del suelo insular y la recomendación de no realizar ni contratar actividades que afecten a esos valores. 

Lanzarote presume de haber hecho de la protección del paisaje su seña de identidad. Parece una bonita historia pero solo será verdad cuando se cumpla, también cuando incomode porque haya un negocio de por medio y cuando quien protesta es un agricultor con polvo en sus plantaciones.

Defender el territorio no consiste en emitir comunicados tras cada infracción. Consiste en tener una norma clara, medios para aplicarla y la voluntad política de mantenerla aunque moleste. Hasta que eso ocurra, los buggies seguirán pasando, y el polvo, el ruido y la erosión se quedarán con nosotros.

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