El pleno del Consejo Consultivo emitió este martes un dictamen favorable al proyecto de ley del suelo impulsado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Una iniciativa que ha generado posiciones contrarias entre partidos políticos y sectores implicados y que ha avivado el debate sobre la gestión del territorio en el Archipiélago.

El último en posicionarse al respecto ha sido el Colegio Oficial Interinsular de Arquitectos de Canarias, que emitió recientemente un demoledor informe en el que definió el proyecto de Ley como impreciso, de carácter excesivamente reglamentista, injusto, confuso o desequilibrado, entre otros aspectos. 

Aparentemente, el dictamen del Consultivo – que fue aprobado por unanimidad- da un impulso a la iniciativa al concluir que se ajusta “con carácter general” a derecho. Sin embargo, las 160 páginas del informe contienen unas observaciones de legalidad y seguridad jurídica que recalan en los apartados más discutidos de la ley. Así como una serie de recomendaciones técnicas a lo largo del articulado de la misma.

Si bien el Gobierno no se ve obligado a hacer una revisión de la norma en profundidad, puesto que el pronunciamiento del Consejo carece de fuerza vinculante, el dictamen deja entrever una serie de advertencias que, de llevarse a efecto, modificarían la esencia del proyecto estrella de Clavijo.

El informe autonómico vinculante

Uno de los principales cambios que propugna la Ley del Suelo es el de incrementar las competencias de los ayuntamientos y cabildos respecto al planeamiento, restando las de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que podría ser sustituida por otro órgano.

El proyecto propone un sistema horizontal por el que la aprobación inicial o definitiva de los planes generales de ordenación y de los territoriales dependería de las administraciones locales e insulares, para acortar plazos. Asimismo, estipula que, tras la aprobación inicial del planeamiento insular, el Ejecutivo canario emitiría un informe único, preceptivo y vinculante.

Dicho informe opera como sistema de garantía y evita el vaciamiento de las competencias en materia de urbanismo que ostenta la comunidad autónoma. Sin embargo, el Consultivo advierte de que su regulación en el proyecto de Ley resulta “insuficiente”.

El motivo se centra que el texto estipula que el Gobierno regional solo deberá limitarse a responder a los términos de la petición cursada por los cabildos y ayuntamientos, cuando a juicio del Consejo debería fijarse también en cuestiones que puedan incidir en el análisis competencial o de derecho material. Es decir, todos los aspectos de la legalidad, con lo que el planeamiento pasa a convertirse en una decisión compartida (no horizontal, sino vertical).

“Podría resultar más acorde al Derecho estatal básico un reforzamiento del informe vinculante de la Administración autonómica, de tal forma que incluyera un pronunciamiento sobre la legalidad y la no afección a las cuestiones de índole supralocal del plan formulado por la Corporación Local. Así corregidos, los arts. 104.4 y 145.3 PL resultarían conformes al parámetro de legalidad aplicable”, puntualiza.

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