El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife ha impuesto fianzas que ascienden a unos tres millones de euros en el caso de los Centros Turísticos, en el que se investigan diversas contrataciones en la etapa como consejero de Carlos Espino (PSOE), entre los años 2007 y 2009.

Precisamente, Espino soporta la fianza más elevada: 1,5 millones de euros. En el auto, dictado el miércoles de esta semana por el juez Rafael Lis, se le concede un plazo de 10 días para que preste fianza por el citado importe, con el apercibimiento de que, en caso contrario, “se decretará el embargo de sus bienes”.

Contra la resolución del juez que instruye el caso cabe recurrir ante el propio Juzgado o apelar a la Audiencia Provincial de Las Palmas. La solicitud de abrir una pieza de responsabilidad parte de la Asociación Jiménez de Asúa, personada como acción popular, y se formuló en diciembre de 2016.

El juez señala que en la causa, que se originó por una querella presentada por Ástrid Pérez (PP) como consejera delegada de los Centros, “de los hechos investigados y de las diligencias hasta ahora practicadas”, se desprende que “existen poderosos elementos indiciarios de la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y fraude” y avanza que se abrirá la fase de procedimiento abreviado cuando culmine la instrucción.

La parte más abultada de las fianzas, más de 2,7 millones de euros, está relacionada con la investigación de la adquisición y montaje de la cocina de Jameos del Agua, que fue contratada por los Centros dirigidos Espino en diciembre de 2007 a la empresa Climafrical, de Antonio González, así como otras contrataciones al mismo empresario.

El juez destaca que el administrador de Climafrical era “afiliado del PSOE y en su día miembro de la Ejecutiva Insular” del partido. Se le contrató el suministro y montaje de la cocina por 224.450 euros y, según el juez, no se siguió el procedimiento de contratación establecido para ese importe, se contrató “sin que fuera la oferta más barata” y terminaron abonando 377.552 euros.

También refleja en el auto que la misma empresa realizó suministros y obras en Montañas del Fuego por 158.978 euros, y otros 150.284 euros en el Monumento al Campesino, “sin licitación ni contratación alguna”. El director financiero de los Centros, Francisco Ortega, señala en un informe que entre 2007 y 2009, la empresa Climafrical facturó al ente público 733.873 euros “sin que conste ningún procedimiento de licitación”.

Además, el juez considera “de especial relevancia” para adoptar la medida de imponer fianza un dictamen pericial que aprecia “desviaciones en los precios por encima del valor de mercado en los suministros realizados, o suministros sin realizar” por Climafrical por importe de 138.623 euros.

En el auto, el juez también señala que otras dos empresas de Antonio González (Instalaciones Castillo de Berrugo e Instalaciones y Promociones Govi) facturaron “importantes cantidades” a los Centros, en concreto más de 37.600 euros, “sin constancia de contrato, sin concurso, y sin licitación previa”, además de hacerlo según el citado dictamen “con precios por encima de mercado o suministros sin realizar”.

Se da un plazo de 10 días para prestar las fianzas con el apercibimiento de que en caso contrario se procederá al “embargo” de bienes, aunque cabe recurso ante el propio Juzgado y ante la Audiencia

El juez sostiene que existen “claros indicios de que se troceó la facturación desde las distintas empresas con el fin de eludir los procedimientos de contratación”, añade que “se han podido cometer delitos de prevaricación, malversación y fraude” y resume en algo más de un millón de euros las cantidades facturadas por las citadas empresas que están siendo investigadas.

En su resolución, el juez Lis decide que tanto Espino como el empresario presten fianza por el importe facturado por Climafrical y las otras dos sociedades a los Centros Turísticos, incrementada en un tercio, lo que eleva la cantidad a más de 1,3 millones de euros cada uno.

En el caso de Espino, el importe definitivo de la fianza aumenta a más de 1,5 millones de euros al tener en cuenta otras contrataciones que también están siendo investigadas en la causa: la elaboración de una página web para los Centros por 50.000 euros, el estudio para un centro de documentación del ente público por 38.021 euros y tres contratos de asesoramiento por 35.529 euros.

Sobre la contratación de la página web a una compañía del empresario Enrique Gutiérrez, el juez señala que el director financiero de los Centros declaró que se trataba de “un servicio con el que ya contaba” el ente público y que el precio “no le parecía adecuado”. También considera que no se habría respetado la “obligatoriedad de cumplir con las normas de contratación”.

En cuanto a tres contratos de asesoramiento y al estudio para un centro de documentación de los Centros, adjudicados a Mario Alberto Perdomo y a la empresa V&A, el juez Lis afirma que Perdomo “ha sido o es un periodista de dilatada trayectoria profesional en la prensa de estas islas, de sólida y elevada formación intelectual, afín a posicionamientos del Partido Socialista, y de brillante y afilada pluma”.

También añade que “al margen de otros cometidos, firmaba artículos de opinión en el periódico Canarias 7 y Diario de Lanzarote”. “Una lectura de [los] artículos de opinión pone de manifiesto las loas que realizaba del secretario general del Partido Socialista de Lanzarote y consejero delegado de los CACTS, Carlos Espino Angulo, e, igualmente, de las afiladas críticas que realizaba de los ‘enemigos políticos’ de aquel”.