“Mamá, ¿por qué dicen que vamos a salir por las buenas o por las malas? ¿Quieren pegarnos?” La frase es de una niña de ocho años, que el pasado 4 de abril, rodeada de policías, tuvo que salir de la casa en la que nació y en la que su familia había vivido durante casi dos décadas. Más de 15 agentes acudieron para ejecutar el desahucio de una familia con cuatro hijos que no pudo hacer frente a la hipoteca cuando se duplicó el precio de las cuotas.

“Para criminales, para asesinos y para terroristas no vienen así, con cascos, con palos y gritando y asustando a los niños”, lamenta su madre, que desde ese día sigue viendo a diario el miedo bañado en lágrimas en los ojos de su hija. “Se le ha quedado en la cabeza. Tiene una cosa en el corazón y no puede sacársela”, dice de la más pequeña. Irene, que presenció el desahucio, asiente con pesar: “Si a mí que lo veía desde fuera me impresionó y me hizo llorar esa imagen, no quiero imaginarme lo que le hace a una niña”.

Tampoco Fernando, a sus 61 años, olvidará el día en que tuvo que dejar la casa en la que había pasado toda su vida. Fue el pasado 28 de marzo, también en el barrio de Argana Alta. “Ese día fue fatal. Fue un derrumbe total. Estuve aquí muerto, llorando”, cuenta desde el antiguo corral que hoy le sirve de techo. Junto a él, fueron desahuciados de la misma casa su hermano Roque y la hija de este, de solo 12 años. La niña estaba en el colegio cuando se consumó el desahucio y no tuvo que presenciarlo. Cuando salió de clase, su vida había cambiado.

Las historias de ambas familias son muy distintas, pero tienen un denominador común: tras el desahucio, ha sido la solidaridad de algunas personas lo que les ha permitido sobrevivir. Y es que aunque trabajan y cuentan con unos ingresos estables, la falta de alquileres y los precios desorbitados hacen que eso ya no sea suficiente para cubrir la necesidad más básica: una vivienda digna.

“A mí no me ha ayudado nadie, solo mi familia. Y gracias a Dios, por lo menos tengo un techo. Mira la lluvia que cayó hace unos días. Si no llego a tener esto, me muero”, cuenta Fernando, que ahora vive con su hermano y con su sobrina en un antiguo corral que tenían sus padres en el Camino Viejo de Güime, sin luz y sin agua caliente.

La otra familia ha sido acogida temporalmente por unos parientes. En total, 12 personas compartiendo estrecheces en una casa de solo dos habitaciones. Los tres hijos pequeños -de ocho, 15 y 16 años-  duermen en el garaje. La madre y el hijo mayor, de 18, en un sofá en el salón. El padre, que trabaja con turnos de mañana y de noche para sacar adelante a su familia, duerme en la casa cuando hay hueco libre y si no, en el coche. Es la vida tras un desahucio. Lo que llega el día después.

“En la calle”

“Cuando salimos de ahí, gente que me vio y sabe del desahucio me llamó para dejarnos pasar algún día en su casa hasta que encontráramos algo. Estaba con cuatro niños en la calle y ni Servicios Sociales, ni la prensa, ni nadie vino para ver dónde iban a dormir esa noche”, recuerda su madre, que prefiere no ver publicado su nombre ni su imagen para proteger a sus hijos de una crueldad que ya han vivido en carne propia. “Mi hija llegó del colegio llorando porque una compañera le dijo: Ja, te quitaron la casa”.

Desde entonces, pese a que todas las administraciones conocían su situación, porque habían tocado todas las puertas, nadie les llamado ni se ha preocupado por “dónde están esos niños”. El día del desahucio había cinco patrullas de la Policía Nacional, dos de la Policía Local y dos furgones, pero ni una sola persona de Servicios Sociales, pese a que había tres menores implicados.

Con familiares

Aquella noche terminaron en casa de unos familiares, y allí continúan desde entonces, sin saber cuánto tiempo podrán quedarse. “Por la mañana, cuando cada uno se va a trabajar o a estudiar, hay una cola para entrar al baño. Y una cola para entrar a la cocina. Cada día es lo mismo y no sé cuánto van a aguantar”.

Esta madre sufre por sus hijos, porque sabe que “no están bien”, pero también por la familia que los acoge, porque sabe que ahora no están cómodos en su propia casa. Sin embargo, el problema es el mismo que llevan sufriendo desde hace más de un año: no consiguen encontrar un alquiler.

“Yo no estoy sentada. Todo el que me conoce sabe que no paro de buscar, pero no encontramos, y si encontramos es muy caro”. En el último piso que vieron, en San Bartolomé, les pedían 940 euros al mes, y exigían que la nómina triplicara ese importe. Y ni siquiera el salario medio en Canarias, que es lo que cobra su marido, se acerca a esa cifra.

“No estamos mal económicamente, estamos bien. El problema es que no hay alquiler”, insiste. De hecho, su situación es mucho más desahogada de la que tenían hace diez años, cuando se iniciaron los problemas que les llevaron a perder su casa. “A mi marido le subieron el sueldo, trabaja por la noche y por la mañana”, explica. De hecho, la suma de los ingresos familiares hizo que se les denegara el certificado de vulnerabilidad, que podría haberles protegido del desahucio. Pero su vulnerabilidad está en que que “no hay vivienda”.

“Mi hija llegó del colegio llorando porque una compañera le dijo: ‘Ja, te quitaron la casa’”

Hoy podrían pagar un alquiler de hasta 800 euros mensuales, pero no lo encuentran. Y además, la lista de requisitos es inmensa. Por ejemplo, les han rechazado porque los caseros no quieren niños. O porque no quieren más de tres personas en la casa. Incluso por ser árabes. “Una mujer que conozco que tiene viviendas, me dijo: Yo nunca voy a alquilar para moros”. Y es que después de haber vivido y trabajado durante más de 20 años en la Isla, el racismo es otra de las cosas contra las que tienen que luchar.

También le ocurrió cuando aún intentaba frenar el desahucio y contó su historia en los medios. Mucha gente escribió comentarios diciendo “vete a tu tierra” o “llama a Mohamed VI para que te ayude”, y esas palabras aún le causan dolor a ella y a toda la familia. A su marido, que lleva 26 años en la Isla, y especialmente a sus hijos, que nacieron en Lanzarote, son españoles, han crecido y vivido aquí, y no conocen otra tierra que no sea esta.

“Mi hijo me pregunta: ¿Qué ganaste, mamá? La gente se ríe”. Pero ella no se resigna y, pese a las dudas iniciales, decide contar su historia. Porque sabe que no es solo su familia, que hay muchísimas más en esta situación en toda la Isla, y se pregunta dónde están. Porque no se rinde. Porque quiere que alguien se ocupe del gravísimo problema de vivienda y les dé una solución.

Hipoteca duplicada

Eso es lo mismo que querían hace 21 años, cuando compraron su casa aún sobre plano, con mucha ilusión y con una hipoteca que creían que iba a ser de 350 euros al mes. Por problemas de idioma, por desconocimiento o por la deficiente información que ofrecían entonces las entidades bancarias, se vieron atrapados en un callejón sin salida. Desde que recibieron las llaves, la cuota que creían que iba a ser fija no paró de subir. Primero 475 euros, después 570 y finalmente 700 euros, cuando su marido solo ganaba entonces 1.000 euros al mes. Intentaron incluso entregar la casa, pero el banco les disuadió. Finalmente, después de diez años, empezaron a dejar de pagar las cuotas.

Cuando trataron de volver a hablar con el banco para buscar una solución, se vieron además atrapados en fusiones y crisis bancarias. Su banco, Bancaja, pasó a ser Bankia, y la comunicación se complicó aún más. Y la puntilla llegó cuando un fondo de inversión compró su deuda. “La gente cree que no queremos pagar, que somos okupas o gente mala y que queremos vivir gratis. No saben que nosotros buscamos soluciones y no las encontramos”, explica. La última fue pedir a ese fondo de inversión que les dejara pagar un alquiler y quedarse en la casa, pero lo rechazó. Hoy, tras conseguir que se desalojara a esta familia, la casa está vacía y han puesto rejas en puertas y ventanas, quizá a la espera de venderla y rentabilizar al máximo su inversión.

“Mi casa estaba pagada, solamente quedaban los intereses, pero he perdido la casa y he perdido el dinero”. ¿Y las cosas que tenían dentro? ¿Pudieron sacarlas? Ahí la voz se quiebra recordando de nuevo ese día del desahucio. “Poquito”, alcanza a decir antes de que aflore el llanto. Se recompone: “Un poco de ropa, una nevera, la lavadora, un poco de ropa de los niños, libros del colegio...”.

Sin luz ni agua caliente

Fernando y Roque también tuvieron que dejar atrás muchas de sus pertenencias cuando se consumó un desahucio contra el que llevaban años luchando. “Cogieron lo básico, lo que pudieron. No nos dio tiempo a nada porque pensábamos que se iban a quedar. Tenían los dos el certificado de vulnerabilidad y también uno del Instituto Canario de Vivienda, pero el Juzgado no se los aceptó”, recuerda su hermano Miguel Ángel.

Su caso es de sobra conocido en la Isla, porque durante años hicieron pública su batalla contra Iveco y contra la Diócesis de Canarias; pero no lo es tanto lo que ha sido de ellos después de que se ejecutara el desahucio el pasado 28 de marzo.

Ese día, cuando la niña de 12 años salió del colegio, ya no pudo volver a casa. Desde entonces vive con su padre y con su tío en lo que un día fue un corral de animales que tenían sus abuelos en el Camino Viejo de Güime. “Ahora era un garaje pelado donde tenía yo mis cosas del taller de carpintería”, explica Miguel Ángel, que les cedió este espacio. Ni siquiera tenían luz ni agua caliente, porque está en suelo rústico protegido. Ahora tramitan los permisos para recibir electricidad, acogiéndose a la antigüedad de la edificación.

“¿Cómo lo voy a llevar? Con calma y tranquilo, qué voy a hacer. Me tengo que quitar los nervios, porque me van a enfermar más de lo que estoy”

Donde un día se almacenaba la paja y la hierba para alimentar a los animales, han habilitado dos pequeños espacios, uno para Fernando y el otro para Roque y para su hija. Metieron camas, un ropero, una pequeña mesa, una cocina de gas... En la misma estancia duermen, cocinan, comen y viven. El único baño, que tuvieron que acondicionar a toda prisa, está en el exterior. Se accede a él por una zona que está casi a la intemperie. Y de noche, con ayuda de una linterna, por la falta de luz.

Fernando también tiene en su habitación un pequeño foco con pilas, para cuando cae el sol. “El teléfono se lo lleva mi hermano a su casa para cargarlo. Y a las 10 de la noche, a la cama a dormir”, relata. “¿Cómo lo voy a llevar? Con calma y tranquilo, qué voy a hacer. Me tengo que quitar los nervios, porque los nervios me van a enfermar más de lo que estoy”.

Esos “nervios” previos al desahucio, cree que fueron los que le hicieron primero sufrir una operación de urgencia en el aparato digestivo, y dos semanas después un infarto. “Fue la presión que tenía de que me iban a echar”, afirma. Ahora lleva cinco meses de baja médica en el trabajo y vive pegado a una caja de cartón llena de pastillas. “Estoy fatal. Hace unos días estuve otra vez ingresado y estoy todo asfixiado”.

La niña necesita espacio

Al menos da gracias de que tienen agua -de obra, no doméstica-, aunque sea fría. Para que la niña pueda ducharse, la calientan como pueden con un cazo y un balde. Es ella la que más preocupa a su padre y a toda la familia. “Tiene doce años y necesita su intimidad. Necesita su espacio para hacer los deberes, para hacer cualquier cosa”.

En su caso, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife sí acudió al inmueble tras el desahucio, para ver en qué condiciones estaba la niña. Y según sus tíos, su conclusión fue que “tiene un techo, tiene un baño y está bien”. Pero de ayudas, nada. “Dicen que no hay casas y que no pueden ayudarnos, pero como instituciones públicas deberían buscar algo. Yo sé que pueden hacer algo”, reclama Miguel Ángel.

“A lo mejor hay de 800 euros, pero más agua, luz, gasolina... ¿Qué te queda para comer con la chinija? La gente se ha vuelto loca elevando los alquileres”

Roque también tiene un trabajo estable, pero actualmente le resulta imposible encontrar un alquiler para él y para su hija. “A lo mejor hay de 800 euros, pero más agua, luz, gasolina...¿Qué te queda para comer dos personas? ¿Cómo lo haces? La gente se ha vuelto loca, no es consciente de que los alquileres no pueden elevarlos tanto”, cuestiona su hermano.

Ahora está en trámites para solicitar una vivienda de protección oficial, con la esperanza puesta en las que se están construyendo en Maneje, pero es consciente de que la lista de solicitantes es inmensa. Mientras tanto, continúa poco a poco tratando de acondicionar el lugar que hoy les sirve de techo. Roque ha comprado un pequeño motor para poder tener electricidad al menos unas horas al día en la habitación que comparte con su hija, y esperan levantar un tabique para separar la cocina y “que no se metan los olores en la habitación”. Y siguen la batalla judicial contra Iveco con ayuda de sus otros cuatro hermanos, que están volcados con ellos “como una piña”.

“Hay que tener mala fe”

Su historia se remonta a mediados de los años 60, cuando Leopoldo Díaz cedió a la Iglesia unos terrenos en Argana, para construir viviendas y destinarlas a familias sin recursos. Una de ellas fue asignada a sus padres. “A mi madre se la dio directamente la madre de Don Polo, porque tenía amistad con mi abuela y nuestro hermano acababa de morir atropellado”, precisan sus hijos. Pero quien escrituró esas viviendas a su nombre fue la Diócesis de Canarias. Y en el año 2006 decidió vendérselas a la empresa Juan Antonio Rivera SL, concesionario de Iveco.

La empresa empezó a desalojar entonces a todas las familias, pero su madre resistió y ganó todos los pleitos. Cuando falleció en 2022, Iveco “volvió a la carga” para echar a sus hijos. A los que la cuidaron hasta sus últimos días. A Fernando, que desde que nació ha vivido siempre en esa casa, y a Roque, que se mudó allí con su hija tras separarse de su pareja. Ahí la Justicia falló a favor de la empresa y sin que la sentencia fuera firme, aceptó la petición de ejecutar el fallo.

Ahora los hermanos están pendientes de una aclaración de sentencia que pidieron a la Audiencia Provincial. “Dice que los descendientes también tendrían derecho al comodato si estuvieran nacidos cuando se les dio la vivienda a mis padres, pero comete un error: pone que la casa se la dieron en 1960, pero fue en 1965, cuando mi hermano Fernando ya había nacido”, subraya Miguel Ángel. En caso de que la Audiencia rechace su tesis, acudirán al Supremo.

Saben que la casa ya no la van a poder recuperar, porque la empresa ha derribado uno de los laterales y ha quedado inhabitable, pero esperan al menos que se haga justicia y recibir una indemnización. “Eso era muy precario e hicimos una vivienda digna. Hicimos un hogar. La Iglesia ha cometido una injusticia con nosotros y la Iveco son unos sinvergüenzas. Hay que tener mala fe para comprar seis casas de gente pobre para echarnos luego a la calle como perros”.