El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, ha registrado en la Comisión de Pesca del Senado una moción en la que insta al Gobierno de España a aplicar con flexibilidad el Reglamento (UE) 2023/2842 y a defender ese mismo enfoque ante la Unión Europea, con el objetivo de garantizar la “viabilidad, seguridad y continuidad” de la pesca artesanal y de bajura en las regiones ultraperiféricas (RUP) como Canarias.

San Ginés considera los acuerdos alcanzados por las cofradías de pescadores y las organizaciones representativas del sector con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero se hace eco de la persistente preocupación del colectivo en Canarias, que entiende que la experiencia práctica en la aplicación del Reglamento y de su desarrollo normativo evidencia aún “la necesidad de una mayor flexibilidad, adaptación y diálogo continuo, con el fin de evitar efectos indeseados” en una actividad vulnerable.

El senador advierte de que la aplicación práctica por parte de las autoridades nacionales del Reglamento -donde se establece un sistema de control de la pesca orientado a objetivos de trazabilidad, control de capturas y lucha contra la pesca ilegal- está derivando en una interpretación restrictiva y rígida que no se desprende expresamente del propio texto. Tal y como expone el senador, esta situación conlleva la imposición de obligaciones diseñadas para flotas de gran escala, sin atender a las particularidades de las pequeñas embarcaciones que caracterizan al sector en el Archipiélago.

En la exposición de motivos de su iniciativa, San Ginés recuerda que la pesca artesanal y de bajura constituye un elemento “esencial” del tejido económico, social y cultural de numerosas zonas costeras del Estado y, especialmente, de regiones ultraperiféricas como Canarias, donde se trata de una actividad “estratégica” para el mantenimiento del empleo, la cohesión territorial, la soberanía alimentaria y la preservación de prácticas pesqueras tradicionales de bajo impacto ambiental.

También, San Ginés advierte de que en regiones ultraperiféricas como Canarias, las imposiciones planteadas por la UE tienen un efecto agravado debido a la fragmentación territorial, la lejanía del continente, las condiciones oceanográficas singulares y la estructura tradicional de la flota. Todo ello estaría derivando en “amenazas directas” para su viabilidad económica, al incrementar los costes y complicar la actividad diaria, además de poner en riesgo la continuidad de muchas embarcaciones y el relevo generacional.

Asimismo, San Ginés considera “especialmente preocupante” que esta aplicación restrictiva se esté produciendo sin haber hecho un uso adecuado de las cláusulas de flexibilidad, adaptación y proporcionalidad que recoge el Tratado de Funcionamiento de la UE para atender las singularidades estructurales y permanentes de las RUP.

Por todo ello, el senador nacionalista canario estima “necesario” que el Gobierno de España adopte una “posición activa” ante las instituciones europeas y, al mismo tiempo, “rectifique su enfoque interno” para apostar por una “aplicación flexible, proporcionada y adaptada del Reglamento” que permita alcanzar los objetivos de control y sostenibilidad sin comprometer la supervivencia de la pesca canaria.

La moción de San Ginés insta al Ejecutivo central, en primer lugar, a defender ante la Unión Europea una interpretación adaptada del reglamento europeo, teniendo en cuenta las singularidades de la pesca y del territorio de las RUP. En este sentido, recuerda que el propio Tratado de Funcionamiento de la UE permite aplicar medidas diferenciadas para estos territorios por su lejanía, insularidad y dependencia económica de sectores como la pesca.

En segunda instancia, se reclama al Gobierno que revise la interpretación excesivamente restrictiva que se realiza actualmente del Reglamento, con el fin de evitar la imposición de obligaciones adicionales que no estén claramente recogidas en la normativa europea y que resulten desproporcionadas para la realidad de las pequeñas embarcaciones artesanales.

En tercer lugar, la moción insta al Ejecutivo a garantizar que las medidas de control, seguimiento y localización se adapten a la realidad operativa, técnica y económica de la pesca artesanal y de bajura, de modo que no se comprometan ni la seguridad marítima ni la continuidad de la actividad.

Asimismo, se solicita al Gobierno que aplique “de manera efectiva” las cláusulas de flexibilidad y adaptación previstas en el reglamento europeo, mediante el establecimiento de regímenes específicos, excepciones o calendarios graduales para la flota artesanal en las RUP.

En quinto término, se demanda al Estado que refuerce el diálogo “permanente y efectivo” con los representantes de la pesca canaria, incorporando sus aportaciones tanto en el desarrollo normativo como en la aplicación del Reglamento, con el fin de corregir disfunciones y evitar impactos “irreversibles”.

Finalmente, la moción reclama que se garantice un apoyo técnico y financiero “suficiente”, a través de fondos europeos, estatales o autonómicos, para que las nuevas obligaciones de control puedan cumplirse sin que se conviertan en una “amenaza directa” para la viabilidad económica de la pesca artesanal y de bajura.