El fiscal anticorrupción de Canarias, Luis Del Río, uno de los encargados del caso Unión, ha solicitado a la juez instructora que pida tanto al Tribunal Superior de Justicia de Canarias como al Consejo General del Poder Judicial que se incorporen al sumario todos los informes que la juez Lucía Barrancos, tercera instructora del caso, realizó para solicitar y justificar la concesión de una comisión de servicios y un juez de apoyo para tramitar el caso.

Barrancos elaboró un informe en noviembre de 2011 en el que hablaba de supuestas irregularidades y de desorden en el caso, aunque ninguna de sus apreciaciones tuvieron reflejo en la causa, ya que no anuló nada ni abrió ningún expediente por alguna falta o error.

Dimas Martín y Felipe Fernández Camero, imputados en piezas del caso Unión, han conseguido que ese informe, de carácter gubernativo, se incorpore a la causa. Los imputados pretenden trasladar la sensación de desorden o manipulación del caso, que se ha reflejado en algunos medios de comunicación, a la sede judicial ante el inminente inicio del primero de los juicios del caso, con el objetivo de anular todo o parte del procedimiento.

Dice el fiscal anticorrupción en su solicitud que el documento aportado debe ser contextualizado porque si no se corre el riesgo de que haya un sesgo al incorporar solo el citado informe de noviembre de 2011.

La Fiscalía recoge una decisión del CGPJ sobre la incorporación o no del documento que dice que “la decisión de la instructora de incorporar un documento que aparece descontextualizado tanto en su origen como en su destino debe ser completada trayendo al procedimiento el íntegro expediente”.

Del Río añade que “si se pretende hacer uso de un documento gubernativo deben traerse al procedimiento todos los informes del mismo tenor” escritos por la juez Barrancos “pues el mismo valor tendrán unos como otros, máxime si existen otros que completan su contenido”.

El fiscal solicita todos los informes de Barrancos y no sólo el que elaboró al poco de llegar al Juzgado

El informe de Barrancos de 2011 pinta una situación de la instrucción caótica, aunque en pocos meses separa dos piezas del procedimiento principal. En un informe posterior, en febrero de 2012, la juez instructora refleja que no se ve competente o idónea para manejar un sumario de esas características, con una gran cantidad de imputados, diferentes tramas y más de 30.000 folios.

Barrancos señala entonces que la solución definitiva para afrontar la carga de trabajo y dedicación que suponía el caso Unión debía hacerse nombrando a un magistrado que asumiera en exclusiva la instrucción de la causa, “lo que a mi juicio sería lo más adecuado teniendo en cuenta mi categoría de juez en primer destino ocupando una plaza de magistrado (...)”. Barrancos añade que en esa fecha, el caso Unión “se encuentra ya avanzando de modo decisivo” y que se hizo un foliado de la causa para garantizar de forma urgente su integridad.

En febrero de 2012 la juez Barrancos pide que otro magistrado asumiera en exclusiva el caso Unión

En otro informe posterior, de mayo de 2012, también destaca que todos los avances se han hecho siempre con el respaldo del Ministerio Fiscal e informa de una situación de normalidad en la instrucción: dice que el anterior instructor ya separó varias piezas, que se continúan ordenando diligencias de investigación a la UCO, que el secretario judicial de la causa está cotejando los 150 cds con las conversaciones telefónicas pinchadas a los imputados, así como la catalogación de las piezas de convicción y de la documentación intervenida y pide dos funcionarios más para asumir la gran carga de trabajo que suponía el caso.

Señala que “el avance es lento pero la comisión de servicios está siendo muy efectiva” y destaca la diferenciación entre el foliado provisional y el final para dar garantías a las defensas. También relata que en marzo de ese año la UCO compareció en el Juzgado para informar del avance de la investigación, entregando veinte cajas de documentación, y reitera que el caso avanza de forma decisiva.