La asociación que agrupa a los residentes ha decidido contratar un servicio jurídico para que les represente ante la demora ya de año y medio de la institución insular
Los vecinos de Valterra siguen esperando al Cabildo para registrar 70 viviendas
La asociación que agrupa a los residentes ha decidido contratar un servicio jurídico para que les represente ante la demora ya de año y medio de la institución insular
Primero se comprometió el Ayuntamiento de Arrecife pero hubo cambio de alcaldesa y se negó a seguir los trámites. Así que fue el Cabildo quien se comprometió a recibir las escrituras, inscribirlas y después traspasarlas a sus legítimos propietarios, pero cuatro años después de nuevo cambió el gobierno y lo que parecía que iba a ser un trámite se ha vuelto a complicar.
Para que las setenta casas de Valterra que aún no están a nombre de sus propietarios puedan estarlo se aprobó incluso una ley, el 15 de junio de 2023, que autoriza al Instituto Social de la Marina a donar al Cabildo las viviendas y que este, a su vez, las entregue a los propietarios. Las viviendas están en manos del Cabildo, que tenía la intención de formar una Mesa técnica de gestión con un aparejador, un jurista y el apoyo de un psicólogo, además de contratar a una gestoría para los gastos derivados de la transmisión. El proceso ha entrado en un compás de espera y la asociación que agrupa a los vecinos ha decidido contratar ya un servicio jurídico para que les represente.
Antonio Betancort fue el presidente de esta asociación, dejó de serlo durante un tiempo y ahora ha vuelto a asumir la presidencia. Recuerda que el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, dijo que se iba a reunir con los vecinos y aún no lo ha hecho. “El presidente dijo en la radio que en las fiestas de Valterra iba a dar una sorpresa, y la sorpresa fue que no fue a las fiestas”, señala. Dice que prometió “hechos y no palabras”. “Yo no vengo a la política a engañar a la gente de Valterra”, aseguró.
La primera reunión entre los vecinos y el Cabildo, a la que asistió el consejero de Vivienda, Miguel Ángel Jiménez, junto con dos técnicos, no fue bien. Señala Betancort que “llegaron sin documentación cuando ellos lo tienen todo”. Después, el consejero fue a Valterra a reunirse con los vecinos y tampoco fue bien. “Dijo que él no era cualquiera, pero nosotros tampoco -señala Betancort-, porque llevamos más de veinte años con esto”, primero como Mesa negociadora dentro de la asociación Los Marinos de Valterra y después como asociación propia desde 2012.
Antonio asegura que no se han negado a entregar documentación al Cabildo y que no entienden que la Corporación insular no quiera la ayuda de la asociación cuando ha resultado eficaz en la entrega de las otras viviendas. “Hemos logrado entregar ya 120 viviendas a base de los recibos de agua y de luz... y de luchar”, señala Betancort, que pide al Cabildo que no ponga tantos inconvenientes, “cuando lo que debería hacer es arreglar el problema, no buscar más problemas que soluciones, que cada vez que los vecinos le llevan un documento les pide otro”.
“Dijeron que no iban a hacer política con las casas, pero es lo que hacen”
El PSOE presentó una moción en el pleno del Cabildo en el mes de febrero “para abonar los gastos ocasionados por la custodia de documentación a los vecinos de las viviendas de Valterra”. Los vecinos solicitaron que la institución insular se hiciera cargo de abonar los honorarios profesionales generados por la recopilación y custodia de la documentación, pero la moción fue rechazada. El consejero Jiménez insinuó que había que investigar de quién era la gestoría que iba a hacer esas gestiones y dijo que la anterior presidenta, Loli Corujo, había hecho política con este asunto y que ellos no lo iban a hacer.
Jiménez dijo en ese pleno que no había ningún acuerdo previo para el abono de los gastos y que no había una aceptación por parte del departamento de Intervención. También dijo que había un “secuestro de la documentación” porque no la tenía ni el departamento jurídico, ni el departamento de vivienda, y que lo que hizo fue poner a personal funcionario del Cabildo a disposición de los vecinos y que ya tenía información de 52 viviendas. “Vamos a esperar a final de mes (febrero) para ver si las 18 viviendas que nos faltan nos traen información y, si no, entregárselo al departamento jurídico para que empiece a trabajar. Las que pueda entregar este Cabildo la va a entregar”, señaló. Pero han pasado diez meses.
Disconformes
“Estamos muy disconformes con esta forma de proceder, dijeron que no iban a hacer política, pero es lo que están haciendo”, dice Betancort, que se teme que haya alguna cuestión añadida: “El suelo de Valterra es un caramelo, en el avance del Plan General aparece pintado de gris, como si fuera una vía o futura vía y para eso hace falta quitar cuatro casas junto al parque. El Instituto de la Seguridad Social solo tardó seis meses en ceder las casas y nos tememos que la tardanza sea por algo relacionado con el urbanismo, porque si no, no se entiende”.
Uno de los problemas para los vecinos de esta tardanza es que hay propietarios que tienen inquilinos que no pagan, no se quieren ir y no se les puede echar porque quien debería instar el desahucio es el Cabildo. También dice que hay personas mayores que han fallecido sin ver cumplida la satisfacción de poder dejar la vivienda a sus hijos, con tranquilidad, después de media vida pagando la vivienda. “Hay varias señoras mayores que están ahora en en la misma situación”, señala el presidente de la asociación.
Problemas
La Corporación insular alega que hay que acreditar quiénes son los dueños o herederos
Miguel Ángel Jiménez señala que no es tan fácil, que siguen trabajando pero que se han encontrado problemas cuando han acudido al notario y al Registro. Dice que en noviembre tuvo una reunión en Madrid con el Instituto Social de la Marina “que son quienes tienen toda la información de los propietarios” y que también han tenido problemas para ceder las otras 120 casas.
Jiménez señala que al ser una Administración pública no puede entregar la vivienda a cualquiera, porque tienen que demostrar que son los propietarios o los herederos y que están buscando una solución “jurídica”. “Parecía que estaba claro pero no está tan claro”, asegura. Cuestionado sobre si los vecinos tienen la documentación adecuada, señala que ellos “tampoco tienen nada, ese es el problema” y que los problemas afectan a la mayoría de las casas, no solo a unas pocas viviendas.
El Instituto Social de La Marina comenzó a construir 200 viviendas de protección oficial en 1955 en un terreno entonces alejado del centro de Arrecife pero cercano a Puerto Naos, que se acabó llamando Marqués de Valterra.
El Ayuntamiento de Arrecife donó el suelo y en la construcción participaron las distintas conserveras que estaban instaladas en la ciudad. Las financiaron tres empresas conserveras con el compromiso de que pasaran a los inquilinos después de un tiempo y unas condiciones de pago determinadas. Pero después, dos de esas conserveras, Garavilla y Rocar, pleitearon para quedarse con algunas de esas viviendas. El pleito fue favorable al Instituto Social de la Marina, que después tenía que traspasar la titularidad a los vecinos.
De las 200 viviendas, ya solo quedan 70 por pasar a sus propietarios legítimos. De esas 70, 40 eran de Garavilla, 10 de Ojeda (Conserveras Canarias) y 20 de Rocar. De las setenta casas, cuarenta se encuentran en la calle Clavijo y Fajardo, diez en Benito Pérez Armas y otras veinte en la calle Adolfo Topham Martinón.
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