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La Fiscal de Extranjería de Las Palmas advierte de que el actual procedimiento desprotege a los menores migrantes

“El reglamento es muy escueto e impreciso”, aduce Teseida García, que denuncia la “carencia brutal” de medios y personal

Foto: Carlos de Saá.
EFE 0 COMENTARIOS 12/02/2020 - 11:37

La Fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, ha reclamado públicamente más medios para atender a los menores inmigrantes que llegan en pateras o cayucos a las islas, así como una revisión profunda del procedimiento para determinar su edad.

García rechaza que se señale a la Fiscalía como la responsable de las demoras en la resolución de los expedientes, por ser el órgano competente para determinar la edad del menor, cuando el problema obedece a una falta de medios y de personal "brutal", y lamenta que se "tomen a mal" sus decisiones, cuando solo cumple con el procedimiento.

Teseida García es la única fiscal competente en Las Palmas para determinar la edad de estos menores, una vez que se les practica las pruebas óseas y han sido evaluados por los médicos forenses, “un proceso que se demora en exceso debido a la falta de medios”, insiste.

En Canarias se está produciendo un repunte en la llegada de inmigrantes en pateras y cayucos, por lo que García ha urgido a la adopción de medidas, pues advierte de que acaba de iniciarse el año y sobre su mesa tiene ya 127 expedientes pendientes de resolución cuando en todo el 2019 resolvió 350.

Según García, estos expedientes se deberían de resolver entre 10 y 15 días, pero se tarda hasta dos meses porque no hay policías para que se ocupen del traslado de los menores a los hospitales, donde se les practica las pruebas óseas, ni médicos forenses suficientes para su posterior evaluación.

En 2011 y 2012, los menores cuando llegaban en patera, inmediatamente se les llevaba al hospital y los médicos forenses tardaban entre dos o tres días en verlos, explica García.

"No puede ser" que se retrase tanto el procedimiento, el Gobierno canario carece de plazas para acoger a los menores y las estancias en ellos se alargan, aunque este no es el único problema, pues a veces se fugan o comenten delitos y no se sabe a que órgano judicial le compete atenderlos, recalca.

García señala que no se pueden permitir casos como el de un inmigrante adulto que había estado en prisión y fue expulsado de España, volvió en patera y dijo que era menor, por lo que fue internado en un centro de menores de las islas, donde convivió con chicos que no eran de su edad y después de fugó.

Víctimas de trata

El retraso en verificar la edad permite que jóvenes de 25 o 26 años que alegan ser menores a su llegada a las islas convivan con verdaderos menores, alerta García.

La fiscal expresa también su preocupación por las jóvenes que llegan en patera y ocultan su edad, pues por su experiencia la mayoría son objeto de trata de seres humanos y “nadie se preocupa” de si son menores.
Apunta, por otra parte, que en muchos casos estas adolescentes van directamente a un centro de acogida y no pasan por el juzgado de instrucción ni por un centro de internamiento de extranjeros, lo que favorece a las mafias que trafican con ellas, “pues les interesa que se les prive de sus derechos”.

García presentó en 2018 su tesis doctoral sobre "El procedimiento para la determinación de la edad de los extranjeros no acompañados. Bases para un nuevo modelo", tras años de estudio, y en ella concluye que el actual sistema "no funciona" y precisa de una revisión profunda.

La fiscal propone que el Ministerio Fiscal no sea el competente en este tipo de procedimientos, sino un órgano administrativo en materia de extranjería y que se cumpla con el derecho de audiencia como recoge la Convención de los Derechos del Niño, cosa que ahora no ocurre.

Así mismo, demanda que la decisión de la Fiscalía pueda ser objeto de recurso y que los menores estén asistidos por abogados especializados en su atención y en extranjería, así como que se introduzcan entrevistas por educadores como un criterio más para evaluar la edad.

La Ley de Extranjería y su reglamento son "muy escuetos" en esta materia y el protocolo de menores no acompañados de 2014, que ha sido criticado por las ONG, tampoco ha resuelto el problema, entre otras cuestiones, por las imprecisiones que contiene sobre la documentación, por lo que ha abundado en la necesidad de una revisión a fondo del procedimiento.

 

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