El ex alcalde de Teguise y actual diputado autonómico Juan Pedro Hernández declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que como primer edil de La Villa “se limitaba a firmar” las licencias urbanísticas “que le ponían encima de la mesa”.

Hernández está imputado por la concesión de licencias para la construcción de hoteles y apartamentos que sumarían 3.700 plazas y que fueron anuladas de manera firme por los tribunales.

El actual diputado autonómico de CC tuvo que declarar el miércoles en el TSJC por su condición de aforado. En su comparecencia ante el magistrado Fernando de Lorenzo y el fiscal Vicente Garrido señaló a los trabajadores municipales como responsables de los expedientes de las licencias ilegales.

Así, Hernández explicó que cuando un promotor presentaba un proyecto en el Ayuntamiento “pasaba a la oficina técnica para su estudio” y, “si era conforme a la normativa y tenía el visto bueno del técnico, el personal auxiliar administrativo redactaba el decreto-licencia urbanístico”.

“Este decreto”, dijo, “era el documento único que pasaba al alcalde para que lo firmase”, pero que no se analizaba ni en comisión de gobierno ni de urbanismo. Hernández, que fue alcalde entre 1991 y 2007, afirmó que “estaba seguro de que los decretos-licencia que le pasaban habían pasado los trámites correspondientes”.

Durante la declaración, el fiscal le preguntó cómo era posible que en cuatro licencias otorgadas en 1999 para proyectos hoteleros, luego anuladas por la Justicia, “ninguna” contaba con informe técnico ni jurídico.

Dice que “no se preocupaba de revisar el expediente” para autorizar un hotel

Hernández respondió que “los expedientes nunca pasaban para la firma” y que sólo le entregaban el decreto de cada licencia, por lo que, cuando le llegaba, “entendía que estaba con los trámites correctos”. Añadió que “no comprobó la existencia del preceptivo dictamen, técnico o jurídico” y que “en aquel tiempo no era normal que se hiciera”.

El ex alcalde insistió en que “en un expediente en que se tramitaba la licencia de un hotel no se preocupaba de revisar el expediente” y aseguró que no recordaba “haber tenido ningún contacto” con los promotores de los hoteles ilegales.

Señala a los trabajadores municipales

El magistrado cuestionó a Hernández por si creía que le habían “engañado” los técnicos o funcionarios municipales al pasarle a la firma documentos sin los preceptivos informes. Aunque dijo que “en ningún momento lo pensó”, el ex alcalde dejó claro que su participación en la concesión de las licencias se reducía a firmarlas.

Así, en su declaración citó al “aparejador Antonio Quintana, Josué, cuyo apellido no recuerda, Nandi, cuyo apellido tampoco menciona, Yalena, y a un arquitecto cuyo nombre no recuerda” como “las personas por las que iban pasando los sucesivos trámites”.

Con respecto a los servicios jurídicos que informaban sobre las licencias, Hernández declaró que “había una chica que compartía todos los temas jurídicos del Ayuntamiento con los asuntos urbanísticos, se llamaba Ana Pérez Vega, y era letrada”.

También dijo “que los auxiliares que hacían el trabajo administrativo eran: Macarena, Berriel, Noelia, otra persona de nombre Reyes”. Concluyó que “daba por hecho que la documentación que le hacían llegar a la firma estaba completa”.