La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Arrecife, que dirige Maite Corujo, ha sacado a licitación el servicio de cerrajería para la protección de mujeres víctimas de violencia de género, un recurso especializado que el Consistorio impulsa desde 2021.

La nueva contratación se produce en un contexto marcado por los datos sobre violencia de género. Según cifras oficiales, en España se han registrado 1.343 mujeres asesinadas desde 2003 hasta finales de 2025, de las cuales 83 corresponden a Canarias. En 2025 fueron asesinadas 48 mujeres en el país, y se registraron 204.342 denuncias, 11.451 de ellas en Canarias, con más de 83.000 casos activos en el sistema VioGen.

En el ámbito autonómico, entre abril y junio de 2025 se contabilizaron 156 denuncias en Fuerteventura, 1.360 en Gran Canaria, 180 en Lanzarote, 6 en El Hierro, 16 en La Gomera, 60 en La Palma y 1.357 en Tenerife. En Arrecife, los juzgados del partido judicial registraron 673 delitos por violencia sobre la mujer durante 2025.

El servicio de cerrajería municipal tiene como objetivo garantizar la seguridad inmediata en los domicilios de las víctimas, evitando accesos no autorizados.

La concejala Maite Corujo ha señalado que “este servicio no es solo una actuación técnica, es una herramienta de seguridad y dignidad para quienes necesitan rehacer su vida en un entorno seguro”.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 8.014,30 euros y un valor estimado de 14.980 euros. Tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 18 de mayo de 2026 a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El procedimiento se tramita mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con criterios de adjudicación basados en el precio (80 por ciento) y mejoras en los sistemas de seguridad (20 por ciento).

El protocolo establece que, una vez recibida la solicitud en la Policía Local, será este cuerpo el encargado de activar el servicio con la empresa adjudicataria, que deberá intervenir en un plazo máximo de 24 horas para proceder al cambio de cerraduras.

Corujo ha añadido que “este contrato garantiza que ninguna mujer con una orden de protección en vigor se sienta desamparada en su propio hogar”.