El juicio empezó como han empezado todos los del caso Unión, con las defensas solicitando la suspensión y la nulidad radical de todas las actuaciones porque no se les ha permitido acceder a las pruebas, porque se debe anular la primera grabación (ya que es igual que la del caso Guateque), porque hay resoluciones judiciales sin firma, porque hay otras que están firmadas cuando el juez disfrutaba de vacaciones… y, en definitiva, porque insisten en que la instrucción fue una “chapuza”.

La Fiscalía y la acusación popular que ejerce Transparencia Urbanística (TU) alegaron que todo eso ya está resuelto, incluso dentro del propio procedimiento, es decir, que ya se ha alegado antes. El Tribunal Supremo también ha ratificado la instrucción en otras piezas.

Sobre la ausencia de firmas, el fiscal Javier Ródenas dijo que ya están todas las resoluciones firmadas porque se hizo un acto de subsanación, pero subrayó que solo había cuatro resoluciones sin firmar que afecten a esta pieza y una de ellas era el auto de puesta en libertad, tras su detención, de Juan Francisco Rosa. En este caso, nadie ha alegado que su puesta en libertad sea nula.

La abogada de TU, Irma Ferrer, dijo que “se ha llevado al límite que la mejor defensa es la impugnación”. Ródenas aseguró que el caso “no es un castillo de naipes en el que, si se quita uno se anula todo” y recordó que no hay una sola sanción ni a los jueces instructores ni a los secretarios que llevaron el caso.

La defensa de Antonio Machín quería llevar al procedimiento un certificado del TSJC con las vacaciones del juez Pamparacuatro, que ha sido anulado por los tribunales porque contiene datos de carácter privado: “Lo único que falta por adjuntar es el calendario de vacunación -dijo el fiscal-, esto no trata de la vida del magistrado y el único dato objetivo son las sentencias condenatorias”.

Una de las defensas indicó que este caso se debería estudiar en la universidad como ejemplo de mala instrucción y el fiscal le recordó que ya se estudia, pero desde otra óptica, y citó el trabajo Corrupción en el Paraíso: el desconcertante caso de Lanzarote, de Fernando Jiménez, profesor de la Universidad de Murcia, miembro del capítulo español de Transparencia Internacional y experto del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

Desde la cárcel

Tres de los acusados llegaban directamente desde la cárcel y entraban a la sala custodiados por dos policías y esposados, aunque después se les quitaba las esposas. Dimas Martín ya disfruta de permisos y solicitó acudir por sus propios medios, pero el presidente del tribunal, Emilio Moya, dijo que no: “Están privados de libertad y la opinión pública debe verlo”.

A Dimas le tocó sentarse en la primera fila, con Ubaldo Becerra a su lado y, más allá su hija, Elena Martín, que tapó con su abrigo la imagen de cómo le quitaban las esposas a su padre y que miraba continuamente hacia atrás buscando el saludo de su hermano, Fabián Martín, que asiste como público. Entre los tres se impusieron, como es lógico, modales de buena vecindad, que el presidente del tribunal debió ver en peligro después de que declarara Becerra y con su declaración apuntara a la responsabilidad de ambos, padre e hija: “Se puede sentar usted atrás si quiere”, le dijo a Becerra cuando terminó su declaración, y efectivamente quiso. Antes del principio de la vista también pasaban cosas.

En la antesala, el primer día había muchos medios de comunicación, abogados y familiares de algunos de los acusados. Como el juicio se alargará durante unas 15 sesiones, los acusados pidieron ausentarse tras su declaración y que les representara su abogado. Así, la afluencia fue disminuyendo y los dos últimos días, antes de que el juicio siguiera en Gran Canaria, tan sólo se sentaba en el banquillo de los acusados Elena Martín, que así pudo escuchar lo que declaraban sus compañeros de trabajo, y que siguió yendo a las sesiones en Las Palmas.

Con la ausencia de Dimas Martín y, sobre todo, de Juan Francisco Rosa, que eran los que más compañía concitaban a su alrededor, la vista se fue quedando sosa, huérfana de corrillos, apretones de manos, abrazos e intentos de besamanos y presentaciones de respetos en los pasillos por parte de personas que casualmente pasaban por allí, por un sótano al que no se va a ningún otro sitio.

De los 12 acusados, seis han reconocido los hechos: Ubaldo Becerra, los empresarios Antonio Gómez y Jesús Manuel Martín Brito y los funcionarios Carlos Sáenz, Rafael Arrocha y Antonio Cárdenas. La otra mitad no lo ha hecho: Dimas Martín, Juan Francisco Rosa, Antonio Machín, Elena Martín, Samuel Lemes y Manuel Reina Fabre.

Este último es el caso más desconcertante porque primero admitió los hechos, pero después cambió de versión porque las dos primeras veces que declaró se sintió “inducido” a reconocer los hechos. La tercera vez, en 2012, también lo hizo, pero en lugar de la inducción, la repuesta fue más enigmática: “Declaré lo mismo porque me preguntaron lo mismo”.

Las frases

Dentro, era Dimas quien centraba la atención en las preguntas y en las respuestas. Treinta años después de fundar el PIL y con seis condenas de por medio, aún se mantiene viva la discusión de si Dimas era el jefe o no era el jefe. Si alguien lo escuchara por primera vez y, vista la determinación con que niega el cobro de comisiones, sería capaz de albergar una duda más que razonable sobre su inocencia, por expresiones como “hasta ahí podíamos llegar”, “por supuesto que no tengo nada que ver”, “yo no tengo intereses urbanísticos en ningún sitio”, “yo no tengo absolutamente nada que ver con este tema”, o “no acabo de entender qué pinto yo en esta acusación”.

La mala suerte para él es que dos de los tres miembros del tribunal no es la primera vez que lo escuchan. De hecho ya lo han condenado antes por hechos muy parecidos. Ubaldo Becerra, sobre la jefatura, dijo que suponía que no era posible “hacer algo de ese calado sin autorización de Dimas”.

Becerra dejó una de las frases del juicio, aunque la pronunció hace diez años y por teléfono: “Soy el concejal del Plan General, pero, como todo político no entiendo una mierda de nada”. Otra frase, esta vez de Elena Martín, ante la pregunta de cuál era su función en el Ayuntamiento: “Intentar que los procedimientos sigan el curso legal”. Nótese el infinitivo que encabeza la frase. Y lo intentaba a todas horas porque dijo que cuando estaban con las obras del Plan E no salían ni a desayunar: “Era trabajar, trabajar y trabajar”.

No era la única ocupada. El exconcejal Antonio Machín se enteró de que le habían nombrado concejal de parques y jardines cuando ya llevaba una semana en el cargo. Al menos eso es lo que dijo, como también dijo que José Miguel Rodríguez “siempre iba con el programa del PIL en el bolsillo”. Era en tono figurado, porque no podían caber tantas cosas en los bolsillos de los concejales.

El empresario Samuel Lemes no habló en tono figurado, pero se debió imaginar otra pregunta distinta a la que le hizo el fiscal: que qué quería decir Dimas cuando le dijo que presentara las propuestas en el Ayuntamiento y así ahí ya las podía controlar él. Lemes contestó que se refería a que un trabajador del Ayuntamiento, Onésimo, también le hacía trabajos a él “por fuera”.

Para buena relación entre empresario y empleado, la de Rosa y Dimas. Lo contrató por razones “humanitarias” e hizo un reconocimiento inquietante: “Dimas, de toda la vida, ha estado muy cerca de la familia”. Así que le dejaba libertad: “Yo no iba al trabajo con él de mano”, contestó el empresario. Después dijo que si Dimas no iba a su puesto de trabajo “sería porque se escaparía” y acabó concretando sobre las funciones de Dimas: “Iba a lo que él pudiera”.

Rosa se preocupaba tanto por la cercanía con sus empleados que pagaba cada mes en Galerías Rosa las nóminas en efectivo, aunque es cierto que no estaba muy al tanto de los avances tecnológicos. Aseguró que lo hacía porque en esa época no existía la transferencia bancaria. Se refería al año 2009.

El jefe

La actuación estelar, en tiempo y en formas, fue de Dimas. Siguió el juicio con papeles delante, las gafas al cuello y boli en mano, gesticulando continuamente, sobre todo cuando escuchó la declaración leída de quien fuera su mano derecha, Matías Curbelo.

El fiscal le puso grabaciones y le fue enseñando documentos sobre los que le preguntaba: “¿Esa esa su firma?”. Respondió: “Sí, ¿y?”. Y otra: “¿Usted recibió 3.000 y pico euros?”. Y otra vez: ¿“Sí, y?”. “¿Ve usted esas líneas subrayadas?”. Respuesta: “¿Y?, ¿las subrayé yo?”.

Mientras que el tribunal permitía que fluyera la verborrea, el fiscal, con un control pasmoso de la causa, le iba indicando cuál era la fecha que ponía en la esquina superior derecha y recibía no sólo esas contestaciones por parte de Dimas, sino también halagos. “Es un escrito brillante del fiscal, pero se me mete a mí con calzador para sacar a otro”, dijo. Bastó una miraba del presidente del tribunal para que Dimas dijera: “Vale, me ciño a la pregunta”.

Como Dimas habló tanto, también dejó muchas frases. Como esta: “Yo diría que controlar un proceso de adjudicación pública es una gran aventura porque no interviene una sola persona”. O cuando se le oye decir por teléfono (“yo hablaba por teléfono con total naturalidad”) que José Miguel había salido por la mañana hacia la Mesa de contratación del Plan de barrios “con instrucciones claras”. “¿Cuáles eran esas instrucciones?”, le preguntan. “Salió con instrucciones muy claras de que fuera todo transparente”, respondió.

O cuando dijo que en una carta enviada al mismo concejal puso puntos suspensivos porque no se acordaba del nombre de la empresa. Y en otra resumió por qué tenía tanta actividad estando preso: “En la condena no había ni una sola línea que me impidiera desarrollar mi pensamiento”. Y en otra, su día a día: “A veces me iba a cuidar mis cabras o mis gallinas y a veces a lo de Juan Francisco Rosa”.

La última es para justificar por qué, con su tono, parece que ordena, cuando según él solo recomienda: “Es un defecto del lenguaje, pero lo importante es el fondo”. Los testigos también tienen su hueco en el recopilatorio de frases. Merece entrar con honores la más repetida por dos de las auxiliares administrativas del Ayuntamiento: “Era el trámite habitual”, más que una frase, un mantra. La dijeron tanto que el magistrado Carlos Vielba, antes de preguntar a una de las testigos, le dijo: “No se preocupe, que es sobre un asunto que usted maneja bien... Sobre el trámite habitual”.

Pero el mayor desahogo no fue ese, sino el que llevaba diez años esperando un ordenanza municipal para airear su hartura. El hombre, al que le hacían firmar facturas, dijo que trabajaba para ocho concejalías distintas como si no hubiera más trabajadores. Estaba harto y lo único que le faltaba era que entrara la UCO al Ayuntamiento y diera órdenes de que de allí no se movía nadie: “Trabajaba tanto que cuando la UCO entró les dije, llevo tres días aquí, no salgo de este Ayuntamiento y ahora me retienen ustedes aquí... ¡Ya estoy harto!”.