El expresidente del Cabildo de Lanzarote y portavoz adjunto de Coalición Canaria en la Corporación insular, Pedro San Ginés, ofreció este viernes una rueda de prensa para hacer públicas “ocho pruebas documentales o desaparecidas” que, sostuvo, tenían como objetivo imputarle judicialmente y que, agregó “acreditan la falsa denuncia de Dolores Corujo” en su contra.

Entre los documentos desvelados por San Ginés se encuentra un informe dirigido al Juzgado por parte de la secretaria del consejo de administración de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), en el que se indica que el pasado diciembre “tuvo conocimiento por parte del personal administrativo del Consorcio del Agua e Inalsa” de que en el archivo general y en las dependencias del Consorcio no se encontraban los libros de actas de los años 2009, 2010 y 2011”. La secretaria recalca que fue nombrada para el cargo en diciembre de 2013.

El Juzgado que instruye el denominado caso Minutas, por los pagos al abogado Ignacio Calatayud en el marco del procedimiento concursal de Inalsa, cursó requerimiento en agosto de 2021, "reiterado" en enero de 2023, solicitando los libros de actas de las sesiones del Consejo de Administración de Inalsa, la convocatoria de la Asamblea del Consorcio de 10 de enero de 2010 y las Instrucciones de contratación de la empresa pública de aguas.

San Ginés esgrimió el informe de la secretaria del Consejo de Administración de Inalsa, a su vez directora adjunta de los servicios jurídicos del Cabildo, en el que indica que del hecho de que no se encontraban las actas de los años 2009 a 2011 "había informado” al consejero y a la presidenta de la Corporación insular. El portavoz nacionalista dijo que la presidenta no ha dado “una explicación al respecto, tal vez porque estén en las gavetas del despacho de Carlos Espino [jefe de gabinete en el Cabildo] o de la propia Dolores Corujo”.

“Finalmente aparece la desaparecida convocatoria de la Asamblea del Consorcio de Agua que reclama el Juzgado de Instrucción -que ha dudado de su existencia y que sepamos aún no ha sido aportada- firmada nada menos que por José Juan Cruz y Marcial Martín, ambos alcaldes entonces del PSOE, asamblea cuya celebración certificó el exsecretario general del Cabildo”, agrega San Ginés.

El portavoz nacionalista indicó que “finalmente” también aparecieron las Instrucciones de contratación de Inalsa que, añadió, “Corujo ocultó en la toma del acuerdo de la Junta de Inalsay de la Asamblea del Consorcio para ejercitar acciones” contra el expresidente del Cabildo. “Es decir, no estaban en la documentación aportada para la preparación de la reunión y la toma de decisiones en la misma, por parte de los alcaldes miembros de la Asamblea, a pesar de ser el documento esencial que regula los procedimientos y la normativa por la que se rige la contratación de Inalsa que se pretendía denunciar”.

“La razón, tal y como ha sido denunciado en los Tribunales, no fue otra que la voluntad de Corujo de ocultar a los miembros de la asamblea lo dispuesto en el artículo seis de las Instrucciones de Contratación que dice: ‘Los contratos que celebre Inalsa son contratos privados y están sometidos a la Jurisdicción Civil’”, relató San Ginés.

San Ginés destaca que “en la misma línea se pronuncia el informe de la directora adjunta de los servicios jurídicos”, que añade en sus conclusiones que "los procedimientos de contratación de la entidad mercantil Inalsa en el año 2010 estaban sometidos al derecho privado y mercantil, por estar en concurso de acreedores y serle de aplicación la legislación mercantil". El portavoz nacionalista concluye que, por ello, “no cabe la prevaricación administrativa” de la que se le acusa.

“En efecto, los contratos de Inalsa no eran un asunto administrativo y por tanto no era posible la prevaricación administrativa que Dolores Corujo quería denunciar a toda costa, y dado que tanto las instrucciones de contratación como el informe jurídico eran un obstáculo para ello, había que esconder a la asamblea de alcaldes ambos documentos contrarios a su espurio objetivo de incriminarme falsamente”, dijo San Ginés. “Finalmente ambos documentos fueron aportados al Juzgado por los servicios jurídicos del Cabildo, a requerimiento del juez”.

Según San Ginés, “lo curioso del caso es que dichas Instrucciones de contratación fueron aprobadas el 12 de febrero de 2009 en un Consejo de Administración presidido por Manuela Armas e integrado por Carlos Espino, entonces secretario general del PSOE”.

"Extremadamente inquietante"

Para San Ginés, “lo que resulta verdaderamente inquietante de todo este asunto, es que el oficio judicial de 2021 requiriendo los Libros de Actas, cuando la causa aún era secreta para todos -para todos menos para Dolores Corujo, quien ya desde entonces barruntaba en los plenos los problemas judiciales que yo tendría porque los pergeñaba en secreto- fue recibido en persona y firmado de puño y letra por la presidenta del Consorcio,  María Dolores Corujo Berriel, antes de ser siquiera pública la denuncia”.

“Y para mayor inquietud de los investigados”, dice San Ginés, “el informe del gerente al respecto de ese oficio concluye textualmente con lo siguiente: ‘El presente informe se firma de manera manuscrita, no recogiéndose en la plataforma de administración electrónica ni realizando registro de salida, por indicación de la Sra. Presidenta’".

“En efecto, consta el informe adjunto del gerente del Consorcio cuando la causa era secreta para todos menos para Corujo, en el que dice ‘no poder aseverar la existencia o inexistencia de acta de la reunión del Consejo de Administración para la contratación de [Ignacio] Calatayud de 18 de enero de 2010’, cuya certificación de los acuerdos adoptados había sido incluso elevado a público ante notario”, añade el portavoz nacionalista.

Según San Ginés, “en lugar de aportar el libro de actas requerido aportó sólo actas sueltas, pero los libros sí que existieron, tal y como demuestran documentos remitidos vía mail dos meses antes de la denuncia, concretamente el 27 de mayo de 2021 por la Administración del Consorcio del Agua a los Servicios Jurídicos del Cabildo, y en los que se ‘cuela’ una fotocopia de un acta realizada del propio Libro de Actas precisamente donde figuraban las ocultas instrucciones de contratación de Espino que me exoneraban”.

Por último, dijo San Ginés, “Dolores Corujo ha ocultado al Juzgado nada menos que la escritura notarial de elevación a público ante notario del acta del Consejo de Administración para la contratación de Calatayud, de cuya celebración dudó el Juez de  Instrucción y la propia Unidad Contra el Crimen Organizado (UCO), a quienes esta escritura demuestra a la postre que indujeron al error”.