De las 645 plazas públicas sociosanitarias que hay en Lanzarote, sumando las que corresponden a centros de día y a residencias, la mayor parte están destinadas a los mayores, a los que se dedican 155 plazas de día y 201 en residencia.

Los centros de atención diurna ofrecen atención integral a personas mayores que carecen de autonomía personal pero que mantienen un medio socio-familiar de apoyo, y así permanecer en su entorno el mayor tiempo posible.

En la Isla hay cinco residencias con plazas públicas, aunque algunas de ellas se gestionan por empresas privadas a través de un concurso. Hay residencias en Tías, Tinajo, Haría, Las Cabreras y el Hospital Insular, en este caso, de alto requerimiento, además de las plazas que hay en La Graciosa. Tres de estas residencias son para mayores con deterioro cognitivo.

Por otra parte, la gestión del Insular se ha traspasado al Gobierno de Canarias y para sustituir estas plazas está prevista la construcción de una nueva instalación en Tahíche para 180 plazas, de las que 130 serían de residencia, con lo que se crearían 80 nuevas, ya que se eliminarán las 50 del Hospital Insular.

En una reunión reciente, la nueva consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, reconoció las “dificultades” a las que se han enfrentado los cabildos para la ejecución del II Plan de infraestructuras sociosanitarias.

Santana expresó la voluntad política de la comunidad autónoma por “flexibilizar” las condiciones y resolver los posibles obstáculos que hayan podido surgir en su desarrollo y apuntó la posibilidad de “la firma de una nueva adenda que permita flexibilizar las intervenciones en cada Isla”.

El nuevo centro, en todo caso, tiene un presupuesto de más de 17 millones de euros, en una parcela de 16.500 metros cuadrados, De ese dinero, el Gobierno de Canarias aporta diez millones, y se hará una concesión a una empresa privada por 28 años para su gestión.

En la Isla también hay dos residencias privadas, que suman unas sesenta plazas entre ambas, y dos más en Las Cabreras que funcionan como privadas y son de estancia limitada para circunstancias excepcionales.

Había otra residencia más, que nació con el nombre de Sol de Otoño, cerró tas un escándalo televisivo por las condiciones en que estaban los ancianos, volvió a abrir con el nombre de Brisas del Atardecer y acabó denominándose Virgen de los Volcanes. Estaba en el municipio de Tías y tuvo que cerrar después del requerimiento de Fiscalía porque la casa no cumplía las condiciones para ser una residencia, y después de garantizar que todos los residentes tenían otro lugar al que acudir, ya fuera la casa de un familiar u otra residencia.

El concejal de Bienestar Social de Tías, Nicolás Saavedra, señala que sigue habiendo esa demanda de plazas, pero apunta a que “la gente que tiene dinero no tiene problema, pero el que tiene pensiones bajas tiene más dificultades”.

Frente a esta oferta, la lista de espera en la Isla para una plaza en una residencia para mayores, aunque ha bajado, es de 121 personas. Esa lista, que confecciona el Gobierno de Canarias, la gestiona el Servicio de Dependencia, que también incorpora todos aquellos casos de urgencia social que sean derivados por los servicios sociales públicos de la Isla, mediante procedimientos extraordinarios. Las evaluaciones de la Ley de dependencia se eternizan y hasta ahora han tardado de media unos tres años desde que se solicita la evaluación hasta que se conceden las ayudas.

Hay otras listas de espera. Para el Centro de estancia diurna para mayores es de 142 personas, para el de Centro de estancia diurna para personas con discapacidad intelectual es de 29 personas y para residencia para este tipo de personas es de 28.

El consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, dice que una de sus preocupaciones es paliar este problema y apunta a la construcción de la nueva residencia. Señala que el servicio de atención a domicilio también está muy demandado y que existe el compromiso de potenciarlo y aspirar a la insularización, siempre y cuando quieran los ayuntamientos. Dice que no es lo mismo “tener siete contratos que uno”.

Apunta que, de todas formas, la residencia es la segunda de las soluciones porque “los mayores quieren estar en su domicilio como prioridad”. En muchos casos, las familias contratan a una persona para que permanezca en el domicilio pero, en otros, las circunstancias no lo permiten.

Señala Bergaz que los objetivos principales en el área que acaba de asumir son tres: estabilidad política, porque ha habido cinco consejeros diferentes en cuatro años, pasar de una “visión parternalista a una visión optimista”, porque según el consejero, el Cabildo tiene una red de protección muy destacada, con el Centro de ayuda al drogodependiente, centros de menores, servicio de atención a la violencia de género, residencias o centro de salud mental.

“Hay muchas infraestructuras y buenos servicios -destaca Bergaz- y hay que estar orgullosos de lo que hay y dejar de tener esa sensación de que aquí solo vienen los pobres o que la red es insuficiente”.

El tercer punto es “un ambicioso plan de inversiones”, que incluye también un nuevo centro de día en La Graciosa que pasará de cinco a diez plazas, una nueva sede del centro de atención al drogodependiente, un nuevo centro de menores y un punto de encuentro familiar.

Más atención personalizada

En la Isla solo hay dos residencias privadas. Señala Miguel de Miguel, de la empresa especializa en atención social El Drago, que se ha intentado, pero que no es fácil. Dice que “tampoco hay tanta demanda como se manifiesta” y cuestiona si hacen falta tantas plazas en residencia, aunque asegura que “las que se hagan se llenarán”, pero que hay otras alternativas.

Miguel ha propuesto a las administraciones que se podría resolver la situación reforzando aún más la atención a domicilio y que los ayuntamientos y el Cabildo, en lugar de sacar a concurso el servicio, hagan como el Gobierno de Canarias y asigne una cantidad por cada usuario y que después las familias contraten a las empresas que quieran.

Señala que en Arrecife se va a sacar un concurso que puede dejar un margen de beneficio para la empresa de unos 50.000 euros. “Sería más barato para la administración y sería mejor para el usuario”, porque además se pueden ampliar las prestaciones que dan las empresas que ganan el concurso, como domingos o festivos.

Considera que si no se insulariza el servicio, que se acabaría llevando una gran empresa, se puede diversificar el trabajo, se mejora la atención y se genera más empleo. “Se cubren esas necesidades sociales y en muchos casos no es necesario enviar a los mayores a un centro”. Se trata de adaptarse a las necesidades reales, no que el usuario se adapte a las necesidades del servicio que se adjudique.