“Primero empezamos a medir el viento, a lo loco”. Midieron en varias ubicaciones y consiguieron un estudio, certificado por el Instituto Tecnológico de Canarias, de 5.900 horas de viento, más que cualquiera de los parques que hay instalados. Después se convocó el primer concurso eólico, en 2003, y se presentaron. Crearon una sociedad, que llamaron Vivir del aire, compraron un terreno y llegaron a un acuerdo para otro, después de buscar y poner de acuerdo a cinco familias de herederos.

Son tres amigos, Lorenzo Martín, Estanislao González y Alfonso Hernández, dos ingenieros y un informático, que habían sido compañeros de trabajo. Cumplían con todos los requisitos y se reunieron en Las Palmas con el entonces director general de Industria del Gobierno canario, Celso Perdomo. Al día siguiente lo detuvieron y este mes de julio, quince años después, acaba de ser declarado culpable de cohecho, malversación y violación de secretos por pasar información privilegiada sobre el concurso a ciertas empresas.

El concurso se anuló. Tuvieron que poner un pleito contra el Gobierno, ganaron y recibieron una indemnización. En 2007 se convocó otro concurso y reinvirtieron el dinero en el nuevo proyecto. Las bases del concurso recogían la obligación de ceder el 9 por ciento de los ingresos a una institución pública. El Ayuntamiento de Teguise llegó a un acuerdo con ellos pero después se echó atrás porque los siete ayuntamientos de la isla de Lanzarote optaron por cerrar esos convenios sólo con la empresa pública de aguas Inalsa para que el recurso eólico quedara en manos públicas.

Dicen, aunque en su momento les perjudicase, que el planteamiento de que esta energía quede en manos públicas no es mala idea, pero que tal y como se planteó fue una chapuza porque ceder ese 9 por ciento era un requisito imprescindible y ellos tuvieron que llegar al acuerdo con el ayuntamiento grancanario de Agüimes. “Era absurdo”, dicen.

Para el nuevo concurso buscaron otra ubicación, que era peor en condiciones de viento pero se ajustaba más a las bases del concurso. Antes de la adjudicación, el Gobierno excluye a Inalsa por cuestiones técnicas y a ellos les penalizan porque el vuelo de uno de los aerogeneradores sobresalía de las parcelas que ellos habían presentado. Así que más problemas: acaban demostrando que la planimetría del catastro no estaba correcta. Recurrieron pero el Gobierno no corrigió el error y les obliga a ir a un contencioso administrativo.

En 2009 se adjudica la potencia del concurso y Vivir del aire no está entre las elegidas. Inalsa tampoco. Los parques se asignan a Endesa, Alas Capital (en asociación con Gas Natural) y a Sayago Wind. Tanto Inalsa como ellos recurren y ganan. En 2014 se vuelve a adjudicar la potencia: tres parques para Inalsa (uno de los cuales ya está funcionando), uno para Alas Capital y uno más, Chinijos del Viento, de 4,5 megavatios y 3.802 horas para Vivir del aire.

En ese momento parecía que la cosa pintaba bien. Habían conseguido un socio capitalista, que no cuajó, aunque podían haber conseguido financiación. Sin embargo, poco después, el Gobierno emite un decreto que lo cambia todo. Ese decreto fija un cupo, no un concurso, por el que las empresas pueden presentar sus proyectos y se les asigna una potencia con un precio garantizado de la energía, bastante favorable... hasta que se llegue al cupo.

El decreto del Gobierno era muy favorable a las grandes empresas. Lo resumen con un símil futbolístico: “Como el equipo pequeño iba ganando el partido en el descanso, cambiaron las reglas a mitad del encuentro”

En la práctica, ese decreto entierra el concurso porque las condiciones son mejores que las anteriores ya que no hay que dar el 9 por ciento a ninguna institución y porque el Gobierno permite que sea válida toda la tramitación que han estado haciendo las empresas que ganaron el concurso en la primera adjudicación. Así que, en la carrera por lograr entrar dentro del cupo, ellos parten con desventaja. “Al sacar ese decreto el parque se queda sin valor”, reconocen.

Por si esto fuera poco, había condiciones económicas difíciles de cumplir, por las que muchos acaban desistiendo. El decreto, en definitiva, era muy favorable a las grandes empresas. Lo resumen con un símil futbolístico: “Como el equipo pequeño iba ganando el partido en el descanso, cambiaron las reglas a mitad del encuentro”.

De aquel concurso, la única que está desarrollando la potencia asignada es Inalsa. Ya ha montado un parque y tiene previstos dos más. Tiene financiación de los fondos del Gobierno canario Fdcan y el 9% se lo entrega a su propietario, que es el Consorcio Insular del Agua. Alas Capital no va a desarrollarlo porque la declaración de impacto ambiental para su proyecto, cerca del Risco de Famara, fue negativa. ¿Y Vivir del aire?

“Ahora la financiación es casi imposible”, señalan. Y si eso se suma a que el concurso no les garantiza una ventaja, la posibilidad de desarrollar un parque es casi nula. “Nos metimos en este mundillo porque nos gustaba -dicen-, lo hemos pasado bien y hemos aprendido un montón”. Eso sí, recurrieron en los tribunales el decreto del Gobierno de 2015. Aún no hay sentencia, pero si es favorable los parques que se hayan acogido a ese decreto no podrán tener autorización administrativa.