En febrero de este año, la Audiencia Provincial zanjaba el procedimiento penal que se había iniciado 17 años antes por las casas de la calle Chabusquillo, en la Bufona (Arrecife). La sentencia no deja lugar a dudas: “La demolición acordada debe mantenerse, fundamentalmente porque las obras realizadas (...) no son susceptibles de legalización habida cuenta de la calificación del suelo en que se asientan. La obra está completamente fuera de la ordenación y a tal infracción penal se ha añadido un delito de desobediencia”. El fallo afecta a una parte de 14 casas. En la mayoría de los casos se trata del muro de la vivienda, de algunas terrazas o pérgolas, piscinas y alguna habitación.

Pero en urbanismo, una cosa es la sentencia y otra la ejecución. Quien debe demoler y costear esa demolición son los promotores, que son los condenados, pero para ello tendrían que acceder a una propiedad privada, las casas que ellos mismos vendieron. Los propietarios, agrupados en la asociación Almadraba, ya han anunciado medidas legales contra estos promotores.

Quien inició todas las denuncias fue la familia Murillo por la usurpación, entre otros terrenos, de esa franja de suelo rústico al norte de la calle Chabusquillo que los promotores ocuparon para construir unas casas que tienen una superficie aprobada y otra, mucho más grande, construida. Con la sentencia, ya firme, de este año, todo parecía aclarado, pero se ha seguido complicando. De hecho, se ha repetido la historia que se dio en 2008.

Hace nueve años, en medio del procedimiento penal, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad de ese suelo a favor de los dueños de las viviendas y modificó el nombre de la calle, que pasó a llamarse Chubasquillo. Pero previamente las casas permanecieron omitidas de la base de datos del catastro, por lo que no pagaban el impuesto de bienes inmuebles.

Para hacer un cambio de titularidad hay que dar audiencia al anterior propietario, pero en este caso no se hizo. El caso acabó también en los tribunales, ante la falta de respuesta de la Dirección general del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda, y que finalmente acabó destituyendo al gerente regional, Jesús Hernando, por actuar “en el vacío, sin motivación y sin procedimiento”. Es decir, sin expediente.

En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la inscripción de las viviendas a nombre de los compradores, pero la sentencia no se ejecutó hasta mayo del año pasado, después de que Murillo pusiera los hechos en conocimiento de la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias. La sentencia decía que la actuación del Catastro permitió inscribir una referencia catastral nueva en una calle distinta a la que consta en las escrituras, y añadía: “No es que se haya adecuado el registro catastral a la realidad, por el contrario, se ha hecho artificiosamente una realidad nueva al margen del procedimiento legalmente establecido”.

Ahora la historia se repite. Murillo, de nuevo, denuncia que se ha vuelto a dar de alta en el catastro esas casas a nombre de los compradores en una calle imaginaria, otra vez la calle Chubasquillo, y no Chabusquillo. Denuncia que tampoco esta vez se le ha dado audiencia y que las casas se han catastrado en suelo rústico de uso agrario excepto la casa de la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, que figura en suelo rústico de uso residencial, un tipo de suelo que no existe.

Ante esta situación, denunció los hechos en la Gerencia regional del Catastro. Lo que dice el Catastro es que fue un procedimiento de subsanación de discrepancias para incorporar las construcciones existentes en la base de datos. El expediente, sin embargo, debía haber caducado en julio porque pasaron seis meses sin que se resolviera, pero no se decretó la caducidad del expediente.

Este periódico se puso en contacto con la Dirección general del Catastro en Madrid para buscar una respuesta a la falta de caducidad y contestan que se trata de un expediente absolutamente privado y que ha estado judicializado, pero sólo unos días después comunican la caducidad del expediente y dicen que hay que iniciar un nuevo procedimiento para dar cumplimiento a la sentencia de 2013 y a la concordancia entre el catastro y la realidad material. Mientras tanto, quien ha estado pagando el IBI por ese suelo es la familia Murillo, que abonó en septiembre de este año 3.500 euros por las dos fincas que se sitúan en la calle Chabusquillo, que sí existe para pagar pero que no aparece en la base de datos del Catastro porque la calle y los propietarios tienen otro nombre.

Gonzalo Murillo, denunciante del caso La Bufona y propietario de los terrenos, ha acabado por denunciar ante la Dirección General del Catastro en Madrid al gerente del Catastro en Canarias por “inacción” al mantener efectivas las resoluciones emitidas en un expediente que ya ha sido declarado caducado por el Director general del Catastro.

[Nota de la Redacción: Tras la publicación de este reportaje en la edición impresa de noviembre de Diario de Lanzarote, el Catastro volvió a reponer la situación en sus planos como estaba originalmente, con los terrenos a nombre de la familia Murillo pero sin la aparición de las casas construidas sobre ellos, lo que continúa siendo una anomalía.]

Gonzalo Murillo, en La Bufona.

El Ayuntamiento no encuentra las segregaciones de las licencias

En la Oficina técnica de Arrecife no aparecen los expedientes de las segregaciones otorgadas en La Bufona hace casi veinte años para poder construir las casas de la urbanización. Así lo afirma un informe firmado por la arquitecta de la Oficina, que señala que en los dos archivadores que contienen las licencias de segregación del año 1999 no han podido localizarse las segregaciones otorgadas en La Bufona.

Lo que sí se encuentra, según el mismo informe, es la remisión de la relación de decretos y expedientes de licencia de obra a la Secretaría del Ayuntamiento. Las segregaciones fueron clave para poder otorgar las licencias de construcción, que no se podían haber otorgado tal y como se dieron, ya que posteriormente fueron anuladas por los tribunales, al igual que la modificación del plan parcial de 1998, que sólo permitía casas adosadas de 96 metros cuadrados y se acabaron autorizando, y construyendo, un mayor número de casas, aisladas y con mucha mayor superficie.

Por otra parte, la Oficina técnica señala que en abril se remitieron a la alcaldesa y al secretario accidental varios escritos en los que se pide que se inicien “los trámites para contratar la elaboración de informe sobre las actuaciones a efectuar sobre ejecución de sentencia” en esas casas de La Bufona.