En la declaración de bienes y actividades de Pedro San Ginés, presentada como el resto de los consejeros del Cabildo de Lanzarote cuando tomó posesión de su cargo en junio de 2019, no aparece la vivienda donde reside y que aseguró que había comprado, tal y como manifestó en la rueda de prensa que ofreció un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) registrara esa misma vivienda en el marco de una operación judicial que aún permanece en secreto de sumario.

Fue el propio San Ginés el que reveló que la UCO le investiga por el alquiler o la adquisición de esa vivienda, en una urbanización frente al Castillo de San José, que figura como propiedad de la sociedad Adelfas 24, vinculada a la familia del exsecretario de Arrecife y abogado, Felipe Fernández Camero, que a su vez es el suegro del abogado Ignacio Calatayud, amigo personal de San Ginés y por cuya contratación en el proceso concursal de la empresa pública Inalsa se inició esta investigación judicial.

San Ginés aseguró que el “escaso patrimonio” que tiene es “legítimo” y de “procedencia legal”, incluida esa vivienda, y que está absolutamente tranquilo ante esta investigación. En esa rueda de prensa, San Ginés no quiso contestar en qué año la adquirió, pero sí aseguró que comenzó a vivir en ella en 2007 en régimen de alquiler con opción a compra, primero a nombre de la que era su pareja y después a su nombre desde 2011.

En el Registro de la Propiedad de Arrecife, el titular de la vivienda sigue siendo la mercantil Adelfas 24, la sociedad relacionada con Fernández Camero, que es titular de ese inmueble desde octubre de 2002 y que tiene como carga una hipoteca del Banco Santander que venció en septiembre de 2018 por una cantidad principal de 164.000 euros.

El Juzgado de Instrucción número dos de Arrecife ordenó el pasado 28 de marzo al Registro de la Propiedad, en el marco de la investigación a San Ginés (las diligencias previas 1944/2021), que llevara a cabo una anotación sobre esa finca.

El mandamiento del Juzgado, del que es titular el magistrado Jerónimo Alonso, dispone la prohibición de disponer de la vivienda, es decir, de su compraventa y de posibles anotaciones registrales a partir de ahora.

En su declaración de bienes, el expresidente del Cabildo solo aparece como propietario al cien por cien de un bien inmueble, de naturaleza rústica, ubicado en el municipio de San Bartolomé y adquirido en 1997. Además de varios vehículos y dinero en dos cuentas corrientes, San Ginés declara que es titular de un crédito hipotecario también del Banco Santander por importe de 273.000 euros, del que cuando presentó la citada relación de bienes le quedaban pendientes de abonar algo más de 200.000.

El juez bloqueó la libre disposición de la casa desde que se conoció la investigación

Diario de Lanzarote se ha puesto en contacto con Pedro San Ginés para que aclare algunas de estas cuestiones, como el motivo por el que no declaró esa vivienda o por qué no aparece él como titular, así como cuándo compró la casa y formalizó la hipoteca y si la hipoteca que aparece en su declaración, del Banco Santander por 270.000 euros, corresponde a esta vivienda o a otro inmueble. El actual consejero de CC en la oposición alegó que tenía que consultarlo con su abogado y, al cierre de esta edición, no había contestado.

El alquiler con opción a compra está conformado por dos clases de contratos: el de arrendamiento y el de la opción de compra. En el momento de la firma hay que fijar el precio de compraventa, mientras que el plazo para adquirir la vivienda no puede ser superior al plazo de vigencia del contrato de alquiler que fija la Ley de Arrendamientos Urbanos, que actualmente es de cinco años. En este caso, de no haberse materializado la compra y, siguiendo la cronología expuesta por el propio San Ginés, se habría rebasado ese plazo legal sin hacer efectiva la compra.

Investigación

El Juzgado investiga a San Ginés en el marco de una operación que se inició tras una denuncia en Fiscalía de Podemos en junio de 2021, que derivó en una causa por presuntas irregularidades en el cobro de alrededor de un millón de euros por parte del abogado Ignacio Calatayud, del Consorcio del Agua y de su empresa pública Inalsa.

Este abogado habría percibido de forma directa las costas de procedimientos judiciales relacionados con el concurso de acreedores de Inalsa, que depende del Consorcio. En el informe encargado por el Consorcio, que fue entregado por Podemos en la Fiscalía, se hacía hincapié en que Calatayud, bajo la presidencia de San Ginés, supuestamente cobró estas costas sin que constara “autorización expresa”, cuando le correspondía haberlo hecho a Inalsa o al Consorcio.

La denuncia reflejaba que Calatayud y el procurador contratado “suscribieron y presentaron” ante el Juzgado “en nombre y representación” de las entidades públicas “acuerdos transaccionales” para “el cobro directo de dichas cantidades”.

Unos acuerdos, añade el informe, que fueron presuntamente ocultados. Se apuntaba a la presunta comisión de “apropiación indebida y deslealtad profesional” en el caso del asesor jurídico y también que pudo cometerse “prevaricación administrativa y tráfico de influencias” si los hechos “fueron consentidos” por los responsables del Consorcio del Agua y de su empresa pública.