La directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reconoce en una contestación a los Juzgados de Arrecife que el “déficit de psicólogos en su plantilla dificulta atender con diligencia” las solicitudes de los propios Juzgados.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia de género en junio de 2021, los magistrados se pueden apoyar en un profesional de la psicología para tomar una decisión en denuncias relacionadas con violencia hacia estos menores.

Según ha podido saber Diario de Lanzarote, hay al menos dos casos que afectan a dos menores de muy corta edad que podrían haber sido víctimas de violencia o abusos sexuales por parte de algún familiar, según las denuncias interpuestas ante los Juzgados. El retraso puede poner en riesgo a las posibles víctimas.

Para tomar las decisiones encaminadas a la protección del menor o respecto de los posibles responsables, los magistrados necesitan la presencia y la pericial de un psicólogo.

El artículo 449 de la nueva ley señala que para ciertos delitos “cuando una persona menor de catorce años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial (…) la autoridad judicial acordará, en todo caso, practicar la audiencia del menor como prueba preconstituida”.

“La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de catorce años se practique a través de equipos psicosociales que apoyarán al tribunal de manera interdisciplinar e interinstitucional”, añade la normativa.

Petición de profesionales

En estos dos casos en Lanzarote, los Juzgados de instrucción han solicitado la presencia de estos profesionales desde hace más de dos meses, sin que el Gobierno de Canarias haya dado una respuesta.

En su contestación, de este 9 de junio, el Instituto de Medicina Legal señala que la contratación de psicólogos es competencia de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y que se acaba de firmar un acuerdo de colaboración con una empresa de consultoría para dotar de este tipo de profesionales.