El diputado por Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, ha vuelto a pedir "responsabilidades" al Gobierno de Canarias ante "el desconocimiento del estado de la contratación de la Residencia de Mayores de Lanzarote". Un proyecto que arrancó cuando Teguise cedió la parcela en 2018, tras conseguir una inversión de 19 millones de euros, fruto del compromiso del anterior presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, y del expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés.

"Desde entonces, pasados los años y la vida para tantas familias con personas dependientes en casa, seguimos sin saber cuál será el presente y el futuro de la gestión socio-sanitaria de la isla", lamenta Oswaldo Betancort.

"Arranca un nuevo curso y nadie tiene noticia alguna desde que el 4 de mayo de 2021 se colocara la primera piedra en un acto inaugural mediante, con presidentes de aquí y de allá, consejeros de un lado y de otro... todos ellos, desaparecidos y en absoluto silencio a día de hoy", añade.

"Es mi deber reformular la misma pregunta ante la Cámara Alta, y no me cansaré de insistir en saber cómo se va resolver ese contrato que no es una obra menor, sino un asunto vital y prioritario para Lanzarote y La Graciosa", asegura Betancort.

"Ya solicité en su día formalmente una reunión con la presidenta del Cabildo, porque la propia consejera del Gobierno de Canarias me apuntó desde su tribuna que no era competencia suya, sino de María Dolores Corujo, y continúo esperando a que se mueva la segunda piedra en ese terreno cedido por el Ayuntamiento que presido", apunta el parlamentario.

El diputado ya recordó en su día cuáles eran los datos que hacían urgente levantar un centro que ya nacerá obsoleto, puesto que la isla “cuenta con una oferta de 227 plazas en residencias, y con la construcción de la residencia en Tahiche serían 180 más, lo cual seguiría sin resolver el problema de la alta y creciente demanda", concluyó Betancort.

Lanzarote es la cuarta isla en relación a las plazas socio-sanitarias, por detrás de Tenerife, Gran Canaria y La Palma; y cuenta con unas 19 mil personas mayores de 65 años y se prevé que en 10 años esta cifra se duplique, lo cual hace necesario y urgente una planificación anticipada.