El cabo primero José Pérez, del acuartelamiento de la Guardia Civil de Costa Teguise lleva seis días durmiendo en su vehículo en el aparcamiento del cuartel tras acatar una resolución del General Jefe de Zona de Canarias que le obliga a abandonar el pabellón (vivienda) en el que reside desde hace diez años.

La resolución, del mes de junio, daba un mes de plazo al cabo para abandonar la vivienda por el impago de los gastos de comunidad, que ascienden a unos 250 euros. Según el abogado del cabo , Sergio Acosta, no se ha querido evitar esta situación que es completamente “anómala” e incluso se le ha denegado por escrito una audiencia que había solicitado con el General.

El cabo ha interpuesto un recurso de alzada porque considera que es la comunidad de vecinos la que puede exigirle el pago de deuda y que se debe reclamar por la vía civil, no a través de sus superiores.

Este agente vive con su mujer y un hijo de seis meses de edad, que no han abandonado la vivienda ya que no son militares y no están obligados a hacerlo, mientras que el cabo ha tenido que obedecer la orden impuesta por sus superiores para no incurrir en una falta por desobediencia.

El abogado señala que es costumbre que los gastos de la comunidad, aunque se deban pagar mensualmente, se acumulen y se pague una vez al año. Asegura que la contabilidad refleja que hay más agentes que deben dinero y a los que no se les ha exigido.

Por este motivo, sospecha que puede haber otra motivación espuria para esta resolución, aunque al cabo no se la ha abierto ningún expediente. El cabo ha solicitado a través del Diputado del Común auxilio al Defensor del Pueblo.

Acosta considera que es una medida discrecional y arbitraria y que al General le falta información. “Es absurdo poner a una familia en la calle por esta deuda, que además ya está saldada y con un veinte por ciento de recargo, un recargo que no paga nadie más de os que se retrasan”, asegura.