Uno de los inmuebles que forma parte del nuevo Catálogo de Patrimonio de Arrecife puede terminar en el piso antes de que se apruebe el documento. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Las Palmas ha dictado sentencia declarando la obtención de licencia de derribo para dos edificaciones de la calle Luis Morote por el silencio del Ayuntamiento.

La empresa Hormigones y Construcciones Arrecife solicitó licencia de demolición para los inmuebles ubicados en los números 12 y 14 de la calle Luis Morote de la capital. La petición se formalizó el 8 de agosto de 2022.

Pese a que la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias establece un plazo de tres meses para resolver, el Ayuntamiento de Arrecife, presidido entonces por Ástrid Pérez, actual presidenta del Parlamento de Canarias, nunca contestó al promotor, que acudió a los tribunales alegando que en este caso operaba un silencio administrativo positivo.

En el procedimiento judicial, los servicios jurídicos del Ayuntamiento defendieron que el silencio debía ser negativo porque el inmueble se encontraba en un “procedimiento tendente a su catalogación”.

Sin embargo, en la sentencia se alude a que el Consistorio aportó documentación de la elaboración del catálogo anterior, que se empezó a tramitar en 2005, se aprobó en 2008 y que fue anulado por sentencia firme en 2014.

El Juzgado también critica que el Consistorio no emitió “ningún informe técnico ni jurídico que explicite las razones por las que el proyecto presentado” por la empresa “no se ajusta a las disposiciones urbanísticas de aplicación”.

Defensa deficiente

“En la contestación de la demanda, como único fundamento para que no opere la concesión de la licencia por silencio administrativo, se esgrime por la Corporación local” que “al momento de solicitar la licencia para la demolición del edificio existía un procedimiento tendente a la catalogación del mismo”, señala el Juzgado.

El Juzgado cuestiona que el Ayuntamiento aportó “una serie de fichas”, presentadas “sin mayor referencia o precisión”

Aunque el Ayuntamiento hizo referencia a la tramitación del nuevo Catálogo de Patrimonio que se inició en 2023 y concluyó que la empresa “nunca pudo haber obtenido la licencia solicitada”, el Juzgado recalcó que el Consistorio no aportó el expediente administrativo en el que sostenía su “oposición” al recurso de la constructora.

Así, el Ayuntamiento aportó “una serie de fichas respecto de las cuales se desconoce a qué procedimiento o instrumento pertenecen”, presentadas “sin mayor referencia o precisión”. “En definitiva”, concluye la sentencia, “no se prueba por la Corporación municipal la existencia del instrumento en que pretende justificar que no procedía la concesión de la licencia por silencio positivo”.

Arquitectura popular

Cabe destacar que, en concreto, el edificio del número 12 de la calle Luis Morote es uno de los inmuebles de esa céntrica vía de la ciudad que se incorporan al inventario de 220 bienes arquitectónicos a proteger en el nuevo Catálogo, junto con el antiguo edificio que albergó durante más de tres décadas el local de ocio nocturno Callejón Liso.

En el citado inventario se destaca su estilo de arquitectura popular y se plantea un grado de protección ambiental. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento anunció este pasado mes de diciembre que ya tenía en su poder el documento del nuevo Catálogo tras haber superado la evaluación ambiental estratégica y que el siguiente paso era una aprobación inicial en pleno, que no tiene fecha. Con la aprobación inicial, lo habitual es la suspensión de licencias de derribo.

Inventario del nuevo Catálogo de Patrimonio de Arrecife.

Antecedentes

La sentencia que afecta al número 12 de la calle Luis Morote fue dictada este pasado 17 de noviembre y otorgaba al Ayuntamiento un plazo para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La resolución cita otra sentencia similar, con las mismas partes, en la que se concedió licencia también por silencio del Ayuntamiento para intervenir en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en La Plazuela.

En el caso del edificio de La Plazuela, el Ayuntamiento hizo lo mismo: en 2021, también con Ástrid Pérez en la alcaldía, recibió la solicitud de licencia de la constructora, no contestó y el asunto terminó en los Juzgados. Además, cuando se emitió la sentencia, ya en 2025, el Consistorio no recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia.