La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Margarita Varona ha acordado la apertura de juicio oral contra el también magistrado Salvador Alba Mesa, miembro de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Alba está acusado de ser presunto autor de cinco delitos: prevaricación judicial (dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas), cohecho (soborno), falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

El auto en el que se acuerda el inicio de la fase de juicio oral del proceso sólo es susceptible de recurso en cuanto a la situación personal del acusado, algo que no afecta al magistrado, que está en libertad.

El auto del TSJC implica que, indefectiblemente, habrá juicio oral contra Salvador Alba, y que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, si bien por su condición de letrado podrá ocupar asiento junto a su abogado, evitando así su ubicación física en el lugar reservado a los acusados.

La magistrada instructora del proceso no sólo declara abierta la última fase del proceso penal en primera instancia, sino que requiere a Alba Mesa para que en el plazo de 24 horas preste fianza por importe de 85.000 euros para satisfacer las responsabilidades civiles en las que pudiera incurrir. Además, advierte que, en el caso de no prestarse esta caución, se le embargarán bienes hasta cubrir la suma indicada.

La acusación contra Salvador Alba está relacionada con la entrevista privada que el juez mantuvo en marzo de 2016 con el empresario Miguel Ángel Ramírez, en la que supuestamente conspiró para perjudicar profesionalmente a la magistrada Victoria Rosell.

Rosell, en aquella fecha, candidata al Congreso por la provincia de Las Palmas por Podemos. El juez Alba, según la investigación, prometió a Ramírez supuesto trato de favor en un proceso penal contra éste a cambio de que facilitara datos para actuar contra Rosell.

El Ministerio Fiscal ya ha avanzado que en su escrito de calificaciones provisionales solicita para el juez un total de 10 años de cárcel y 29 de inhabilitación.

En la causa está personada la propia magistrada Victoria Rosell en calidad de víctima y como acusación particular, su pareja sentimental el periodista Carlos Sosa y el partido político Podemos, éstos dos últimos en condición de acciones populares. Estas tres acusaciones interesan penas más severas que el Ministerio Público.

La fecha del juicio se señalará en los próximos meses. El auto da cuenta de la situación en la que queda Salvador Alba al Consejo General del Poder Judicial, que ahora podría iniciar el proceso para suspenderle cautelarmente en sus funciones como magistrado.

En el caso de que, cuando se suspenda al magistrado de sus funciones, no esté terminada la redacción de la sentencia del llamado caso Faycán, del que Alba es a fecha de hoy ponente, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial adoptará la resolución que proceda, evitando si es posible la repetición del juicio.