El Consejo Consultivo de Canarias recomendó depurar las "posibles responsabilidades administrativas o penales" en las que incurrió la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, al firmar sin competencias unos productos financieros 'tóxicos', denominados 'Swap', por importe de 30 millones de euros que generaron daños a las arcas municipales.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha avalado la decisión que tomó el pleno del Ayuntamiento en 2013, al anular esos contratos de permuta financiera, por considerar que fueron suscritos sin publicidad ni respeto a los trámites legales por la alcaldesa con el Banco Santander.

El paso dado por el Ayuntamiento de Arrecife para intentar librarse del lastre financiero que representaban esos contratos para sus cuentas recibió el apoyo expreso del Consejo Consultivo de Canarias, que emitió un dictamen en los que defendía que se trataba de operaciones "nulas de pleno derecho".

En ese dictamen, el Consejo fue muy crítico con la gestión de Déniz en esas operaciones financieras, porque consideraba que el cúmulo de irregularidades que cometió no puede deberse "a una simple ignorancia o negligencia". No se trató de "un error", subrayaba este organismo, sino de una "conducta temeraria o dolosa".

El Consultivo remarcaba que esos productos de alto riesgo fueron firmados "sin tener en cuenta lo más mínimo el interés público", sin pedir informes técnicos y contraviniendo "la más elemental regla de buena administración que la alcaldesa y concejal no podían ignorar, pues conocían por su firma en otros expedientes administrativos que iba precedida de los informes preceptivos exigidos legalmente".

Este organismo asesor de la comunidad autónoma entendió que se infringieron varios preceptos de las leyes de contratación, pues no se pidió "informe ni de las necesidades a cubrir ni de la selección de la oferta más ventajosa", la operación se llevó a cabo "sin publicidad alguna, con falta de transparencia y postergación de otros posibles licitadores" y demostrando "el desprecio más absoluto a las más elementales reglas de equilibrio presupuestario".

"Tan grave ignorancia o negligencia debe tener consecuencias jurídicas", decía el Consejo Consultivo en su dictamen, "no basta con un reproche moral para conducta tan absolutamente despreciativa de los más elementales principios y reglas por los que se rige la cosa pública".

Por ello, proponía se abriera un procedimiento "en el que se depuren las posibles responsabilidades, administrativas o penales, de quienes han actuado o permitido que se haya contratado de forma tan lesiva para los intereses públicos".

"Ni la alcaldesa ni el concejal pueden alegar error en los trámites a seguir con ocasión de la contratación pública. No es posible que un contrato de 30 millones de euros haya sido adjudicado con menos garantías que un contrato menor", abundaba.