El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, se sentará de nuevo en el banquillo de los acusados el jueves 17 de diciembre. Lo hará junto al jefe de la Oficina técnica de Yaiza, Antonio Lorenzo y al ex secretario municipal, Vicente Bartolomé Fuentes, por un delito de prevaricación urbanística por la concesión de dos licencias para la construcción de 66 villas en el plan parcial Playa Blanca.

La primera licencia, de 56 casas, se concedió en el año 2005 a la sociedad Villas Blancas y la segunda, de diez chalés, a Pedro de Armas, que representaba a la sociedad Marivista y que, en aquella fecha, era compañero de partido de Reyes, además de socio en la empresa Comcaype.

La Fiscalía solicita dos años de prisión para los tres, así como la inhabilitación para cargo o empleo público durante diez años y que se anulen todos los permisos otorgados dentro de esos expedientes. La vista oral se celebrará en el Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife. El caso nació por una denuncia de Transparencia Urbanística en el año 2009.

En el escrito de acusación de Fiscalía se destaca que el secretario y el jefe de la Oficina Técnica emitieron sus informes “con la intención de dar apariencia de corrección” de las licencias, y que esos informes fueron la cobertura premeditada para justificar los permisos que firmó Reyes.

Según el fiscal, los tres imputados actuaron “con plena conciencia” de que las autorizaciones de construcción “eran carentes de todo amparo legal y sólo tenían por objeto satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos de la isla de Lanzarote”.

En la acusación se pone de manifiesto que en 2003 los imputados ya habían actuado de forma irregular al autorizar el proyecto de urbanización del plan parcial Playa Blanca, a pesar de que estaba en vigor una suspensión de licencias dictada por el Cabildo.

El Ayuntamiento continuó tramitando ese plan, a pesar de las advertencias del Cabildo sobre su ilegalidad y autorizó entre 2004 y 2007 la construcción de unas 600 viviendas, de las que se han llegado a construir cerca de 400.

El juicio se celebrará el 17 de diciembre y la Fiscalía solicita dos años de cárcel por prevaricación Reyes, Bartolomé y Lorenzo

Tanto el Cabildo como la Fundación César Manrique recurrieron en los tribunales el plan y las licencias concedidas, y los tribunales han anulado todo el plan parcial porque consideran que estaba extinguido desde 2001 por la Ley de Medidas Urgentes.

Varios compradores de casas dentro de ese plan parcial están logrando que la Justicia condene a los vendedores a devolverles el dinero pagado por sus casas por venderlas con “mala fe” al no avisarles de los problemas legales de la urbanización.

Por otro lado, con la aprobación del nuevo Plan General de Yaiza se ha aprobado, a su vez, un nuevo plan parcial que recoge las casas ya construidas y una parcela para construir un hotel.

Condenas y juicios pendientes

José Francisco Reyes ya tiene dos condenas, también por conceder licencias: una por transformar una vivienda en restaurante en suelo rústico y otra por la licencia otorgada para la casa del arquitecto Carlos Morales. Por este caso está cumpliendo una condena de seis meses que finalizará precisamente cuando se celebre esta vista oral, ya que entró en prisión el pasado 19 de junio.

El ex alcalde de Yaiza tiene un futuro complicado en los tribunales porque le esperan otros cinco procedimientos más, en los que le piden, sumando todos, más de 35 años de prisión, principalmente en dos de ellos, Stratvs y el caso Yate.

Las licencias “eran carentes de todo amparo legal y sólo tenían por objeto satisfacer los intereses de los promotores, en detrimento del resto de ciudadanos”

Vicente Bartolomé también está condenado en firme, y de hecho tuvo que dejar su plaza de secretario de Yaiza por ese motivo. Fue condenado por prevaricación por permitir construir nueve casas en Las Breñas sin informes favorables, a sabiendas de que se trataba de suelo rústico y no se podía edificar.

También está imputado en el caso Stratvs por informar favorablemente la licencia de actividades clasificadas para la apertura de la bodega. La Fiscalía pide un año y medio de prisión para él.

El otro acusado, Antonio Lorenzo, que sigue trabajando en el Ayuntamiento, también está acusado en el caso Yate, precisamente por su intervención en el expediente que permitió aprobar el plan parcial Playa Blanca y se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años.

En este caso, también compartirá banquillo con Reyes y con Vicente Bartolomé Fuentes, a quien le piden una pena de seis años y medio de cárcel por prevaricación urbanística y malversación.