La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ultima sacar a concurso la construcción de un centro de educación infantil y primaria y dos institutos de secundaria en Lanzarote. Será la primera vez que la edificación de los centros educativos no se financie con recursos públicos sino que serán empresas privadas las que lleven a cabo –si no queda desierta la licitación- las obras. El consejero de Educación, José Miguel Pérez, justificó la decisión ante “el paupérrimo marco financiero que nos ha dejado el Gobierno central”.

La fórmula es la siguiente: la empresa privada construye los centros educativos y durante 27 años se ocupa de los servicios de comedor, cafetería, limpieza y conserjería a cambio de un canon para recuperar la inversión y sacar rentabilidad. Para los tres centros que se necesita construir en Lanzarote se precisan 16,7 millones de euros.

Con esta vía, la Consejería de Educación aspira a que la iniciativa privada adelante 6,3 millones para un instituto en la Vía Medular de Arrecife, la misma cantidad para el nuevo instituto de Haría y 3,6 millones para el colegio de El Quintero, en San Bartolomé.

La empresa que construya cada centro también tendrá que comprometerse a renovar cada 10 años el 40 por ciento del mobiliario y un tercio del equipamiento. Cada cinco años tendrá que hacerse cargo de la renovación de la obra civil y de las instalaciones. La Consejería pretende que los centros de hasta 10 aulas se levanten en un año y que los de entre 22 y 33 aulas estén listos en año y medio.

José Miguel Pérez aseguró que “antes del verano” saldrán a concurso los proyectos. Los tres centros educativos de Lanzarote forman parte de un paquete de 15 en todo el Archipiélago. Pérez se refirió también al arrecifeño colegio de La Destila, que sí ejecutará directamente el Gobierno “con fondos propios”. Eso sí, en el presupuesto de este año apenas se asignaron 375.000 euros, cantidad insuficiente.

Fuentes del sector de la construcción señalan que la patronal ha reclamado al consejero de Educación que las concesiones “no se hagan por lotes” que incluyan a varios proyectos sino que cada centro salga a concurso de forma individual.

El objetivo que persiguen es “intentar diversificar y que no sean sólo las grandes empresas, nacionales básicamente, las que puedan optar” a quedarse con la construcción y explotación de los nuevos centros educativos.