Solo quedan dos piezas del caso Unión por resolverse. Una, la de la operación Jable, ni siquiera se ha juzgado. La otra, la relacionada con las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, está pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo.

En esa pieza, la Audiencia Provincial condenó a Dimas Martín a siete años y cinco meses de cárcel, mientras que dos acusados fueron absueltos, Elena Martín y Juan Francisco Rosa, y la mayoría confesó los delitos y aceptó la pena, como es el caso de Ubaldo Becerra, Carlos Sáenz, Antonio Cárdenas y los empresarios Jesús Manuel Martín Brito y Antonio Gómez Ruiz.

También se condenó al exconcejal Antonio Machín, que fue responsable de Parques y Jardines, y a Samuel Lemes y Manuel Gregorio Reina Fabre, que no admitieron las acusaciones de cohecho.

Tres de estos acusados -Dimas Martín, Antonio Machín y Reina Fabre- condenados por prevaricación administrativa, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude, asociación ilícita, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y estafa, presentaron recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La fiscal Isabel de las Cuevas, en un extenso escrito de más de 70 folios al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, ha informado sobre esas impugnaciones y desestima todos los motivos argumentados.

La defensa de Dimas Martín insiste en la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, intentando de nuevo que se anulen los autos judiciales por los que se autorizaron los pinchazos telefónicos iniciales y, por tanto, el resto de actuaciones.

Dimas sostiene que las únicas personas que le implicaron fueron, en las testificales, Ubaldo Becerra, Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez, pero la Fiscalía señala que el procedimiento, en su caso, se inició por la denuncia del empresario José Antonio Castellano ante la Guardia Civil y no por las grabaciones a Fernando Becerra en el intento de soborno al entonces consejero Carlos Espino.

El recurso de Dimas también habla de la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, porque esas tres personas no ratificaron su testimonio en el juicio oral. Dos de ellos –Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez- habían fallecido y el tercero –Ubaldo Becerra- no quiso contestar.

La fiscal asegura que Martín daba “órdenes” sobre adjudicaciones y deudas

“La cuestión que plantea el recurrente tendría incidencia si las declaraciones de estos coacusados hubieran sido la única prueba que sustentase su condena, pero en este caso no ha sido así”, señala la Fiscalía, ya que hay muchas otras pruebas.

También alega Martín que no está acreditada la asociación ilícita, pero la fiscal afirma que queda claro que Dimas era el que coordinaba y organizaba a los integrantes de la asociación para conseguir ejecutar los delitos.

“La labor de Dimas Martín no se limitó a asesorar o a recomendar una determinada adjudicación, conducta atípica, pues se ha acreditado que el recurrente determinó a los autores principales, concejales y tesorero del partido, a cometer los delitos de prevaricación y malversación, mediante el control de los asuntos competencia de las concejalías pertenecientes a su grupo político y mediante las órdenes que les impartía sobre adjudicaciones concretas de contratos a empresarios afines o sobre el pago de las deudas debidas por el Ayuntamiento”, señala la Fiscalía.

Dilaciones

Tanto Dimas Martín como Reina Fabre piden que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas y no solo de forma simple, como se reconoció en la sentencia, pero la Fiscalía resalta que esas dilaciones en la causa no fueron en la instrucción, sino en la fase intermedia y no de una forma extraordinaria.

Por su parte, el exconcejal Antonio Machín presenta 12 motivos de impugnación, entre ellos por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías y a un juez imparcial, al considerar que dos de los magistrados de la Audiencia, Emilio Moya y Carlos Vielba, se tuvieron que abstener de la causa porque habían resuelto recursos previamente.

Sin embargo, la Fiscalía considera que tuvo tiempo para plantear esa recusación y no lo hizo, y añade que en las piezas en las que participaron estos magistrados no está acusado Machín.

El exconcejal argumenta la vulneración de sus derechos al considerar que había un plan preconcebido por la Guardia Civil en la trama de exigencias de comisiones ilegales a Castellano, cuyo pago fue interceptado por la Benemérita en el momento de llevarse a cabo. La Fiscalía, al contrario, señala que “la exigencia de comisiones fue previa a su intervención” y que la Guardia Civil tuvo conocimiento de ello a raíz de la denuncia del empresario.

El condenado también argumenta, de nuevo, el hecho de que había resoluciones sin firma del juez, y esa impugnación también es rechazada.

Reina Fabre impugna la sentencia de la Audiencia Provincial por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Sostiene que no ha concurrido prueba suficiente para enervar su presunción de inocencia. La fiscal recuerda que, en primer lugar, el acusado admitió los hechos aunque después, en la vista oral, se retractó, pero que su versión no fue creíble: explicó que no se encontraba en buenas condiciones y que estaba implicado en otro delito en el que se intervinieron 700 kilos de hachís.

“No se comprendía la razón que le llevó a asumir esta conducta delictiva, al no existir vinculación entre uno y otro hecho”, destaca la fiscal.