La Cámara de Comercio de Lanzarote ha planteado que el Cabildo ponga en marcha un “programa de alquiler garantizado” por la Corporación insular, mediante el cual la institución pública “actúa como intermediaria y garante entre los propietarios de viviendas y los potenciales inquilinos”.

“A través de esta iniciativa, los propietarios particulares alquilan directamente sus viviendas a una entidad pública”, que sería “directamente” el Cabildo de Lanzarote o una “empresa pública” de la Corporación insular, e intervendría como “su único interlocutor y arrendatario”.

Según la propuesta de la Cámara de Comercio, que considera que debe tener una prioridad “muy alta”, el Cabildo garantiza por contrato “el pago puntual de las mensualidades al propietario” de la vivienda cuando la Corporación insular haya logrado, a su vez, arrendarla.

De esta manera, desde la Cámara de Comercio se pide que sea la institución pública la que asuma “todos los riesgos derivados de posibles impagos” por parte de los inquilinos finales. Según su propuesta, el Cabildo tendría que comprometer tres millones de euros “iniciales” pero que podrían aumentar hasta los seis millones en función de la “tasa de impagos”.

Las propuesta se incluye en el “Plan de activación” contratado por la Cámara a la empresa Cumbre 8 Islas por 198.400 euros y financiado por el propio Cabildo

"Con este mecanismo", reitera el ente cameral, "el Cabildo asumiría la responsabilidad integral del alquiler, buscando reducir la incertidumbre asociada al arrendamiento", como el riesgo de impago, los posibles daños o los conflictos legales, "buscando generar así un contexto de confianza que potencialmente anime a muchos propietarios a poner sus viviendas vacías en alquiler".

Esta es una de las principales iniciativas que se recogen, en materia de vivienda, en el denominado “Plan de activación para el estímulo del crecimiento económico y social sostenible de Lanzarote y La Graciosa”, contratado por la Cámara a la empresa Cumbre 8 Islas por 198.400 euros y financiado por el propio Cabildo.

En la justificación de la propuesta se indica que se trata de un “modelo similar al de Baleares”. Cabe destacar que el Gobierno balear puso en marcha un programa de “alquiler seguro” para hacer frente a la crisis habitacional, pero con significativas diferencias: en ese caso es el Instituto Balear de la Vivienda el que alquila a pequeños propietarios particulares viviendas que han estado vacías durante los últimos seis meses o sin nadie empadronado en el último año.

El pequeño propietario lo alquila por un máximo de 1.500 euros mensuales para que el organismo público autonómico actúe como intermediario y se ocupe de cobrar la renta a los inquilinos aplicando un descuento del 30 por ciento.

“Recargos” de impuestos

La medida mencionada no es la única propuesta en materia de vivienda no es la única en el Plan de la Cámara de Comercio. También se plantea la creación por el Cabildo de un Observatorio Insular de la Vivienda, con un coste de 200.000 euros al año, y la elaboración de un “inventario exhaustivo y detallado del parque de viviendas vacías”, que saldría por 500.000 euros.

En el citado Plan se aboga por “recargos en los impuestos municipales” para los inmuebles que no estén en uso, para “desincentivar la tenencia injustificada de viviendas vacías”. También mencionan “incentivos positivos, como ayudas directas para la rehabilitación y el acondicionamiento” a cambio de su “incorporación efectiva y sostenida al mercado residencial en régimen de alquiler”. Sin embargo, para estos incentivos el presupuesto es de apenas 150.000 euros.

Vivienda de protección

Los empresarios hacen hincapié en la construcción de vivienda de protección y reclaman la creación de 1.000 viviendas, “priorizando la compra y rehabilitación de viviendas” sobre “nueva construcción”. Para este “Plan Insular de Vivienda de Protección Oficial” el presupuesto que plantean superaría los 50 millones de euros.