La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por Maite Corujo, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de todos los centros educativos del municipio e Inspección Educativa para coordinar la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia infantil, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

El encuentro, celebrado este jueves en el archivo municipal de Arrecife, contó también con la presencia de la concejala de Educación del Consistorio capitalino, Abigail González, y la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, Ascensión Toledo, quienes destacaron la necesidad de mantener una colaboración activa y permanente entre administraciones y centros educativos para garantizar una protección efectiva de la infancia.

Durante la reunión se abordaron los principios y obligaciones derivados de la LOPIVI, que establece el deber inmediato de comunicación ante cualquier indicio de maltrato o situación de riesgo para menores. Según la normativa, los centros educativos están obligados no solo a detectar y notificar cualquier indicio de violencia, sino también a adoptar medidas de protección urgentes y colaborar de forma activa con los servicios sociales, cuerpos de seguridad y fiscalía.

"La infancia no puede esperar. Nuestra prioridad es garantizar entornos seguros para todos los niños y niñas de Arrecife. Para ello, no basta con tener protocolos: hay que activarlos, formarse y coordinarnos sin fisuras", afirmó Maite Corujo

Corujo subrayó además la importancia de la formación específica del personal docente y no docente en la detección temprana de signos de violencia, así como en el manejo adecuado de estas situaciones conforme a los protocolos establecidos. "Queremos que en cada centro exista una cultura de tolerancia cero a la violencia, y para eso es vital que todas las personas implicadas estén formadas, informadas y coordinadas", añadió.

La concejala subrayó que, según esta ley, se entiende por violencia no solo el maltrato físico o psicológico, sino también la negligencia, el acoso escolar o digital, la violencia de género, el abuso sexual, la explotación o cualquier forma de trato que atente contra el desarrollo y bienestar del menor. "Es fundamental que todos los actores educativos comprendan el alcance real de lo que significa violencia infantil hoy en día", añadió.

Uno de los aspectos abordados fue la necesidad de que todos los centros cuenten con un Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección, figura clave para garantizar el cumplimiento del protocolo, canalizar la intervención con servicios sociales y fuerzas de seguridad, e informar al personal educativo.

Asimismo, se hizo hincapié en el deber de información activa hacia el alumnado, asegurando que los menores conozcan, desde el inicio del curso, los procedimientos para pedir ayuda y los canales de denuncia accesibles, incluidos teléfonos de ayuda y sistemas digitales.

"La ley establece que el interés superior del niño debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Es una responsabilidad institucional, profesional y ética", concluyó Corujo.