-El Ayuntamiento de Yaiza tiene en licitación para los próximos siete años y por más de 23 millones de euros la gestión de los residuos, un ámbito en el que ha habido críticas de la oposición. ¿Cuál es el objetivo del Consistorio con el nuevo contrato?

-El Ayuntamiento está haciendo una apuesta seria y firme en cuanto a la gestión de residuos. Hay empresas que se están interesando en la licitación y, con el nuevo contrato, lo que se quiere es lograr un vuelco total, con sustitución de contenedores por otros de carga lateral y con la incorporación del quinto contenedor [exclusivamente para restos orgánicos], con mejoras en las rutas, también en las condiciones de trabajo de operarios, y la recogida de residuos voluminosos y enseres, o de restos de poda. Yaiza va a tener puntos limpios móviles en el municipio. Es un servicio fundamental, que debe funcionar bien, tanto para los residentes como para los turistas. El Ayuntamiento nunca ha escatimado recursos, pero ahora se va a contar con la herramienta adecuada. Nadie quiere que se vuelvan a ver imágenes de acumulación de basura en determinados puntos del municipio.

-¿El nuevo servicio estará en funcionamiento en 2024?

-Ese es el objetivo. Lo ideal sería que fuera antes del verano, pero no se va a llegar por los tiempos de la licitación. Queríamos contar con un pliego de condiciones bien pulido para tener el mejor servicio posible y cubrir todas las incidencias. Es importante destacar que las empresas que concurran tienen que presentar un plan de transición en el servicio y se valora más quien lo ponga en marcha cuanto antes. La previsión es que a finales de verano esté adjudicado y se ponga en marcha lo antes posible.

“El Ayuntamiento está haciendo una apuesta seria con la gestión de residuos”

-Yaiza está sufriendo la carencia de vivienda a un precio asequible para las personas que trabajan en el sector turístico. Estaba prevista la construcción de vivienda pública por parte del Gobierno de Canarias. ¿Se sabe ya cuándo?

-En la última visita que hicimos a la parcela cedida por el Ayuntamiento al Gobierno, con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, nos trasladaron que ya se había entregado el proyecto de ejecución y que calculaban que en junio podría iniciarse la licitación. Hemos pedido que se agilice la construcción de esas 126 viviendas, que serían las primeras de las 226 que tenemos garantizadas en el Plan de Vivienda. Estamos viendo otras posibles parcelas para esa finalidad y también analizando el cambio en la normativa que permita destinar suelo dotacional a vivienda. En concreto, estamos estudiando la posibilidad de intervenir en una gran parcela pública de unos 200.000 metros cuadrados en la urbanización Castillo del Águila, en Playa Blanca, para destinar una parte a vivienda de promoción pública, y otra a un instituto, a un centro social y a parque urbano, para que haya equipamientos, sobre todo en el ámbito educativo. También se ha planteado a instituciones supramunicipales como el Cabildo que compren en la promoción de 42 viviendas que están casi terminadas en Montaña Roja para destinarlas a alquileres baratos, para familias que lo necesiten.

-Es un hecho la existencia del fenómeno de la ocupación en Playa Blanca, como se apreció en el desahucio de casi un centenar de personas el pasado enero. Se observa cómo empleados del sector turístico están viviendo en un estado de marginalidad ante la falta de alternativas próximas a su lugar de trabajo. ¿Sabe el Ayuntamiento cuántas personas están en esa situación?

-El Ayuntamiento está elaborando informes de vulnerabilidad para personas que se encuentran en esa situación. El siguiente complejo donde están residiendo ciudadanos en esas condiciones es uno próximo al Faro de Pechiguera. Es un fenómeno derivado de la falta de vivienda y de alquileres abusivos, pero también es complejo. Hay un porcentaje de personas en situación de irregularidad, que están trabajando sin estar dados de alta. Existe la economía sumergida y hay situaciones delicadas. Los grandes tenedores de viviendas para alquilar se lo piensan mucho con el argumento de evitar posibles impagos y se vuelcan en el segmento vacacional, que sin duda hay que regular.

“Se ha planteado comprar viviendas casi terminadas para alquileres baratos”

-Está sobre la mesa el anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, en el que se destaca que Yaiza está a la cabeza en el uso vacacional, con el 22 por ciento de la vivienda destinado a este fin. ¿El Ayuntamiento va a presentar aportaciones?

-Estamos estudiando la normativa, pero sí queremos hacer aportaciones. A priori, se carga a los ayuntamientos con responsabilidades para las que nos pueden faltar recursos humanos. Eso sí, con que se tiene que regular estamos totalmente de acuerdo, porque el fenómeno se ha disparatado. Estamos en la actualidad en unas 2.600 viviendas vacacionales en el municipio y, después de que se publicó el anteproyecto, se han incorporado unas 66 más, no paran de sumarse. Creemos que no es conveniente que confluya el uso vacacional con el residencial, porque los ritmos de vida del residente y del turista son distintos y puede generar conflictos.

-Recientemente se aprobaba el informe ambiental del proyecto de saneamiento en El Golfo, algo que se lleva reclamando desde hace años por el Ayuntamiento, al tratarse de un Parque Natural en el que, al final, esas aguas se filtran al subsuelo o terminan en el mar... ¿Cuándo será una realidad?

-Para El Golfo había un millón de euros de financiación del Gobierno central. Teníamos cuatro años para ejecutar los fondos, pero se perdió mucho tiempo en decidir quién tenía que solicitar las autorizaciones. El Ayuntamiento tomó la iniciativa, pero la respuesta gubernamental fue que no era el que tenía que hacerlo. Sí hemos modificado el proyecto para sacar una estación de bombeo del área de influencia de Costas, un departamento que todavía se tiene que pronunciar. Se ha encargado la actualización de precios del proyecto y el Ayuntamiento, aunque esta sea una obra que le corresponda al Consorcio del Agua, ha mostrado su disposición a colaborar económicamente si hace falta. En noviembre de 2025 tiene que estar terminada y justificada la obra, por lo que vamos a contrarreloj. Es un proyecto no solo importantísimo por el aspecto medioambiental que comentaba sino también en el plano urbanístico, porque hay sentencias que concluyen que sin saneamiento no se puede considerar un núcleo como urbano. Y, mire, se acaba de acordar en el pleno del Cabildo la suspensión del planeamiento en La Graciosa para desatascar el proyecto de saneamiento. ¿Por qué no han hecho lo mismo con El Golfo?

“Hay unas 2.600 viviendas vacacionales en Yaiza y se están sumando más”

-El Cabildo ha encargado por más de 200.000 euros el proyecto para tratar de solventar el problema del socavón junto a la carretera que va a Los Hervideros, que se siguen visitando pero de forma menos ordenada. ¿Cuál es el criterio del Ayuntamiento?

-Efectivamente, la carretera desde La Hoya a Los Hervideros está cerrada por el socavón junto a la carretera, que lleva ya tres años cortada. Por el otro lado se puede avanzar pero llegas a una especie de fondo de saco, improvisado, con el acceso al aparcamiento bloqueado. Pero la verdad es que hay un lío de coches en la carretera, quienes saltan las vallas y llegan caminando... no creo que se esté evitando el peligro realmente. Pedí abrir el aparcamiento y que se bloquease el acceso allí donde existiese algún riesgo, con señalización y seguridad.

“La visión de futuro con la carretera de Los Hervideros sería rodar el trazado”

-El planteamiento técnico que se sugiere desde el Cabildo es la construcción de una especie de pilares que sostengan la carretera en la zona del socavón. ¿Se descartó desplazar la carretera hacia el interior y recuperar el paisaje afectado por la actual vía?

-El planteamiento que se hizo desde el Ayuntamiento desde el minuto cero fue rodar la carretera hacia el interior, por emergencia. Con esa solución que mencionaba para el socavón, el coste ya pasa de los 3,6 millones de euros solo en ese punto, porque hay que meter unos pilares por debajo de la carretera, como quien mete unos puntales en una casa. Pero claro, la cuestión es que se ha detectado en otras zonas de la carretera que puede haber riesgos de desprendimientos en el futuro. Es una zona donde el mar va a seguir azotando y descalzando la costa. Creo que rodar la carretera hacia el interior, con un buen trazado, sería tener visión de futuro para habilitar una vía que no vaya a sufrir nuevos socavones durante años, además de que habría menos carga en la proximidad del litoral.