El “error” del Gobierno de Canarias al presentar un recurso contra la anulación del Plan Especial de La Geria sigue coleando. El Tribunal Supremo ha admitido ahora a trámite las impugnaciones de la comunidad autónoma y del empresario Juan Francisco Rosa contra la sentencia que tumbó la ordenación del espacio natural protegido.

En marzo de 2017, la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, atribuyó a “un error de coordinación” la interposición de un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el Plan de La Geria.

La consejera afirmó entonces en el Parlamento de Canarias que se había presentado por “exceso de celo” y que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma “no cumplieron la instrucción” de no recurrir.

Sin embargo, dos años después el Gobierno de Canarias ha seguido adelante con una batalla judicial que mantiene 'vivo' en el Tribunal Supremo el Plan de La Geria, que el TSJC anuló en noviembre de 2016 y que el Cabildo manifestó que había dejado de aplicar después de la resolución judicial.

Se da la circunstancia de que incluso la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) tomó conocimiento, en junio de 2017, de la primera sentencia que anuló el Plan Especial de La Geria, que ya entonces se consideró que era firme.

El Supremo ha admitido ahora a trámite, en un auto dictado el pasado 17 de enero, el recurso del Gobierno de Canarias y el del empresario Juan Francisco Rosa contra la sentencia que anuló el Plan Especial de La Geria a instancias de la empresa Peña del Camello y que fue dictada en 2016.

La sentencia recurrida considera que la aprobación del Plan de La Geria que efectuó el Gobierno de Canarias en 2013 fue ilegal. La Justicia había anulado en 2011 el primer planeamiento aprobado para el espacio natural protegido y el Gobierno, en vez de comenzar la elaboración del planeamiento desde el principio, aprovechó todos los trámites y la documentación, y efectuó una aprobación definitiva.

La Justicia determinó que la nulidad del planeamiento era “radical” y que, por tanto, no cabía de ningún modo la “conservación” o “convalidación” del documento en una nueva aprobación definitiva del Plan de La Geria.

En contra del criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que considera que la anulación del Plan de La Geria es firme, ahora el Tribunal Supremo decide en un auto admitir a trámite los recursos del Gobierno y de Rosa por su relevancia para la “formación de jurisprudencia”.

En ese sentido, el Supremo analizará si “en la elaboración de un plan urbanístico” que se ha elaborado “en ejecución de un pronunciamiento jurisdiccional que declaró su nulidad, cabe conservar actos y trámites de similar contenido” al Plan que resultó anulado o por el contrario resulta “necesaria” una “nueva tramitación integral, como ha sostenido el TSJC.

Relevancia en la causa penal

Los intentos de mantener con vida el Plan de La Geria anulado a finales de 2016 están relacionados con la causa penal de la bodega Stratvs. Para la defensa de Rosa es clave la vigencia del Plan de La Geria, pues ha sostenido que el planeamiento anulado legalizaba la bodega.

En uno de sus recursos, la defensa de Rosa argumentaba que La Geria es un “bellísimo paisaje” cuyo “éxito” está vinculado a las bodegas y a los “vinos malvasía y moscatel”, “muy apreciados en la edad antigua, en particular en la era romana”.

Francisco Villar, ponente de la Ley del Suelo, afirmó que el Plan de La Geria aunque sea posterior a la bodega tiene “fuerza jurídica legalizadora”

En el primer juicio del caso Stratvs se anuló la licencia de actividad de la bodega que otorgó el Ayuntamiento de Yaiza. El Tribunal Superior de Justicia destacó que la concesión de la licencia de actividad era “imposible” a la vista del planeamiento territorial y urbanístico.

El TSJC subrayó que lo “adecuado” habría sido que el Ayuntamiento hubiese rechazado incluso el inicio de los trámites de la licencia de apertura y, en todo caso, “la denegación expresa” de la autorización por incumplir tanto el Plan General de Yaiza como el Plan Insular de Ordenación.

La pieza principal del caso Stratvs, pendiente de juicio en la Audiencia Provincial, evaluará la licencia de obras concedida por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias en marzo de 1999, y el posterior permiso municipal para restaurar una vivienda de 243 metros cuadrados y un almacén y bodega de 900 metros cuadrados totalmente subterráneos.

Entre los elementos de la defensa del dueño de la bodega Stratvs se ha utilizado un dictamen elaborado por el catedrático Francisco Villar, uno de los ponentes de Ley del Suelo, que concluye que el Plan de La Geria, aunque sea posterior a la construcción, tiene “fuerza jurídica legalizadora sin necesidad de expediente”.